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Un mar sin ley

Actualizado el 16 de julio de 2014 a las 12:00 am

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Un mar sin ley

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SANTIAGO – El imperio de la ley es casi inexistente, sin gobernanza ni vigilancia. Las actividades económicas ilegales, no reguladas ni fiscalizadas, son algo común. Los poderosos se apropian de recursos no renovables a expensas de los que carecen de poder. La degradación medioambiental va en aumento.

Puede parecer la descripción de un Estado fallido, un país sumido en la pobreza y asediado por guerras civiles o una distopia novelesca, pero no es nada de eso. La vasta región (el 45% de la superficie total de la Tierra) prácticamente sin gobernanza ni imperio de la ley es la altamar, las casi dos terceras partes de los océanos mundiales que quedan fuera de la jurisdicción de todo país.

¿Cómo es posible? Al fin y al cabo, existe la Convención las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, jurídicamente vinculante y ratificada por 166 Estados y la Unión Europea. Cuando se negoció dicha convención, la altamar estaba protegida porque era inaccesible, pero los avances tecnológicos han permitido que la explotación de recursos se extienda más lejos y a zonas más profundas que nunca. Hoy, los barcos pesqueros pueden faenar en todos los océanos y las perforaciones en altamar proporcionan gran parte de nuestro petróleo y gas. La Convención no ha ido a la par con esa evolución.

DEAN ROHRER
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DEAN ROHRER

Industrias y actividades como la pesca, el transporte marítimo y la explotación minera de los fondos marinos están reguladas por instrumentos jurídicos inconexos. No existe un marco regulatorio para las actividades industriales en altamar, como, por ejemplo, la producción de energía. La transparencia y la rendición de cuentas son escasas, como también el cumplimiento de las normas.

Más aún, la capacidad de las autoridades para interceptar a buques sospechosos de actividades ilegales es limitada. Ello dificulta la cooperación internacional para contrarrestar la pesca ilegal, el contrabando de armas y estupefacientes, la trata de personas, la piratería, y la utilización de buques para operaciones terroristas.

Las consecuencias son nefastas. Los océanos son el riñón de nuestro planeta, el órgano que lo mantiene sano y productivo, pero la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la contaminación están causando daños enormes.

Los desechos marinos causan la muerte por asfixia o inanición de aproximadamente un millón de aves marinas y unos 100.000 mamíferos marinos (focas, ballenas y delfines) todos los años. La basura marina representa un tremendo peligro para el transporte marítimo. La contaminación con plásticos –incluidos los microplásticos que entran en las cadenas alimentarias y pueden poner en peligro la salud humana– es un problema creciente.

Asimismo, el aumento de las temperaturas reduce la capacidad de los océanos para acopiar el oxígeno. La absorción cada vez mayor de dióxido de carbono causa la acidificación del océano y cambios sin precedentes en las condiciones químicas y físicas, los que, a su vez, afectan a los organismos y los ecosistemas marinos. La vida misma de los océanos está amenazada.

Ha llegado la hora de aplicar el imperio de la ley a la altamar. Ese es el propósito de la Comisión Global de los Océanos, ente internacional autónomo integrado por exjefes de Estado, ministros y dirigentes empresariales. Yo soy uno de los comisionados. La semana pasada, propusimos un plan de rescate que plantea ocho propuestas para mejorar la gobernanza y restablecer la salud de los océanos.

Para fortalecer la gobernanza de la altamar, la Comisión Global de los Océanos se suma al llamado para firmar un nuevo acuerdo, bajo el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar, a fin de proteger la biodiversidad en las zonas que quedan fuera de la jurisdicción nacional. Hoy, menos del 1% de la altamar está protegido, por lo que reviste importancia decisiva que ese nuevo acuerdo contemple disposiciones para crear zonas protegidas en la altamar.

También proponemos que se apruebe una convención internacional para establecer la responsabilidad y la compensación por las pérdidas económicas y los daños ecológicos causados por la exploración y la producción de petróleo y gas en altamar, que debe estar siempre sujeta a protocolos de seguridad jurídicamente vinculantes.

Pese al exceso de pesca, unos cuantos países –incluidos los Estados Unidos, Japón y China, además de la Unión Europea– subsidian artificialmente la pesca industrial en altamar. Sin subsidios, la pesca en altamar no sería financieramente viable. Nuestra propuesta es que se limiten inmediatamente los subsidios y se les elimine en el plazo de cinco años. Planteamos, además, transparencia total para todos los países en materia de subsidios a la pesca, casi el 60% de los cuales fomentan prácticas pesqueras no sustentables.

Asimismo, para eliminar la pesca ilegal, que priva de vida marina a nuestros océanos, proponemos que se establezcan números de identificación obligatorios y el rastreo de todos los buques que pescan en altamar, y una prohibición total de los transbordos en el mar. Si acabamos con los resquicios, cerraremos por fin nuestros puertos y mercados al pescado capturado ilegalmente. Una Junta Mundial de Rendición de Cuentas sobre los Océanos, cuya creación también proponemos, debe supervisar los avances en todos esos frentes.

Dentro de cinco años, si continúa el declive de los océanos y no se han aplicado medidas adecuadas de prevención, la comunidad internacional debe sopesar la posibilidad de convertir la altamar –con la excepción de aquellas zonas donde las medidas aplicadas por organizaciones regionales de gestión de la pesca sean eficaces– en una zona de regeneración en la que esté prohibida la pesca industrial.

Podemos poner fin a la degradación de los océanos y convertir el ciclo de declive en un ciclo de renovación. Sabemos lo que se debe hacer para restablecer la salud de los océanos, pero no podemos hacerlo solos. Para hacer realidad estos cambios, harán falta voluntad política y medidas adoptadas en conjunto por los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Podemos y debemos hacerlo.

Súmese a nuestra misión en http://missionocean.me. La hora de actuar ha llegado. A menos que construyamos una gobernanza sólida con reglas que se cumplan rigurosamente, la piratería pesquera continuará con impunidad, no habrá normas internacionales vinculantes sobre la extracción de petróleo y de gas, y seguirá proliferando la contaminación con plásticos y aparejos de pesca abandonados. Cuanto peor sea la situación vital de los océanos, peor será la vida de nuestros hijos y de las generaciones futuras.

Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, es profesor de la Práctica del Desarrollo Internacional en la Universidad de Columbia. © Project Syndicate.

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