EscucharEn La Nación del 3 de agosto, el periodista Esteban Mata presenta una nota en la que señala que los evangélicos queremos un “Estado sin fe oficial, pero con Dios”. Según mi criterio como periodista, el abordaje que hace el colega es, a todas luces, equivocado, desenfocado y contrario a la realidad.
En primer lugar, yo no soy un “diputado evangélico”, si con ello se quiere decir, como en efecto se hace, que represento a una organización política de corte religioso. Yo milito en un partido político nacional de fundamentación ética cristiana que, de ninguna manera, se deja endosar el apelativo de religioso por improcedente, absurdo y trasnochado.
Aunque soy orgullosamente cristiano evangélico, me parece que deben abandonarse estas etiquetas políticas, implícitamente medievales y perniciosas, con el único fin de desacreditar nuestro trabajo: yo represento a todos los costarricenses de principios cristianos, a la sazón el 90% de la población, y no solo a un sector particular.
En segundo lugar, desde el título, la nota insiste en que los diputados “evangélicos” promovemos el famoso “Estado laico”, entendido como uno sin fe oficial, pero “con Dios”. Nuevamente, falla su sentencia, cuando menos, en lo relativo a Restauración Nacional. Seamos claros: no somos nosotros los propulsores del Estado laico; son los grupos sociales interesados en sacar a los principios cristianos de la Constitución, como ciertos movimientos sociales y las fracciones políticas del PAC, el Frente Amplio y agentes de otras agrupaciones parlamentarias. No nos endilguen luchas que no son nuestras, por favor, porque, aunque no tenemos inconveniente en que el país tenga un Estado aconfesional, nuestro interés no apunta a promover una reforma legal en ese sentido, aun si creemos oportuno que el país no abandone, como se pretende, sus principios históricos.
En tercer lugar, y lo más grave, el artículo periodístico quiere asociar el tema el Estado laico con el proyecto de Ley de Libertad Religiosa y de Culto, desarrollado a lo largo de varios años por Restauración Nacional, con el concurso de importantes líderes religiosos de la sociedad civil. No hay ninguna relación entre una y otra cosa, ya que este proyecto constituye una valiosa herramienta jurídica para garantizar uno de los derechos humanos más fundamentales de primera generación: la libertad religiosa, de culto y de conciencia.
En efecto, en una clara violación a los derechos humanos básicos, el ordenamiento jurídico costarricense no reconoce la existencia legal de las confesiones no católicas, ante lo cual, como si fueran un abortivo, se encasillaron en la famosa Ley de Asociaciones 218 –desde los setenta–, una ley hecha para un tipo de organización que nada tiene que ver con las religiosas, que no responde a las necesidades y derechos jurídicos de los costarricenses que profesamos una fe no católica. Con el proyecto de ley, garantizamos este derecho fundamental y les damos existencia legal a estas organizaciones religiosas, lo cual incluye a las evangélicas o judías, entre otras, con el fin de ordenarlas jurídicamente y establecer los parámetros mínimos de su existencia.
No es cierto, como señala el artículo de comentario, que creamos “beneficios” o gollerías para las iglesias evangélicas y para el pastorado, ya que la ley no habla de ninguna subvención o exención para ellas, sino de derechos y deberes fundamentales para las organizaciones y los miembros que las componen. Hablar de beneficios es simplemente desconocer el contenido del proyecto.
Tampoco es cierto, como se sentencia en el reportaje, que el proyecto crea “más burocracia” para atender esos presuntos “beneficios”. Lo único que propone el proyecto es crear una Dirección de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia y Paz, lo cual significa una dependencia pequeña, de ínfimo presupuesto, conformada por unos pocos funcionarios, para darle soporte a la política nacional de promoción de la libertad religiosa de un porcentaje significativo de la población.
El proyecto ni siquiera sugiere, nunca, que el Estado favorezca gollerías para las iglesias no católicas o que pague las cuentas de estas confesiones, como se insinúa o se dice. Se trata de que el Estado resguarde los derechos humanos de los costarricenses que profesan una fe distinta a la católica, y que ponga orden, a su vez, en este importante sector de la población.
