Por: Armando Mayorga 2 marzo

Los diputados nos hacen trampa. Han dejado pasar 2.438 días en que nos cuentean al prometer públicamente una reforma para sancionar con la expulsión a cualquiera de los 57 que cometa un acto deshonesto.

Sin embargo, debajo de la mesa, en reuniones, en pasillos y en tomaderas de café, han dicho la verdad: la reforma no pasará. La bloquearán porque, en palabras de uno de ellos, “es como darse un balazo al pie”.

Ese balazo, sin embargo, ya ha impactado a la Sala Constitucional, a la que han dejado herida al incumplir una sentencia del 29 de junio del 2010 que les dio tres años para reformar la Constitución Política y el Reglamento legislativo con el fin de incorporar, como causal de pérdida de la credencial, la violación al deber de probidad. Los legisladores han desacatado a la justicia durante casi siete años. Ellos, sí se dan el lujo de incumplir una sentencia. Ellos, con su omisión, deslegitiman al Poder Judicial.

En una reunión de los nueve jefes de bancadas, el 12 de enero, la minuta registró cómo se bailan no solo a los magistrados, sino al electorado y a la prensa. Seis de ellos hablaron como dioses, como si la ley solo fuera para mortales. Tienen temor, y lo evidencian, de perder sus curules si se les demostrara un acto indebido.

La Constitución Política, en su artículo 112, es omisa al no indicar que la violación al deber de probidad es causal para perder la credencial. Por ello, la urgencia de incluirlo directamente. El colmo de los colmos es que hasta cuestionan que no está definido cuándo se viola ese principio.

Desde hace 16 años, el 26 de setiembre del 2001, la Sala IV describió la probidad como sinónimo de rectitud, integridad u honradez. Al resolver un cuestionamiento al artículo 10 de la Ley del Colegio de Abogados, la cual incorporó el concepto, dijo que no es necesario describir las conductas particulares “por cuanto las posibilidades de su infracción son infinitas”.

En palabras llanas, los magistrados dijeron en el 2001 que quien viole el principio de probidad es un sinvergüenza, y eso es lo que deben tener claro los diputados antes de plantear más dudas para aprobar la reforma.

El autor es jefe de redacción en La Nación.