Opinión

El limbo institucional de Brasil

Actualizado el 24 de octubre de 2014 a las 12:00 am

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El limbo institucional de Brasil

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SÃO PAULO – Los inversores internacionales están prestando mucha atención a Brasil, cuando sus ciudadanos se preparan para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 26 de octubre. Su voto no solo decidirá quién será el nuevo presidente del país, pues también puede determinar el futuro del Banco Central de Brasil (BCB) y, por tanto, la trayectoria macroeconómica del país.

Aunque la presidenta actual, Dilma Rousseff, apoya el marco institucional vigente del BCB, sus oponentes sostienen que la política monetaria adolece de interferencias políticas, y la forma mejor de abordarlas sería concediendo una mayor autonomía al BCB, pero ningún candidato ha presentado aún una propuesta de reforma que reduzca el margen de las interferencias políticas y al tiempo garantice una mayor rendición de cuentas y fomente la estabilidad financiera. Para que Brasil mantenga un crecimiento económico fuerte y estable, habrá que mejorar el funcionamiento del Banco Central.

La política monetaria lleva mucho tiempo desempeñando un papel importante en la política brasileña. Durante el proceso de democratización de las décadas de 1980 y 1990, los sucesivos Gobiernos intentaron domeñar la hiperinflación, que llegó a ser de 2.477% en 1993. Con la introducción del “plan Real”, lanzado en 1994, se consiguió suprimir el aumento anual de los precios hasta un “aceptable” 22% en el año siguiente. Gracias al éxito del plan, su arquitecto, Fernando Henrique Cardoso, exministro de Economía, fue elegido dos veces presidente (en 1994 y en 1998), lo que subrayó el interés de los votantes por la estabilidad de los precios.

Actualmente, cuando los banqueros centrales de los países en desarrollo están preocupados por la amenaza de la deflación, los políticos brasileños se ven, una vez más, obligados a responder a los temores generalizados de una disminución del crecimiento y un regreso a la inflación elevada. Lamentablemente, los planes de los candidatos presidenciales para el BCB se quedan cortos respecto de lo que es necesario hacer. Históricamente, el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff se ha resistido a conceder una autonomía reglamentaria y ha jugado claramente una carta populista durante la campaña, al sostener que la autonomía del BCB entregaría demasiada capacidad de control a los banqueros privados.

Marina Silva, la candidata del Partido Socialista, pidió una independencia reglamentaria del Banco, argumento posteriormente adoptado por el candidato del Partido Socialdemócrata (PSDB), Aécio Neves, quien ahora se enfrenta a Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones, pero Neves quiere una autonomía operativa de facto , en lugar de reglamentaria, para el BCB. Como Cardoso, Neves está comprometido con la fijación de un objetivo de inflación, la creación de un superávit primario y el mantenimiento de un tipo de cambio flotante. Si bien esas políticas pueden fomentar la estabilidad de los precios, su propuesta desatiende las dos cuestiones más importantes para el BCB: la autonomía legal y unas reformas institucionales que garanticen la rendición de cuentas ante los ciudadanos.

Un compromiso legal con la autonomía del BCB contribuiría a la confianza en la divisa de un modo que no puede conseguir una autonomía oficiosa. Las estructuras legales tienen repercusiones directas en las perspectivas de inflación, pues la ley puede proporcionar una protección institucional a los bienes públicos, como, por ejemplo, la estabilidad financiera y de los precios. La reforma institucional, apropiadamente ideada y ejecutada, podría aumentar también la rendición de cuentas del BCB ante la sociedad en sentido amplio y, al tiempo, brindar protección contra la influencia y el mercadeo políticos por parte de los grandes bancos.

El BCB está maduro para la reforma. Es una burocracia tecnocrática de cincuenta años de edad, creada durante una dictadura militar, con pocos instrumentos para la rendición de cuentas política y social. Así, pues, la reforma institucional debe superar el insuficiente objetivo de la estabilidad de los precios del BCB, fijado conforme a un índice de inflación estrecho, y que no refleja las experiencias de los consumidores brasileños de a pie. Por ejemplo, la tasa de inflación comunicada en el 2013 ascendió al 5,9% (frente al objetivo del 4,5%), pero los precios de los alimentos, componente importante de la mayoría de los presupuestos de los hogares, subieron un 8,4%, con lo cual afectaron con mayor dureza a los pobres. El gobierno de Russeff ha mantenido artificialmente baja la tasa de inflación comunicada, conteniendo los precios de los servicios estatales.

La estabilidad de los precios debe ir acompañada de otros objetivos, en particular el de la estabilidad financiera, pero también, posiblemente, el del empleo. Rousseff frustró los intentos del Congreso de introducir dichos objetivos en el 2011 y, naturalmente, se debería formularlos cuidadosamente para evitar los errores del pasado, pero, si se hace correctamente esa operación –una mayor panoplia de criterios con los que evaluar las políticas del BCB, aumentando la rendición de cuentas–, fortalecerá la legitimidad de la concesión de la autonomía legal a las autoridades.

También hay margen para que la reforma institucional fomente una mayor estabilidad financiera. La crisis financiera del 2008 y sus consecuencias subrayaron la anticuada concepción institucional del BCB. Este no contó con el suficiente respaldo legal para adoptar las medidas necesarias para estabilizar el sistema financiero, lo cual obligó al entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a recurrir a varias medidas espectaculares, incluida la utilización del fondo de garantía de depósitos y los bancos de propiedad estatal para rescatar a entidades financieras fallidas. Lula afirmó que ese procedimiento ad hoc brindó a Brasil un grado de flexibilidad del que carecían otros países, pero no careció de costos, según dijo, y los resultados no fueron duraderos.

El rápido aumento de la deuda privada plantea preocupaciones mayores. Otros bancos centrales han reconocido la necesidad de nuevos instrumentos para garantizar la estabilidad financiera, cosa que debe hacer también el BCB. La claridad institucional del mandato del BCB en materia de estabilidad financiera y los instrumentos a su disposición podrían ayudar a Brasil a evitar crisis futuras o, al menos, a capearlas más eficazmente.

Las elecciones presidenciales de Brasil parecen ofrecer dos opciones insatisfactorias: una continuación del statu quo , con el BCB sometido a la influencia política, en el caso de que gane Rousseff, o un BCB oficiosamente autónomo, con un aparato institucional anticuado, si Neves fuera el vencedor. Solo la propuesta inicial de Silva comprendía llamamientos en pro de de una reforma institucional de la política monetaria y la reglamentación financiera, y no es seguro que su apoyo a Neves en la segunda vuelta haga cambiar a este de opinión, en caso de que gane.

Camila Villard Duran, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, es investigadora en materia de gobernación económica mundial del Programa Oxford-Princeton de Dirigentes Mundiales de la Universidad de Oxford. © Project Syndicate.

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