En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para regular la industria del cannabis medicinal. En el Frente Amplio coincidimos en que, dada la comprobación científica de las propiedades medicinales de los cannabinoides, es fundamental garantizar que quienes se beneficien tengan un adecuado acceso a los medicamentos derivados de esta planta. Sin embargo, la iniciativa de ley propuesta por el Partido Acción Ciudadana (PAC) está muy lejos de lograr este objetivo.
Acaparamiento del mercado. De acuerdo con el texto en discusión, el 50 % de la producción nacional de materia prima (cannabis) para los medicamentos lo controlarán apenas un máximo de ocho empresas, con la posibilidad de que el Ministerio de Salud les autorice un porcentaje mayor para exportación.
El restante 50 % lo controlarán entre 33 concesionarios. Además, la producción de medicamentos ya procesados está reservada en un 100 % para los ocho primeros, creándose así la posibilidad de que el mercado sea controlado por pocas y grandes empresas.
Precios imposibles de pagar. Además de que solamente ocho empresas tendrán el control de toda la producción nacional de consumo interno y exportación, se tratará, necesariamente, de empresas grandes de destacada solvencia económica, en el tanto, solo el precio de la concesión sería de $2,5 millones de dólares y, también, deben construirse y mantenerse en operación al menos dos laboratorios (uno de investigación y otro de producción de medicinas).
A ello hay que sumar el costo de las instalaciones para sembrar en ambientes controlados (invernaderos) y las personas trabajadoras, entre otros. Es decir, solamente empresas con gran capital y poder adquisitivo podrían concursar y obtener el permiso.
Control del mercado, control del precio. El proyecto que permitiría que pocas y grandes empresas controlen la totalidad de la producción de medicamentos, es decir, un mercado oligopólico, encarecería los precios de los bienes y servicios, pues aunque el Estado fije el precio, las compañías podrían ejercer presiones indebidas o negarse a vender, si no se encuentran conformes con el monto fijado.
Aunado a ello, la gran inversión que debe hacer un concesionario para tener todas las condiciones de producción se terminaría trasladando al paciente, por lo cual los precios de las medicinas podrían llegar a ser altísimos, sin que el proyecto de ley contemple algún mecanismo para evitarlo.
LEA MÁS: Plan permitiría al Gobierno cobrar hasta $2,5 millones por producir marihuana medicinal
Propuesta del Frente Amplio. Proponemos que el control de la producción de medicamentos lo tenga el Estado. Es decir, que los laboratorios sean públicos y no privados para que no necesariamente se traslade la inversión al precio final. Proponemos la democratización de la producción de materia prima, de forma tal que muchas personas pequeñas y medianas productoras tengan acceso a dedicarse al cultivo de cannabis como parte de la actividad agraria. Finalmente, nuestra iniciativa propone un tope al precio, que consiste en un porcentaje de ganancia mínimo, apenas por encima de los costos de producción, considerando que la salud es un derecho humano y no un negocio.
Hay mucho que discutir alrededor de esta temática, ya de por sí compleja, por lo que no consideramos conveniente que el proyecto siga avanzando en la corriente legislativa mientras su base principal sea el lucro y no el acceso oportuno y barato a los tratamientos en beneficio de la salud con cannabinoides.
El autor es diputado del Frente Amplio.