En mayo próximo, alguno de los candidatos será el presidente de la República y podrá ejecutar acciones a favor de la calidad de la educación costarricense. Los otros, con representación en una Asamblea Legislativa fraccionada, tendrán el poder de proponer y apoyar (o entorpecer) proyectos urgentes para el sistema educativo.
Es innegable, pues, que todos ellos (y sus partidos) tendrán una responsabilidad directa en mantener el estado de la educación o en mejorarlo sustancialmente.
Sin impacto positivo. Es justo reconocer que tanto el Ministerio de Educación Pública, como la universidad pública y organizaciones no gubernamentales han realizado esfuerzos, proyectos y programas tendientes a mejorar la educación pública. Hay que celebrarlo y apoyarlos.
Pero es innegable también que, a juzgar por informes, datos, estudios y pruebas, estas acciones (que, sin duda, traen beneficio a personas y grupos particulares) no tienen impacto positivo en el estado de la educación pública de Costa Rica. El IV Informe del Estado de la Educación , publicado en setiembre del 2013, apunta que los avances de los últimos años en temas de financiamiento, cobertura y nuevos programas de estudio no han tenido impacto en la calidad del sistema.
Tal vez por lo anterior, Isabel Román, coordinadora de dicho informe, para finalizar el año hace (en estas mismas páginas) un llamado urgente a quienes aspiran a dirigir el rumbo de nuestro país para que se realice un debate serio y fundamentado sobre la educación nacional. Román (citando el informe) pide dejar la improvisación, controlar los deseos de inventar el agua tibia y no desmantelar los logros alcanzados. Sobre todo, y ante la difícil situación fiscal, ella indica que es necesario que las propuestas de partidos y candidatos para mejorar la educación se basen en estudios técnicos, y se precise con claridad cómo se hará frente a los problemas más apremiantes del sistema.
Es innegable, entonces, que, por la importancia que tiene para el país, los candidatos y partidos políticos deben escuchar a Román, y promover y participar en una discusión seria sobre la forma en que abordarán las soluciones para los múltiples problemas que aquejan nuestra educación.
Una verdad de Perogrullo, que repetimos sin asumir, es que la mala calidad de la educación pública abre enormes brechas sociales y económicas en el país, contribuyendo así con la desigualdad creciente que enfrentamos. Una deficiente educación pública es una incubadora para la injusticia y la violencia.
Es innegable entonces, que ya es hora de dejar de procrastinar; que llegó el momento de enfrentar sin ambages los problemas más apremiantes del sistema y de poner en marcha con valentía, las soluciones que se necesitan.
Escolaridad. Tal como nos recuerda el analista Jaime Ordóñez en un reciente artículo que tituló “La estadística que nos deja chingos”, en nuestro país solo 4,4 de cada 10 niños que ingresan a primer grado obtienen su bachillerato. El resto (la mayor parte) se nos va quedando en el camino. Como dice uno de los informes del Estado de la Nación, somos un país alfabetizado pero poco educado.
Es innegable que ya pasó el tiempo de presumir sobre nuestra tasa de alfabetización: en pleno siglo XXI, en cuanto a escolaridad, estamos muy mal.
Aprendizaje. En cuanto a las oportunidades de aprendizaje que deberíamos estar ofreciendo a nuestras jóvenes generaciones en el sistema educativo, veamos solamente dos ejemplos ilustrativos: matemática y español. Como revelan las notas del examen de matemática de bachillerato (2012 y 2013), 1 de cada 4 estudiantes lo reprueba. Las pruebas internacionales Pisa, en las que Costa Rica participó recientemente, confirman que las deficiencias en el aprendizaje de la matemática son heredadas: nuestros quinceañeros no tienen un manejo básico de la matemática.
Por otra parte, datos del 2011 indican que el fracaso escolar en el país se inicia en primer grado, cuando el 14% de los niños (casi el doble del porcentaje de reprobación en otros niveles) pierde el año, pues no ha aprendido a leer. Solo podemos imaginar el durísimo golpe para la autoconfianza de los pequeños, que comienzan fracasando, y las consecuencias que esta situación acarrea. Las pruebas internacionales Pisa confirmaron que las dificultades en la lectura que se evidencian en primer grado, se mantienen durante el resto de la vida escolar.
Es innegable que nuestras jóvenes generaciones no han aprendido (al menos) ni matemática ni español. Sin la matemática es difícil entender el mundo, desarrollar la capacidad de abstracción, y el pensamiento lógico y complejo. Por otra parte, no saber leer impide el aprendizaje de todas las demás disciplinas, obstaculiza el desarrollo del lenguaje e interfiere con la capacidad de discernimiento y de argumentación.
Es necesario reconocer que los programas de estudio, tanto de español como de matemática (y de otras materias), han sido recientemente revisados y rediseñados. También es justo indicar que se han tomado medidas remediales para evitar el fracaso temprano en el primer grado.
Sin embargo, es innegable que el aprendizaje de la matemática y del español trasciende por mucho el programa de estudio, y que las acciones remediales (necesarias en un momento dado) no pueden ser permanentes ni sustituir las soluciones que se deben poner en práctica.
Formación de docentes. Es innegable que, para que las ideas, propuestas y reformas lleguen a las aulas (o a los lugares donde se desarrollan los procesos de aprendizaje), es imperativo abordar directamente la formación y contratación de docentes. Ambos son temas sensibles y controversiales. Se trata de una arena movediza en la que la legalidad (leyes anacrónicas, reglamentos obsoletos y principios contradictorios) se usa de excusa para impedir que podamos volver a enorgullecernos de la educación en Costa Rica.
Señores candidatos: ¿asumirán (desde Zapote y Cuesta de Moras) un compromiso serio para corregir lo que es innegable en educación, aunque eso signifique comprarse (grandes) pleitos con los intereses existentes?