16 agosto

En las últimas semanas, varios partidos políticos firmaron un acuerdo nacional para avanzar en temas claves para el país como la reforma política. El liderazgo de Miguel Gutiérrez y Roberto Artavia resultaron cruciales en este proceso y numerosos expertos han coincidido en su importancia. De manera complementaria, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) también presentaron un documento que recoge buena parte de la discusión de los últimos 30 años en la materia de reforma política y resaltan la importancia de soltar algunos nudos o cuellos de botella en el sistema político para avanzar en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas impulsan.

Diálogo. En este artículo nos interesa aprovechar el trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de Irlanda (Galway) y el CIEP de la Universidad de Costa Rica (UCR) para reforzar la necesidad del diálogo para afrontar el reto de la reforma política. Consideramos urgente que la ciudadanía, los partidos políticos y los actores sociales comprendan que el remozamiento y actualización de nuestras instituciones políticas son una condición necesaria para abordar los desafíos de la Costa Rica del bicentenario.

Tomemos como ejemplo el problema del déficit fiscal: su origen es económico, pero su agravamiento pasa precisamente por la incapacidad de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa para ponerse de acuerdo. El problema radica no solo en el déficit, sino en un sistema político desactualizado, diseñado en la época de las mayorías del bipartidismo. En el contexto actual impera la fragmentación partidaria y una multiplicidad de actores e intereses que requieren un mayor esfuerzo político y unas reglas del juego que habiliten la generación de acuerdos.

El caso de Irlanda nos puede ayudar a entender que los acuerdos y la participación ciudadana son centrales para enfrentar los retos del desarrollo.

Estrategia. A pesar de una rica historia milenaria, la República de Irlanda es relativamente joven (declaró su independencia del Reino Unido en 1919). Desde la década de 1960, el diálogo social se estableció como la estructura decisiva para las relaciones salariales en la industria irlandesa. En 1987, el diálogo social fue llevado un paso más allá para acordar la estrategia de desarrollo de Irlanda. Los partidos, sindicatos, empresarios y otros actores sociales tomaron parte en asuntos centrales para el desarrollo, por ejemplo, participar en decisiones sobre el gasto público, reforma fiscal, políticas sociales y de protección. En el 2008, la crisis económica mundial golpeó fuertemente a Irlanda y los esfuerzos de diálogo fueron dejados de lado; sin embargo desde el 2015 se han reactivado espacios para la participación ciudadana.

La experiencia irlandesa nos ha mostrado la importancia de la deliberación y el diálogo, pero también se debe comprender que la pesada historia colonial y la reciente creación de la República todavía pesan en el imaginario de los principales actores de la política irlandesa, quienes tienen claro la interdependencia entre la economía y la política y sobre todo que el bienestar o la crisis del país va más allá de los intereses individuales.

Los sindicatos, los empresarios, los partidos políticos, la sociedad civil y la ciudadanía comprenden que si al país le va bien a ellos también. Por supuesto que la sociedad irlandesa enfrenta retos como la desigualdad creciente, su vulnerabilidad frente al brexit y los vaivenes de la globalización. Estos desafíos amenazan los logros de una nación que en el 2014 estaba colocada en el sexto lugar en desarrollo humano, pero el consenso en torno al destino común y la democracia como forma de gobernar la sociedad se mantiene.

Nuevas formas. Un ejemplo de políticas participativas se inauguró el año pasado en Irlanda cuando se estableció la Asamblea Ciudadana, un cuerpo colegiado integrado por 99 personas seleccionadas totalmente al azar pero de manera representativa por medio de un muestreo estadístico. Bajo la coordinación de una persona de larga trayectoria pública, sus miembros discuten sobre asuntos públicos y emiten reportes que luego se trasladan al Parlamento, que puede enviarlos a una comisión para estudio, aceptarlos y crear leyes o rechazarlos. La Asamblea Ciudadana es un órgano deliberativo que no sustituye al Parlamento pero que crea espacios no necesariamente partidarios para el debate, tal como ocurría en la antigua Grecia o las ciudades italianas del medioevo.

El ejemplo de Irlanda, más allá de las evidentes diferencias con Costa Rica, nos muestra la importancia del diálogo y la deliberación como una forma de incluir a todos los actores en el debate por el desarrollo nacional. Pero también permite ver que los actores económicos, sociales y políticos deben trascender sus visiones particulares para pensar en el país.

Un sistema trabado, incapaz de enfrentar problemas cotidianos como el transporte o la crisis fiscal es un peligro enorme para el país, pero también para los partidos políticos y sus líderes. Si solo piensan en sus intereses particulares e individuales una crisis de proporciones mayores les pasará una factura ciudadana que no podrán pagar. En el fondo lo que está en juego es su supervivencia. También el bienestar del país y sus habitantes; ojalá eso también les preocupe.

Felipe Alpízar es director del CIEP

Ruth Prichard es investigadora del Whitaker Institute