La razón es un sol severo

Lástima que obvia el tema. Va un refrescamiento: en marzo del 2013, el ICE ya sabía de la imposibilidad de usar el río Parismina para desarrollos hidroeléctricos y, aun así, en junio de ese año, firma una carta de compromiso con la empresa Desarrollo Hidroeléctrico de Parismina S.A. (DHPSA), y cuatro días después le promete al BID no tocar el río.

Entonces, cómo esperaba la Señora Bejarano que tituláramos: ¿“ICE encara demanda de $32 millones por mala suerte”? ¿“porque ese era su destino”?

No. el ICE sigue siendo una entidad pública que tutela fondos públicos. Sus administradores no son los dueños. Punto. Que sean muy supuestamente legales unas acciones no quiere decir que sean correctas o que las consecuencias de estas decisiones carezcan de interés público.

Este diario tampoco inventa ni manipula hechos. De nuevo, lo publicado consta en documentos oficiales del ICE; algunos firmados por la propia Bejarano.

También es cierto que pedimos, reiteradas veces, una entrevista con ella u otro vocero. Declinaron. En su lugar, enviaron un texto que nos da la razón.

Copio textualmente lo que firma la señora Bejarano: “El ICE debe indemnizar al desarrollador del PHP, por un monto justo, que será fijado por un tribunal”.

La funcionaria sí elude el tema de fondo: los clientes del ICE podrían pagar hasta $32 millones por una demanda que pudo evitarse si los humanos en el ICE se comunicaran más entre ellos.

¿Por qué firmaron un compromiso con DHPSA si sabían de antemano de la imposibilidad de usar el río para desarrollos hidroeléctricos y, luego, se obligó ante el BID a no utilizar ese cauce para generación de energía?

Concluimos que fue un error de comunicación. O solo se explicaría invocando un desdén por los efectos económicos que su actuar significa a las finanzas públicas en el contexto de la actual crisis fiscal y la precaria situación económica que afronta el ICE.

Por eso queríamos hablarle. Ella, sin embargo, ni da entrevistas, ni da explicaciones, ni lo aclara en el foro sobre estas líneas.

Tampoco es invención de este periódico que a la señora Bejarano una división bajo su cargo la alertó de que, según la Ley General de Administración Pública (art. 155), debía acudir a la Contraloría General de la República.

Que ella decidiera, en cambio, no hacerlo y dar su visto bueno para pagar una indemnización cortesía de los abonados de ICE, es harina de otro costal. De eso igual queríamos preguntarle.

No corresponde a este diario juzgar si era el camino a seguir, pero estamos obligados a denunciarlo. Quien sí puede juzgarlo (y ya lo investiga) es otra instancia de control presupuestario. Esto también lo tengo confirmado.

La razón es un sol severo: ilumina, pero también ciega.

El autor es periodista de La Nación.