EscucharMás allá del resultado de la elección presidencial en Estados Unidos, el martes 8 de noviembre el pueblo norteamericano también votó una cantidad masiva de consultas respecto a decisiones de política pública estatal. Por ello, se hace fundamental estudiar las consecuencias y debilidades de ese sistema para comprender la ruta que seguirá la política local en ese país, así como tomarles el paso a algunas de las discusiones nacionales, y con inevitable consecuencia internacional, que cobrarán relevancia en los próximos años.
Marihuana, armas y gaseosas. La decisión por parte de California, Massachusetts, Nevada y Maine de legalizar el consumo recreativo de marihuana implica que si incluimos los estados con consumo medicinal, el 60% de la población estadounidense ya tiene acceso a la marihuana de manera legal.
Más allá de los beneficios para la población interna, ya discutidos en columnas anteriores, esto representa una oportunidad para Latinoamérica, pues el mercado más grande del mundo ya tiene las puertas abiertas para cultivar su propio consumo y reducir el narcotráfico desde nuestros países.
Adicionalmente, es innegable que existe un impulso político a las políticas de legalización en nuestra región, tendencia que debería cobrar mayor relevancia dentro de nuestra agenda local.
Otra política menos popular y difundida es el cobro de un impuesto a las gaseosas, el cual fue aprobado en tres ciudades de California: San Francisco, Oakland y Albany.
Estas elecciones siguieron la ruta trazada por Berkeley, ciudad del mismo estado, primera en todo el país en introducir un impuesto al consumo de bebidas gaseosas con alto contenido en azúcar.
El principal argumento es la necesidad de desincentivar el consumo de un producto, con documentados perjuicios para la salud, y tasar la externalidad que este bien genera sobre el sistema de seguridad social y la atención médica.
Los resultados en el caso de Berkeley ya fueron medidos por Madsen (2016) de la Universidad de California, Berkeley, quien encontró una crítica disminución de bebidas azucaradas de más de un 20%.
El siguiente paso para esta política es trascender las regiones más progresistas del norte de California y tomar fuerza a escala nacional. En Costa Rica ya deberíamos iniciar la discusión de una propuesta de este tipo, pues su atinencia es aún mayor dado nuestro sistema de seguridad social público y universal.
Finalmente, en el caso de regulaciones a la venta de armas, California, Nevada y Washington votaron a favor de estrictas limitaciones a la compra de este peligroso bien.
Se trata de prohibir la venta de algunos tipos de rifles semiautomáticos, mayores chequeos a compradores, limitaciones al tamaño de los cargadores de balas, y restricciones de venta a ciudadanos con aparente riesgo para la sociedad.
Los detalles de cada proyecto varían dependiendo del estado, pero la tendencia en favor de mayor prohibición es clara. La aprobación de regulaciones permitirá mayor acumulación de evidencia respecto a estas medidas, lo que colaborará para definir cuáles restricciones son más eficaces en nuestro contexto.
Exceso de democracia participativa. Aunque desearía poder referirme al resto de medidas aprobadas en las pasadas elecciones, resulta imposible. Esto no solo por el tamaño del país, sino por la inflación extrema de iniciativas de este tipo.
Un ejemplo claro es el estado de California, donde los votantes debieron elegir entre 18 políticas públicas, sin tomar en cuenta las elecciones para cargos públicos. Una manifestación tangible de este absurdo se hizo claro en la California Voter Guide, una guía escrita de las distintas posiciones, que el estado envía a cada ciudadano con la finalidad de que tomen una decisión informada. La guía de este año era de 224 páginas y costó unos $15 millones en ser impresa y enviada a cada hogar. Peor aún, por la facilidad de inscribir ballots en muchos estados, algunos grupos inscriben consultas contrarias a otras ya existentes, y con redacción ambigua, con la expresa finalidad de confundir al elector y derrotar políticas que adversan sus intereses.
En otros casos, la redacción de las propuestas es tan compleja que se hace imposible comprender su propósito y consecuencias. Un claro ejemplo fue la Iniciativa 732 en el estado de Washington, cuya pregunta traducida dice: “La medida fue diseñada para imponer un impuesto a la emisión de carbón en algunos combustibles fósiles y electricidad generada con combustibles fósiles, reducir el impuesto de ventas en un punto porcentual, aumentar las exenciones de bajo ingreso y reducir ciertos impuestos a la manufactura. ¿Debe ser esta medida ley? Sí o no”. ¿Y eso cómo se come?
Para complicar aún más la situación, dentro de los dos partidos mayoritarios existen grupos tanto a favor como en contra, al igual que dentro del movimiento ambientalista existen grupos a favor y en contra.
Es decir, las líneas partidistas son poco indicativas de la dirección del voto. ¿Es realista esperar que millones de ciudadanos dediquen horas, o días, a leer información ambigua, tendenciosa o imprecisa respecto a cada una de las iniciativas? En muchos casos, las implicaciones de estas decisiones son indiscernibles aun para analistas especializados.
Por todo lo comentado surgen varias preguntas. ¿No debería ser el trabajo de los legisladores y representantes populares tomar estas decisiones? Al delegar la responsabilidad de decisiones transcendentales hacia el votante, se está dejando a los legisladores decidir únicamente respecto a proyectos poco controversiales –el mínimo común múltiplo de la política pública–.
El deterioro de la democracia representativa en favor de un exceso de democracia participativa evidencia la necesidad de un criterio de razonabilidad para la consideración de plebiscitos.
De otra forma, tal y como fue documentado en la reciente elección, muchas propuestas son votadas de manera antojadiza o aleatoria por parte de ciudadanos quienes, con razón, deciden no dedicar semanas a estudiar cada iniciativa.
Afortunadamente, algunas de las propuestas son presuntamente beneficiosas para el bien común, pero esto parece ser producto más de la fortuna que de un sistema eficiente.
¿Será acaso esta la razón por la cual propuestas como el brexit y el plan de paz en Colombia fracasaron? ¿Es preferible un conjunto de representantes bien informados, a millones de votantes desinformados?
Estas parecen ser preguntas más atinentes hoy que nunca, y su respuesta parece ser una necesidad existencial para las democracias occidentales.
El autor es analista de políticas públicas.
