EscucharConforme el tiempo pasa, va quedando más claro que Costa Rica jamás dio permiso a Nicaragua, y esta tampoco lo solicitó nunca para dragar el río San Juan. La invasión a isla Portillos en octubre del 2010 fue exclusivamente un acto de prepotencia, abuso y cálculo electorero del Gobierno sandinista comandado por Daniel Ortega, y de su brazo ejecutor, Edén Pastora.
Las últimas resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre este tema ayudan a clarificar esta verdad histórica y a desmantelar la falsa presunción, inventada por un político y repetida por la prensa y algunos diputados, de que el suscrito, siendo canciller de la República en aquel entonces, otorgó tal permiso (nunca solicitado). Esta falsedad cae por su propio peso, no solo porque no existe ningún permiso ni escrito ni verbal –ni podría existir porque nunca se dio–, sino también porque Nicaragua no está en obligación de pedir permiso a Costa Rica para dragar el río San Juan, que es de su propiedad, tal como lo establece el Laudo Cleveland y lo ratifican los fallos recientes de la CIJ (de julio del 2009 y de marzo del 2011).
Estos fallos de la CIJ, cuyos originales están en inglés y francés, fueron traducidos recientemente al español de manera oficial por la Cancillería costarricense, y todos los ciudadanos y la prensa pueden consultarlos tanto en la Cancillería como en la Asamblea Legislativa, a la que envié una copia. Dichosamente, ya no existe la barrera idiomática, por lo que pueden revisarlos algunos diputados que promovieron sanciones contra el suscrito porque manifestaron no entender la versión en inglés del fallo de CIJ y fueron asesorados por “expertos” que propagaron la versión equivocada de un permiso inexistente.
Deseo resaltar dos párrafos fundamentales en estas resoluciones de la CIJ. Para empezar, en la resolución del 13 de julio del 2009, relativa a la controversia sobre derechos de navegación en el río San Juan, y ante la consulta específica sobre el derecho de Nicaragua de dragar el río, la Corte de La Haya ratificó que tanto Nicaragua como Costa Rica debían regirse por lo indicado en el Laudo Cleveland, señalando lo siguiente:
“En los párrafos 4 a 6 de la tercera cláusula del Laudo se determinó que Costa Rica no está obligada a contribuir en los gastos necesarios y que Nicaragua puede ejecutar dichos trabajos de mejoramiento como considere conveniente, siempre que dichos trabajos no perturben seriamente la navegación sobre los afluentes del San Juan pertenecientes a Costa Rica” (página 29).
En otras palabras, Nicaragua puede ejecutar los trabajos de dragado del río y Costa Rica, si considera que están perturbando sus afluentes –el río Colorado–, puede solicitar paralizar dichos trabajos (más no mediante la denegación de un permiso previo). Nuestro país, sin embargo, no tuvo tiempo de presentar ningún argumento, porque, acto seguido, lo que el Gobierno sandinista hizo fue invadir isla Portillos. Este hecho no tuvo nada que ver con los acuerdos de navegación entre ambos países, tampoco con el dragado, sino que fue una decisión arbitraria, sorpresiva e inadmisible de un Gobierno y de una presidencia autoritaria.
De inmediato, lo que correspondió fue presentar una demanda internacional ante la Corte Internacional de Justicia, entre otras acciones que el país tomó. Pero inclusive, ante la solicitud de Costa Rica a La Haya de parar el dragado en el río San Juan, la respuesta de la Corte fue negativa y ratificó, esta vez en el fallo del 8 de marzo del 2011, el derecho de Nicaragua a dragar.
En este fallo (párrafo 82, página 28), la CIJ indica: “… no se puede concluir en esta etapa (sic) que el dragado del río San Juan está creando un perjuicio irreparable al ambiente de Costa Rica o al flujo del río Colorado”, y, por tanto, resuelve que la medida provisional solicitada por Costa Rica de detener el dragado “… no deberá ser señalada”. En dicha resolución, la Corte se limita a señalar medidas para el territorio en conflicto (isla Calero) y no para el río San Juan.
Es fundamental que los costarricenses revisen estos documentos, ahora disponibles en español, para que comprendan, con base documental, que la versión errada y malintencionada que fue difundida, afirmando que Costa Rica dio permiso para dragar es una gran falsedad, una mentira injusta y un error histórico que debe corregirse.
Los únicos responsables por la invasión a isla Portillos se llaman Daniel Ortega y Edén Pastora. Inclusive, en el acta de julio del 2009, la CIJ resume el contexto del conflicto de navegación del río San Juan y deja en evidencia la estrategia del general Ortega y su representante en La Haya, quienes promueven la tesis, sin fundamento alguno, de recuperar para su país Guanacaste y otras áreas históricamente ticas. Es hacia esos invasores que deben enfilarse los ataques y la defensa de Costa Rica, en vez de promover falsedades contra nuestro propio país.
Queda demostrado que ellos son los únicos y verdaderos responsables de la invasión a isla Portillos.
