1 febrero

Con respecto al editorial del 19 de enero, titulado “Lenta investigación de la trocha”, es importante aclarar algunos puntos.

La lenta investigación lejos de favorecer a don Carlos Acosta Monge lo ha perjudicado manteniéndolo ligado a un proceso en que no debió siquiera haber sido indagado, menos acusado.

De la lectura de los cientos de folios de la acusación queda claro que nunca se le atribuye haber recibido alguna dádiva o beneficio económico.

Debe saberse que nunca se ha dictado una sola medida cautelar en contra de don Carlos Acosta Monge durante todo el proceso, y fueron claros la jueza del Juzgado Penal y el juez del Tribunal Penal al resolver sobre medidas cautelares, que no procedía decretar ninguna en su contra y si se le mantenía ligado al proceso lo sería por habérsele tomado declaración indagatoria, no porque existiesen pruebas que lo ligaran con algún delito. Esto, luego de cinco años de investigación, es la misma situación actual.

Desde el inicio de la investigación se sabe dónde está la responsabilidad sobre estos hechos y dónde no, pero es lamentable la ausencia de objetividad de la Fiscalía para mantenerlo como acusado con ausencia total de cargos y pruebas. Una acusación genérica, gratuita, en que no se le imputa ninguna actuación concreta, individual, incriminatoria, lo cual evidentemente es un atropello a la justicia en el caso de don Carlos.

No es cierto que este proceso sea complejo. Lo que lo hizo lento fue la ineficiencia de la Fiscalía. Se excedió tomando indagatorias a 44 personas, como cazando mariposas, para acusar luego a 26 y excluir a 18, a quienes se les produjo daño severo al imputárseles cargos. Primero se enunció como un fraude que superaba los ¢22.000 millones y resulta ahora que se habla de un perjuicio al Estado de poco más de ¢1.200 millones, cuestionable sí, aunque sea veinte veces menor de lo publicitado siempre a los medios de comunicación.

El autor es abogado defensor de Carlos Acosta Monge.