Por: Nuria Marín Raventós 2 septiembre

La Constituyente es el último artilugio del dictador Nicolás Maduro para aferrarse a un poder absoluto, cortesía de la ruptura de todas las bases democráticas del país.

Con la Constituyente se quiere acallar a la Asamblea Nacional, única fuente de oposición democráticamente elegida, columna vertebral de una democracia que ya no es más. Atrás quedó la última luz de esperanza, las elecciones del 2018.

El Estado de derecho, igualdad ante la ley, separación de poderes, frenos y contrapesos entre poderes, y el debido proceso, esencia de las democracias occidentales, son pilares ausentes en Venezuela.

Una y otra vez los poderes Judicial y Electoral han demostrado su complacencia y alineamiento con el Ejecutivo, y el Ejército como activo protagonista económico no encuentra incentivo para cambiar lealtades.

Venezuela se convierte en un ejemplo más de cómo la economía socialista es un costoso experimento, de cómo economías boyantes son destrozadas a manos del estatismo, el clientelismo y la creación de una clase política privilegiada a costa del pueblo.

Un país que perdió 2 millones de sus talentos, separó familias, desmanteló el sector productivo y explotó sin visión a largo plazo sus grandes reservas de petróleo, hoy en este 2017 está al borde de la quiebra.

Sin inversión, la producción del petróleo está en el nivel más bajo de los últimos 27 años, a lo que suma los bajos precios del barril. Esto significa un gobierno que perdió su abultada billetera y carece de otras fuentes de ingreso exceptuando la deuda rusa, condenando al pueblo a su peor crisis humanitaria: miseria, violencia, represión, tortura, escasez de alimentos y medicinas.

La incapacidad de la comunidad internacional de acuerpar el referendo revocatorio, de detener la ilegítima Constituyente o acordar una hoja de ruta revelan una vergonzosa incapacidad de conformar acuerdos, desnudando además algunas conciencias doblegadas por la petrodiplomacia.

La orfandad del pueblo venezolano es evidente, y como lo señaló la valiente fiscala, Luisa Ortega, hoy prófuga del régimen, en su paso por Costa Rica: “ El silencio no es una opción, el costo es la muerte”. No condenemos al pueblo venezolano a la sublevación como único recurso ante este monstruoso Leviatán.