El megafraude constituyente y el balbuceo de los aliados

El megafraude constituyente ha servido, en primer lugar, para que los demócratas venezolanos dispongamos de una prueba fehaciente de que no estamos solos, y que la vigilancia de lo que ocurre en nuestro país, es permanente y activa.

Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, y Mike Pence, el vicepresidente de ese país, emitieron declaraciones de rechazo. Luis Almagro, secretario general de la OEA, no titubeó para denunciar el fraude electoral cometido.

Los 28 países que integran la Unión Europea, en una declaración que es un hito con respecto al largo historial de deterioro de las condiciones democráticas de Venezuela, ha declarado que no reconoce la constituyente. El Reino Unido ha emitido una posición que expresa también un tajante rechazo.

Firmeza. En América Latina, la conducta de numerosos gobiernos ha sido semejante. Nuestro vecino Colombia, país donde se sigue al minuto lo que ocurre en Venezuela, y cuyo gobierno ha dado inequívocas demostraciones de solidaridad hacia los refugiados venezolanos en la frontera, no reconoce la constituyente. Tampoco Chile, que ya ha dado pasos para actuar en la defensa de los derechos humanos en nuestro país, y en cuya embajada se han asilado varios perseguidos por la narcodictadura. Ni Perú, cuyas demostraciones de solidaridad con los ciudadanos perseguidos han sido recurrentes y generosas. Canadá se ha pronunciado en contra del robo de “los derechos democráticos fundamentales”.

Semejante reacción de rechazo se ha producido en Brasil, Guatemala, Argentina, Paraguay, Panamá, México y Costa Rica. El que Suiza, país que tiene como fundamento de su política exterior, el de la absoluta neutralidad, se haya pronunciado en contra, es un hecho excepcional que se inscribe en la historia de ese país. Por último, antes de cerrar este listado, al que habría que agregar decenas de oenegés dedicadas a la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales, debo mencionar al gobierno de España, cuyas declaraciones del pasado 2 de agosto, vislumbran que están en camino medidas en contra de los funcionarios comprometidos con el megafraude.

Aliados. ¿Y qué dicen los aliados del gobierno autor del megafraude? Podría clasificárseles en tres categorías: los que hacen oportuno y llamativo silencio, como el gobierno de Cuba; los que critican la constituyente, pero intentan –solo eso, intentan– defender a los autores del megafraude; y, los más curiosos, los hablan sin que quede claro lo que se proponen decir.

Por ejemplo, Ernesto Samper ha dicho: “La constituyente es un peligroso salto al vacío que profundiza la polarización del país sin resolver los graves problemas sociales que los afectan”, el tiempo que se pronuncia en contra de las sanciones. La declaración de Rusia es, por encima de todo, una especie de cauto enigma: pide calma (¿al gobierno?) y que “todo se desarrolle en el estricto marco de la ley” (¿acaso esto es un reconocimiento velado de que los autores del megafraude se han saltado la Constitución vigente?).

Bolivia, cuyo presidente está consagrado a la promoción de un museo dedicado a sí mismo, ha exigido respeto a la soberanía de Venezuela, asunto que no está en debate, y añade una frase sacada de su almacén de cosas inútiles: “Venezuela es la punta de lanza en contra del imperio”. Nicaragua también ha apelado al uso de frases huecas, que parecen más un pésame que una celebración: “Nos unimos a la hidalguía del pueblo venezolano, que ha dicho patria, libertad y vida, eligiendo condiciones propicias para seguir trabajando con visión de futuro”.

¿Y Cristina Fernández? ¿Y Lula? ¿Y Rafael Correa? ¿Y Dilma Rousseff? No han podido declarar. Están todos muy ocupados. Viven reunidos con sus respectivos abogados.

El autor es presidente editor del diario “El Nacional” de Venezuela.