26 julio, 2015

En relación con el debate entre el periódico La Nación y la Universidad de Costa Rica (UCR) acerca de la información sobre salarios que esta institución de enseñanza superior proporcionó a dicho diario, conviene tener claro lo siguiente.

La UCR cumplió con lo solicitado por La Nación al entregarle desagregada la planilla del mes de junio del 2015, correspondiente a 9.233 funcionarios, pero tal base de datos, al no estar organizada por ocupaciones específicas, de poco le sirvió al periódico, cuyo interés principal era identificar los salarios más altos pagados a determinadas categorías de empleados no profesionales.

Además, si la base de datos proporcionada a La Nación es la misma que se puede descargar de la página de transparencia de la UCR en formato PDF, tal información no podía ser utilizada inmediatamente por el periódico, dado que como yo mismo lo comprobé, la base debe ser revisada, reorganizada y corregida antes de ser procesada (algo que un periodista, por lo general, no sabría hacer).

La Nación, en vista de lo indicado, procedió entonces a usar la planilla de octubre del año 2014 (la misma que fue dada a conocer por el diputado Otto Guevara), pero sin hacer la debida crítica de esa fuente.

Fuentes. Utilizar la planilla de octubre sin considerar sus sesgos no fue una decisión acertada porque la UCR, por razones que no es del caso analizar aquí, hace pagos retroactivos a lo largo de todo el año, pero tal proceso se concentra, en particular, en mayo y octubre.

Por tanto, el uso de la información de esos meses, sin los debidos controles sobre los datos, puede generar distorsiones importantes, un problema que se agrava si no se considera el tiempo servido.

La planilla de junio del 2015 no está afectada por el pago de montos retroactivos, pero presenta el inconveniente de que no permite diferenciar a los administrativos interinos de los propietarios, omisión que afecta el cálculo del salario promedio, ya que las dotaciones de los primeros tienden a ser inferiores a las de los segundos. Además, en unos pocos casos, no se indicó el tiempo servido por los funcionarios o se consignó el pago de un salario incompleto.

Pese a todo lo indicado, la planilla de junio posibilita una mejor aproximación a los verdaderos salarios que paga la UCR que la de octubre.

Método. De los 9.233 funcionarios incluidos en la planilla de junio, 5.546 son académicos y 3.687 son administrativos. Para efectuar el cálculo de la manera más precisa posible, fueron excluidos quienes laboran menos de tiempo completo (3.471 personas) y los contratados por más de tiempo completo (259 individuos, todos docentes). También se eliminaron los casos que presentan datos incompletos o inconsistencias (79 funcionarios).

Efectuadas las deducciones indicadas, los datos útiles para el cálculo corresponden a 3.429 administrativos (93% del total) y a 1.995 académicos (36% del total), cuyos salarios se presentan en el cuadro que acompaña este artículo.

Los datos consignados corresponden a los salarios brutos en colones corrientes sin las deducciones de ley, las cuales suponen rebajas que van, aproximadamente, del 12% por ciento al 25% por ciento de los montos indicados.

Resultados. Al igual que en otras instituciones públicas, en la UCR el incremento salarial, como resultado del pago de pluses automáticos anuales, se da principalmente en función del tiempo servido.

También es claro que los salarios promedio de las categorías laborales no académicas están por debajo de los montos reportados por La Nación en su edición del 15 de julio del 2015, y que con excepción de los profesionales, más de la mitad de los funcionarios administrativos devengan sumas menores a los promedios referidos en el cuadro adjunto.

Ciertamente, los promedios pueden estar sesgados porque la planilla de junio no permite diferenciar lo que devengan los administrativos interinos y en propiedad. Sin embargo, aun los salarios mayores consignados en el cuadro adjunto son inferiores a algunos de los dados a conocer por el periódico en la edición indicada.

Puesto que no controló el pago de las sumas retroactivas ni consideró el tiempo servido, La Nación incorporó los sesgos de la fuente utilizada. Además, incurrió en dos graves errores: comparar salarios en el sector público y en el privado sin considerar las importantes diferencias que existen entre ambos mercados laborales, y comparar salarios mínimos y salarios promedio (esto produjo el resultado inesperado de demostrar que, para algunos trabajadores que laboran en la empresa privada, ¡el salario promedio equivale al salario mínimo!).

Correcciones. Sin duda, el pago de pluses automáticos anuales comporta una injusticia de fondo: esos incentivos son pagados tanto al que labora bien, como el que lo hace más o menos y al que casi no trabaja.

En contrapartida, ha sido la generalización de esos pluses lo que ha impedido o limitado el deterioro de los salarios reales en el sector público a inicios de la década de 1970 y, en particular, en los decenios de 1980 y 1990. Sin esos pluses, la pobreza en Costa Rica habría sido mayor, la fuga de cerebros se habría intensificado y la calidad de los servicios públicos se habría deteriorado significativamente.

Actualmente, el sistema de pluses salariales es insostenible, pero para su adecuada resolución es necesario ir más allá de la peligrosa estrategia de promover un innecesario e imprevisible enfrentamiento entre los empleados del sector público y los del sector privado, o entre los primeros y el Gobierno.

Es poco probable que esa estrategia funcione en términos de presión para la actual administración, ya que difícilmente el presidente, Luis Guillermo Solís, y el Partido Acción Ciudadana (PAC) van a asumir el costo político y social de corregir un problema cuyo agravamiento tiene su origen en las dos administraciones pasadas del Partido Liberación Nacional (PLN), y una de cuyas fuentes principales fue el incremento de los salarios de maestros y profesores.

Por último, una estrategia de ese tipo carecería de toda credibilidad y legitimidad en un país con una evasión fiscal tan elevada como la de Costa Rica, donde los empleados públicos son quienes más y mejor cumplen con el pago del impuesto sobre la renta y con las contribuciones a la seguridad social.

La mejor estrategia para resolver el problema de los pluses es dejar que cada institución pública lo resuelva individualmente, como algunas ya lo han empezado a hacer (incluida la Universidad de Costa Rica), a partir de la toma de consciencia de la insostenibilidad financiera del sistema.

Sí convendría que la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo emprendieran algunas iniciativas para resolver ciertas situaciones abusivas, como la de prohibir que todo funcionario público con dedicación exclusiva pueda laborar también en otra institución pública o en la práctica privada.

Pretender resolver el déficit fiscal actual a costa de los empleados públicos y sin una política fiscal progresiva es retornar a los sueños de los visionarios neoliberales de hace treinta años, sueños que tuvieron un enorme costo para el sistema político y originaron algunas de las protestas sociales más importantes de la historia costarricense.

Iván Molina es historiador.

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