23 enero, 2015

Como socio y exfiscal del Club Campestre Español, que agrupa a unos 1.300 socios, hago un llamado a la transparencia y a la entrega completa de información a los accionistas que han sido convocados a la Asamblea General del próximo 25 de enero.

Los dineros del club, depositados en cuentas de dos bancos públicos y de uno privado, están embargados por una suma millonaria, muy superior al flujo de caja, y se investiga si las retenciones se están haciendo conforme lo ordena la normativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras.

Por otro lado, desde hace meses, no se le ha podido notificar al presidente de la Junta Directiva, Luis Marote Lago, una sentencia dictada por la Sala Constitucional, mediante la cual se le ordena entregar información sobre la administración de la entidad, bajo el apercibimiento de desobediencia a la autoridad. El señor Marote Lago se ha vuelto ilocalizable para el notificador.

Estos son problemas judiciales importantes. No obstante, para este 25 de enero se convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios, indicándose que la documentación se pone a disposición de los accionistas. Por esa razón, me presenté en el Club a solicitar toda la documentación para informarme y poder asistir a la Asamblea conociendo los estados financieros. Al recoger la documentación, me encuentro que ninguno de los dos líos judiciales está incluido entre los asuntos que debe conocer la Asamblea de Accionistas del Club. Así, entonces, creo oportuno destacar algunos aspectos que, según considero, deben ser aclarados por los directivos actuales.

Me asiste el derecho de pedir aclaraciones, por cuanto, en forma transparente, señalé situaciones que, de haberse atendido como corresponde, pudieron haber evitado estos líos judiciales. Me refiero a la negativa de entregarme la información financiera y contable cuando ejercí como fiscal de la Junta Directiva. Tres son los aspectos que, según mi opinión, deben saber los socios y amigos del Club.

Sobre el recurso de amparo. En la Asamblea General de Accionistas del 2013, rendí un informe donde advertí de que las cosas no eran transparentes. Indiqué situaciones que me parecían inadecuadas. Antes había escrito una carta pública pidiendo disculpas a los socios activos por verme imposibilitado de ejercer mi función de fiscal en las condiciones vigentes para esas fechas.

Fue así como, por primera vez en la historia del Club, el fiscal se vio obligado a plantear ante la Sala Constitucional un recurso de amparo para tener acceso a la información con que normalmente debía contar.

En sentencia se declaró con lugar el recurso y se le ordenó al presidente entregarme la información que, siendo fiscal, la Junta Directiva me negó en diversas ocasiones. Resulta que no se le ha podido notificar al presidente ni en la casa, ni en el Club. A pesar de ser conocido el fallo judicial, no se me ha entregado la información y se me ha alegado que no se me entregará mientras no sea notificado el presidente.

Mientras tanto, campea la desinformación.

Cuotas de capitalización. En su momento, me referí directamente en mis informes al manejo del tema de la llamada “cuota de capitalización”. Leo la opinión del auditor sobre los estados financieros y me sorprende que una suma multimillonaria se encuentre confusa, sin asientos contables adecuados. No la tienen como hallazgo para ser discutido en la Asamblea por los socios activos a quienes incumbe.

Embargo del Club. Por último, y no menos importante, me sorprende que la carta del asesor legal al auditor no mencione el lío judicial más directo, producto de la administración del actual presidente, por la decisión de que el concesionario de alimentos y bebidas abandonara el Club. En su informe a la última Asamblea, el presidente sostuvo que el concesionario iba a ser desalojado con ocasión de una demanda de desahucio planteada al efecto. Sin embargo, el Club perdió esa demanda, con el agravante de que ya había licitado y ofrecía, dentro de sus instalaciones, la prestación de esos servicios con otros proveedores. Como consecuencia de ese manejo inadecuado de la concesión de alimentos y bebidas, el Club le hace frente a una demanda con embargo que supera los ¢280 millones. Lo sabemos por comentarios de empleados que ven amenazada su estabilidad laboral, pues la carta del asesor legal al auditor omite absolutamente informar sobre el resultado del proceso de desahucio que el Club perdió, y omite también informar de que, al verse afectado el concesionario, demandó por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados.

La Asamblea de socios es propicia para que se aclaren estos líos judiciales, sobre los cuales la administración del Club no ha informado a los accionistas que vamos a asistir a la Asamblea de este 25 de enero.

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