EscucharEl estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirma lo advertido hace una década: con supuestos irreales, la CCSS viene maquillando sus estudios actuariales para aparentar una falsa solidez del IVM y posponer reformas que hubieran salvado al fondo de pensiones.
Responsables de la quiebra. La causa principal no es la demografía. Desde hace décadas se sabía que la población costarricense envejecería. La quiebra del IVM se debe a la ausencia de reformas. Una tras otra, las presidencias ejecutivas de la CCSS han sido víctimas de una incompetencia cada vez mayor para el manejo de un fondo público. Mientras tanto, las juntas directivas han estado secuestradas por mandos medios que, con el afán de mantenerse en sus puestos, no han tenido empacho en esconder el caos que se avecina cuando el gobierno tenga que hacerle frente al pasivo fiscal derivado de un régimen de pensiones quebrado.
De forma extraña, en el último año y medio, la Superintendencia de Pensiones (Supén) ha sido cómplice de una dilación innecesaria, pues en su retórica de “acompañar a la CCSS” atrasó las reformas al plegarse a sus intereses de posponerlas idealmente hasta la próxima administración de gobierno, al negarse a aceptar los resultados del estudio Melinsky. Desde que Nathal realizó el primer estudio independiente al IVM (2007), los resultados no han sido materialmente distintos a lo encontrado por Melinsky (2014) o la UCR (2016).
¿Cuál es el costo para el país, en términos de déficit fiscal y pobreza de adultos mayores de este retraso innecesario? ¿Asumirán la culpa los responsables de este descalabro o continuarán sentados recibiendo su salario todas las quincenas? Como se dijo hace años, en pensiones el tiempo es oro y reformas que antes eran factibles ya no lo son.
Propuestas de la UCR no son soluciones. Las tres principales reformas propuestas por la UCR, aumentar la edad de pensión a los 70 años, aumentar la cotización al 26% y bajar las pensiones al 40% del salario de referencia, no son viables para Costa Rica y no hay tiempo para implementarlas.
Además, existe el riesgo de que al final se llegue a una reforma parcial, como en el 2005, y que dentro de unos pocos años caigamos de nuevo en cuenta de que tenemos un problema mayor.
Algunas de las propuestas de la UCR podrían equilibrar el IVM, pero no logran evitar un aumento en la pobreza durante la vejez, lo cual es un objetivo central de un fondo de pensiones público de reparto.
Aumento en la cotización. Esta es la menos viable de las tres propuestas. Todos los estudios de la CCSS, y ahora el de la UCR, asumen que el comportamiento de las personas no cambia cuando le aumentan sus cargas sociales. La evidencia muestra todo lo contrario, cuando las cargas son muy altas, la gente evita el pago del impuesto. En el caso de pensiones, consiste en tirar a la gente a la informalidad, lo cual tiene también su impacto negativo sobre el seguro de salud y sobre las finanzas del Estado.
Para un trabajador que paga el 15% de impuesto sobre la renta, el incremento de la cuota del IVM llevaría las cargas sociales a cerca del 66% de su salario. Esto causaría una estampida a la informalidad, y, como ocurre en otros países de América Latina, causaría un fraccionamiento del mercado laboral y una precariedad mayor del trabajo.
De nuevo, expulsar a la gente del IVM puede ayudar al régimen a sostenerse, pero causa pobreza en la vejez. Tal y como es visto en países más pobres que Costa Rica, el aumento de la cotización hará que prácticamente permanezcan en el fondo de pensiones los funcionarios públicos, con el agravante de que en Costa Rica un grupo importante de ellos está cubiertos por regímenes abusivos e insostenibles, como los regímenes con cargo al Estado y el Fondo de Pensiones del Poder Judicial.
Aumento en la edad a 70 años. Esta es quizá la medida más ingrata para los afiliados, pues se les está diciendo que una forma de equilibrar el IVM es esperar a que más gente se muera. Hoy, la probabilidad de que un tico llegue a los 65 años es del 83%, mientras que si se aumenta la edad a 70 años, esa probabilidad cae a un 74%. En otras palabras, la propuesta de aumentar la edad de pensión estaría causando que un 10% menos de ticos disfruten una pensión para la que cotizaron 30 o más años.
Además, no es conveniente aumentar la edad de pensión sin resolver las fallas en el mercado laboral que hacen que sea muy difícil conseguir empleo después de los 45 años de edad, lo cual reduce el porcentaje de tiempo cotizado después de esa edad.
Estas políticas tardan años en ser efectivas y cuestan recursos públicos. Por tanto, el incremento en la edad de pensión también llevará a más desempleo y pobreza en la vejez. Es más, existe una relación directa entre expectativa de vida e ingreso de la persona, por lo que un aumento en la edad de pensión causaría una redistribución de riqueza de pobres a ricos.
Disminución del monto de pensión. La propuesta consiste en reducir el monto de las pensiones futuras, no las ya otorgadas, en una tercera parte, del 60% actual a un 40% del salario de referencia. La tasa de cotización en Costa Rica es muy baja, pues cálculos actuariales muestran que con la cotización actual del 8,5% se puede aspirar a algo más del 30% de pensión y los pensionados están recibiendo, en promedio, un 60%.
El problema es que la reducción de la pensión no garantiza que ese porcentaje se mantenga en el futuro, pues seguirá siendo un sistema de reparto, o sea, lo que se recauda se usa para pagar pensiones otorgadas hoy y luego veremos qué pasa en el futuro.
La interrogante es quién cotizaría para un régimen quebrado hasta un 26% de su salario para recibir una pensión inferior al 40%. De nuevo, la propuesta incentiva a pasarse a la informalidad.
Reformas al IVM. En un próximo artículo expondré qué soluciones podrían ser viables para el país, tomando como base las mejores experiencias internacionales, pero adelanto que no se trata de virar a un único sistema de capitalización individual, ni el absurdo de pensar que el problema se resuelve nacionalizando los fondos privados de pensiones y el fondo de cesantía (FCL).
Sí involucra desligar la administración de las pensiones de la CCSS hacia una institución que cuente con actuarios de verdad y sea manejada con criterios técnicos.
Hay que empezar por aceptar que el IVM está en fase terminal, lo mataron sus administradores ineptos.
El autor es exsuperintendente de pensiones.
