EscucharPara la sociedad en general, y para el Gobierno en particular, los 365 días del año deberían trabajarse y planearse como se hace para el 9 de septiembre, precisamente porque nos debemos a nuestros niños y adolescentes, así como al respeto, reivindicación, garantía y auditoría de los derechos de las personas menores de edad, derechos que se dan y se deben garantizar todos los días, desde la concepción hasta que cumplan los 18 años.
No obstante, el último 25 de diciembre del siglo XX marcó un hito que nos señaló el ingreso al tercer milenio. Se evidencia, así, una perspectiva de niñez y adolescencia remozada que ya se había iniciado con el compromiso adquirido de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en al año 1990, cuando se emprendió el camino de la reformulación y adecuación legislativa.
Responsabilidad. Vemos progresos impresionantes en el marco jurídico como la aprobación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, reformas al Código de Familia, la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, la Ley de Violencia Doméstica, la Ley de Pensiones Alimentarias, la Ley de Protección a la Madre Adolescente, la Ley de Lactancia Materna, la regulación de bebidas alcohólicas y el fumado, la nueva Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia.
Resulta especialmente importante en esta lista, la Ley de Paternidad Responsable (única en el mundo), y la ratificación de convenios internacionales y, como término de una primera etapa, la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, hoy con 16 años de vigencia. Podemos afirmar que, en lo fundamental, se ha concluido una primera etapa de readecuación y reformulación de la normativa.
La niñez y la adolescencia son responsabilidad de todos los habitantes de Costa Rica. El Patronato Nacional de la Infancia, como organismo rector, debe retomar su papel de guía, de especialista, de ente comprometido, a cargo del universo de niñas, niños y adolescentes, con responsabilidades compartidas y asumidas por los distintos protagonistas sociales, los cuales son parte en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, y que como sociedad creyente de la paz y la democracia debemos pedir cuenta si están cumpliendo con el mandato legal que el mismo tiene en este tema.
Como hombre, como padre, como abogado, como docente y como investigador, me invade una enorme emoción al poder decirles a las personas menores de edad que Costa Rica, en su totalidad, debe estar presente para defender, reivindicar, garantizar y denunciar los derechos que tienen como ciudadanos y ciudadanas menores de 18 años.
Esta es una obligación colectiva el compromiso no solo de palabra sino de acción. Los poderes de la República han aprobado e implementado medidas para este fin en una ardua tarea; sin embargo, esta labor debe continuarse y convertirse en logros, y retomar el papel protagónico que los costarricenses hemos tenido en cuanto a protección de las personas menores de edad, a lo largo de la historia.
Indiferencia. La defensa de derechos de este importante grupo (que alcanza el 38% de la población nacional) debe ser un trabajo permanente y comprometido, sin temores, sin ocultamiento, sin vanidades, con la bandera firme y sincera del interés superior de la persona menor de edad. Seguimos debiéndoles a niños y adolescentes una política pública de Estado basada en el desarrollo integral y en el enfoque de Derechos de Niñez y Adolescencia.
La competencia del Consejo es asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas se den de conformidad con la política de protección integral de los derechos de las personas menores de edad, en el marco de los principios del Código de la Niñez y Adolescencia. Ya vamos por el cuarto Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, e iniciará el quinto, y los ciudadanos seguimos sin pedir cuentas.
No es posible que veamos con indiferencia a los niños explotados laboralmente; que consideremos como parte del paisaje a los menores que viven en altísima vulnerabilidad a la explotación sexual comercial, la exclusión escolar, la repitencia escolar, los embarazos adolescentes o el maltrato prodigado por los padres y madres.
Debemos asombrarnos de que en Costa Rica haya estas situaciones, para combatir la indiferencia y buscar soluciones de cara a este nuevo momento histórico, y ofrecer a los niños y adolescentes un presente justo con oportunidades y un futuro promisorio, que es el compromiso efectivo, real y colectivo de los mayores para con ellos.
