El esperado discurso presidencial del 2 de mayo más pareció un berrinche infantil

 25 mayo, 2016

En el tortuoso camino seguido para llegar a la definición de su política fiscal, el actual gobierno –que empezó diciendo que no era necesario subir impuestos y terminó amenazando con tomar “medidas violentas” si no se los aprueban– ha incurrido en los siete pecados capitales.

Avaricia. Este es nuestro punto de partida puesto que es, en el caso del gobierno, la madre de todos los pecados. Como lo indicara con claridad el analista Juan Carlos Hidalgo en una columna reciente, el presidente Solís ha demostrado estar más preocupado por satisfacer las demandas de los sindicatos del sector público que las necesidades de la ciudadanía.

La filosofía del gobernante parece ser “todo para la casta protegida, migajas para el resto”. Desmedidos aumentos salariales, anualidades desproporcionadas, ausencia de evaluación del desempeño, convenciones colectivas con cláusulas leoninas que se renegocian pero en lo sustancial no se modifican, ceder a todas las demandas de los sindicatos que convocan a huelgas ilegales, etc. Y esa es justamente la definición de avaricia: el deseo y ansia excesiva por obtener riqueza para uno o para los suyos.

Como sucede a menudo con los pecados capitales, la comisión de uno usualmente lleva a cometer otro. La codicia del gobierno en beneficio de sus funcionarios desató la lujuria y la gula.

Lujuria. Al gobierno no le bastó con aumentar su presupuesto en un 19% para el 2015, sino que lo siguió con otro aumento del 6% del gasto corriente en el presupuesto del 2016, a pesar de que la inflación ha oscilado en terreno negativo en el último año. El placer que le causa semejante estado de dispendioso frenesí, hizo que el gobierno acelerase la marcha hacia una grave crisis fiscal. Previsiblemente, en el éxtasis del derroche, la administración Solís no se pudo contener y la algarabía se extendió.

Gula. Haber otorgado en el primer año de funciones de la actual administración un aumento del 14% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), solo puede describirse como gula. Esto permitió, entre otras cosas, que poco o nada tuvieron que ver con mejorar la calidad de la educación, que la UCR pudiera seguir en la sabrosura de pagar insostenibles anualidades del 5,5% a sus funcionarios.

Envidia. Después de la pachanga llegaron las facturas. La pregunta de qué hacer para pagar la jarana desató los más bajos instintos de nuestros gobernantes. Fue sabio el poeta Pedro Santacilia –cuyo poema “A Cuba” fuera luego macheteado para dotar de letra a la Patriótica costarricense– cuando escribió “yo no envidio los goces de Europa”. Pero el gobierno, que la ha visto de cerca en los muchos viajes oficiales, sí que la envidia, al menos en su carga fiscal, e inició la campaña por aumentar los impuestos.

La administración Solís y sus consejeros viven bajo la falsa premisa de que una subida de impuestos nos va a traer mayores niveles de desarrollo, reviviendo la cantaleta de algunos sectores liberacionistas de que si queremos un país desarrollado tenemos que tributar como tal. Nunca entendieron los socialdemócratas de toda estirpe que correlación (cuando el gallo canta sale el sol) no es lo mismo que causalidad (el sol sale porque el gallo canta).

Para hablar de causalidad se requiere poder demostrar que una cosa (mayor desarrollo) es resultado de la otra (mayores impuestos). Brasil es un buen contraejemplo: tiene una carga fiscal superior al promedio de los países miembros de la OCDE y no hace falta explicar el resto. De hecho, los países europeos no se desarrollaron a punta de impuestos; basta con revisar la historia económica del continente para darnos cuenta de que más bien pueden cobrar altos impuestos porque han alcanzado un nivel de ingreso promedio elevado, y no al revés.

Ira. Esa fue la reacción del gobierno al muy predecible clamor popular contra los nuevos impuestos para pagar la fiesta del gasto. El presidente amenazó con tomar “medidas violentas” si no se le complacía con mayores tributos.

También con ira chantajeó al país al condicionar la discusión de ingresar a la Alianza del Pacífico a que primero se aprueben los impuestos. No entiende el presidente que en las actuales circunstancias dichos impuestos vendrán a estrangular a una economía que más bien busca salida en la ampliación de mercados y oportunidades como las que ofrecen los acuerdos comerciales, como este que con tanto desparpajo descartó.

Soberbia. En la Asamblea Legislativa una sólida mayoría de diputados le indicó al gobierno que el camino al nirvana pasa necesariamente por la racionalización del aparato estatal y la erradicación de sus malas prácticas en lo concerniente al gasto. El gobierno respondió con soberbia.

A sabiendas de que la situación fiscal ha llegado a un punto crítico, precipitado en buena medida por la lujuria y la gula presupuestarias de estos últimos dos años, el esperado discurso presidencial del 2 de mayo sobre el estado de la nación más pareció un berrinche infantil: o hacen lo que yo quiero o no les presto la bola. Un acto de soberbia por excelencia.

Pereza. Planteada la confrontación –la mayoría legislativa enseña el camino al gobierno, y este responde con un rotundo “las cosas se hacen a mi manera o no se hacen”–, esperaría uno que la administración despliegue un fenomenal esfuerzo por recomponer las relaciones con la oposición y tratar de salvar su paquete de impuestos. Sin embargo, el presidente muy comodidosamente se limita a decir que el gobierno ya hizo su trabajo y ahora le toca a la Asamblea Legislativa ver cómo nos saca del enredo.

La pereza implica que una persona descuide sus obligaciones, que es lo que ha hecho el gobierno al aumentar el gasto como lo hizo, y es lo que plantea ahora el presidente al delegar toda responsabilidad en el Legislativo. Su trabajo fue hacer un reguero; ahora que otros vengan a recogerlo.

Reiteradamente se han quejado los diputados, tanto de oposición como algunos oficialistas, de la falta de comunicación con la Casa Presidencial y de la sensación de que su interlocutor –el ministro de la Presidencia– no tiene la autoridad para tomar decisiones ni representa necesariamente las posiciones y deseos del mandatario.

Dicha impresión fue confirmada por el propio presidente en una reciente entrevista concedida a La Nación, donde dijo: “La palabra del presidente la ejerce el presidente. Tampoco la habla don Sergio (Alfaro, ministro de la Presidencia), excepto cuando expresamente lo dice. Yo tengo que administrar cuidadosamente mis palabras y mis silencios”.

Así las cosas, nadie habla por el presidente y las bancadas no tienen un interlocutor válido, lo que imposibilita la búsqueda de acuerdos para el paquete tributario que tanto anhela el gobierno. El ministro de la Presidencia está pintado en la pared, y al mantenerse en su puesto en esas condiciones, sobre él recae la responsabilidad del pecado de la pereza gubernamental.

Frente a la alegría con que el gobierno incurre en todos los pecados capitales, los ciudadanos no tenemos más opción que permanecer vigilantes y fiscalizar la labor legislativa. Solo así podremos asegurarnos de que la solución a los problemas de las finanzas públicas sea más virtuosa que la pecaminosa acción del Ejecutivo.

El autor es economista.