EscucharRecientemente, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), en nombre de todos los empresarios turísticos, hizo un llamado a don Luis Guillermo Solís en busca de una política pública para el sector que permita salir de la difícil situación económica en la que han estado sumidos, en los últimos años, quienes se dedican a esta importante actividad.
Los que hemos estado cerca del ICT sabemos de los esfuerzos de planificación que a corto, mediano y largo plazo ha hecho la institución. Lo que pasa es que no siempre lo que se planea es lo que se ejecuta, no necesariamente porque los planificadores hayan hecho mal su trabajo, sino porque no existen los mecanismos interinstitucionales que coordinen y hagan posible que se logren los objetivos establecidos.
Política de Estado. Para entender, entonces, lo que ha planteado Canatur, es importante aclarar un par de conceptos que son básicos en la administración pública. Se define como política pública “un comportamiento propositivo, intencional y planeado, no simplemente reactivo y casual”.
Basados en esta definición, podríamos considerar que todos los gobiernos han hecho un esfuerzo importante para tener una política pública turística, al margen de que hayan sido eficientes o no. Sin embargo, es evidente que estos programas no han sido eficaces cuando han llegado las épocas difíciles, sobre todo por la falta de integración con otros sectores productivos que son muy importantes para que la actividad turística sea exitosa.
Entonces, tenemos que caer en la otra definición, que es la de política de Estado, que se refiere a “aquellas políticas que forman parte de las estrategias centrales de un país y no varían a pesar del color político-ideológico de cada Gobierno”. El turismo, como actividad económica de la mayor importancia para Costa Rica, por las fuentes de empleo que genera y por la cantidad de divisas que aporta (aproximadamente el 5% del PIB y un 20% de las exportaciones) debe ser objeto de una política de Estado.
Esta política debe integrar el Ministerio del Ambiente y Energía por ser administrador de las áreas protegidas (parques nacionales, reservas biológicas, etc.); al Ministerio de Educación, para que el turismo sea realmente parte de los programas de estudio en primaria y secundaria; al Ministerio de Transportes, por toda la infraestructura y señalización que es necesaria para que los turistas, nacionales y extranjeros, puedan llegar al país y donde están los atractivos; a las Municipalidades, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, al Ministerio de Hacienda, al Banco Central, y un largo etcétera que nos llevaría muchas líneas para citar y explicar por qué es necesaria su integración.
Como ejemplo tenemos el hecho de que, habiendo Costa Rica apostado por el turismo como una actividad económica importante, todavía no tenemos una cuenta satélite que cuantifique, con la mayor precisión posible, cuántos son los ingresos económicos que genera el sector y otros datos que permitirían una toma de decisiones más fundamentada y acertada.
Además, siendo las áreas protegidas buena parte de la materia prima con que se trabajan las excursiones organizadas (conocidas como tours ), todavía hay muchas de ellas que no tienen los servicios mínimos de baterías de baños, área de comidas, lugares para compra de souvenirs u otros artículos de primera necesidad, etc.
Problemas futuros. Estamos preocupados por los cerca de 3.000 empleos que se perderán por la salida parcial de Intel y por el cierre del centro de servicios del Bank of America, pero nadie considera todos los puestos de trabajo y la pérdida económica que han sufrido los 100 pequeños empresarios que nos dice Protur que han debido cerrar sus negocios, ni por las 700 mipymes turísticas adicionales que están en riesgo de clausurar sus actividades, según esa misma organización. Por el contrario, debe-ríamos pensar que el turismo es una de las actividades económicas que más rápidamente podrían generar cientos de nuevos empleos si se define una política de Estado para el sector turismo que, además, tiene la virtud de llevar mejor calidad de vida a muchas familias en zonas rurales, como lo ha hecho ya en Monteverde, La Fortuna, Manuel Antonio y otros lugares modelos de desarrollo y bienestar.
El modelo de negocios debe seguir siendo que los sectores público y privado actúen de la mano, pero tenemos que “entrarle” con criterios de innovación y progreso social, a una política que potencie el turismo interno, una de desarrollo de nuevos mercados, sin descuidar a los tradicionales y a repensar, por parte del sector empresarial, una política de precios ligada con la calidad de los servicios que se ofrecen. Si no integramos, al menos, esas tres cosas en una política de Estado, nos veremos en mayores problemas muy pronto.
