EscucharUn 30% de los trabajadores asalariados e independientes (alrededor de 600.000), de un total de alrededor de dos millones de costarricenses, no cotizan para los sistemas de pensiones y de salud.
No se trata mayoritariamente de inmigrantes, como pensarán algunos, porque a la pregunta realizada en la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC (II Trimestre 2016) ¿cuánto tiempo tiene de residir en Costa Rica?, solamente un 16% (alrededor de 90.000 trabajadores) de este grupo indicó alguno.
De estos trabajadores no cubiertos, poco más del 35% (203.000) tiene un negocio o actividad propia y algo menos de un 40% (218.000) trabaja como empleado de un patrón o institución. A este último grupo se suman casi 100.000 trabajadores que laboran en casas particulares.
El 44% de los aproximadamente 600.000 trabajadores que no cotizan para la seguridad social percibe menos de un salario mínimo (un cuarto de millón de trabajadores). Ante este problema, una respuesta simplista sería el reforzamiento de la fiscalización.
Pequeños negocios. No obstante, debe mencionarse que más del 75% de estos trabajadores (430.000) laboran para empresas de entre una y tres personas, situación que apunta a que estas actividades económicas podrían ser poco productivas.
La sola fiscalización y la consecuente represión de los infractores podría traducirse, más bien, en un efecto negativo sobre el empleo, si estas empresas o pequeños negocios no cuentan con algún tipo de apoyo.
Si bien existe una plataforma institucional, así como políticas públicas tendientes a apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través del INA, el Sistema de Banca para el Desarrollo o de fondos como el Fodemipyme, administrado por el Banco Popular, el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Propyme), administrado por el Conicit o los programas especiales de crédito de la propia banca comercial, pareciera ser que estos esfuerzos y recursos no están resultando suficientes, por sí mismos, para impulsar la productividad de estos pequeños negocios, al punto de lograr su formalización y la de sus trabajadores.
Acciones. Para todo ello, señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se requiere una reducción de los costos no salariales, simplificar algunas políticas del mercado laboral, mejorar la capacitación y la educación, fortalecer la fiscalización y adaptar los procedimientos de registro o licencias a las microempresas, todo lo cual ayudaría a impulsar el empleo formal y, con ello, la protección de estos trabajadores.
Dejando de lado los permisos y registros requeridos para la puesta en marcha de un negocio formal, así como el pago de patentes municipales e impuestos sobre la renta y las ventas, las llamadas “cargas sociales” que pesan sobre patronos y trabajadores representan un 26,33% y un 9,34% de los salarios, respectivamente.
Estas obligaciones comprenden contribuciones a la CCSS, riesgos profesionales, pensiones complementarias, el fondo de capitalización laboral y a otras instituciones como el IMAS, Asignaciones Familiares y el INA.
La OCDE ha señalado, como uno de los principales obstáculos para la formalización, las altas contribuciones.
Según dicha organización, las experiencias de otros países que han rebajado selectivamente las contribuciones de los empleadores al seguro social sugieren resultar eficaces para incrementar el empleo formal y, además, rentables si se dirigen, para el caso de Costa Rica, a sectores de alta informalidad como son los de la agricultura, la construcción y el servicio doméstico, sectores donde se concentra el 60% del empleo informal.
Esto, acompañado del financiamiento de los programas sociales o bancos públicos que actualmente resulta de los salarios, a través de otros impuestos más progresivos y de la lucha contra la evasión fiscal que en nuestro país alcanza un 8% del PIB (OECD Economic Surveys, Costa Rica, 2016).
El autor es abogado.
