EscucharLONDRES – Ha pasado un año desde que el excontratista de Inteligencia, Edward J. Snowden, empezara a revelar la magnitud de la vigilancia masiva por Internet que realiza la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Sus revelaciones han ocasionado la indignación del público y provocado fuertes reproches de aliados cercanos a dicho país, como Alemania, lo que desdice así supuestos ingenuos sobre cuán libres y seguras son en realidad las redes de telecomunicaciones e Internet. Snowden por sí solo cambió la forma en que las personas consideran sus teléfonos, tabletas y laptops, y desencadenó el debate público sobre la protección de los datos personales. Lo que no han logrado sus revelaciones es provocar reformas sustantivas.
Sin duda, el presidente estadounidense, Barack Obama, alentado por una alianza entre organizaciones de la sociedad civil y la industria de las tecnologías, ha emprendido algunas acciones. En un discurso de enero, aunado a una directiva de política presidencial, Obama ordenó a los espías de su país reconocer que “todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, y que todas las personas tienen intereses de privacidad legítimos en el control de su información personal”.
Algunos avances, sin precedentes en el oscuro mundo de las agencias de inteligencia, han acompañado este compromiso retórico de privacidad. Cuando las compañías de tecnología demandaron al Gobierno por revelar detalles sobre las solicitudes de información de inteligencia, la Administración Obama cedió y respaldó un acuerdo que permite hacer informes más detallados. En el marco de este acuerdo, las compañías tienen la opción de publicar cifras sobre las solicitudes de información de datos de parte de las agencias de inteligencia en rangos de 250 a 1.000, según el grado de desagregación de los tipos de solicitudes.
Aunque esto representa un paso adelante, falta mucho para tener un sistema adecuado, pues hay enormes lagunas que prohíben otorgar informes sobre algunos de los programas más sobresalientes de la NSA (siglas en inglés de la Agencia de Seguridad Nacional), como la serie de registro de llamadas telefónicas obtenidos en virtud del artículo 215 de la Ley “Patriot” de los Estados Unidos. Asimismo, Obama se ha demorado en lo que se refiere a las principales recomendaciones del grupo de revisión independiente, que él designó. Además, la Ley “Freedom” de los Estados Unidos, que se creó para frenar la recopilación masiva de datos telefónicos de los estadounidenses, se ha diluido por una serie de enmiendas que permitirían al Gobierno seguir recopilando metadatos de millones de individuos, sin su consentimiento. Estos metadatos –que incluyen con quién hablamos, cuándo y cuánto tiempo– pueden revelar mucho tanto de nuestras vidas privadas como su contenido mismo.
Peor aún, respecto al resto del mundo, los Estados Unidos han tomado las medidas más enérgicas desde las primeras revelaciones de Snowden. Por supuesto, Snowden divulgó más de las actividades de vigilancia del Gobierno estadounidense que de cualquier otro país. Sin embargo, los documentos también incluían casos inauditos de abuso de autoridad de la Oficina de Comunicaciones del Gobierno, la agencia de inteligencia de señales del Reino Unido e información sobre intercambio de inteligencia en la llamada red “Five Eyes” entre los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los acuerdos que rigen el acopio e intercambio de información de inteligencia entre estos Gobiernos siguen siendo secretos celosamente guardados.
En el Reino Unido, el debate parlamentario sobre las prácticas de vigilancia ha sido mínimo, en el mejor de los casos. Además, no solamente las leyes canadienses prohíben a las compañías dar cualquier información sobre peticiones de datos del Gobierno; el primer ministro, Stephen Harper, ha nominado a un abogado que realizó su carrera como asesor de agencias de inteligencia, comisionado oficial de asuntos de privacidad, lo cual provocó el enojo de activistas.
Algunos países han intensificado incluso sus actividades de vigilancia. Inmediatamente después de las revelaciones de Snowden, el Gobierno francés incluyó furtivamente en un proyecto de presupuesto militar la facultad de aumentar considerablemente la vigilancia gubernamental de Internet, incluso por motivos “comerciales”. Las críticas del Parlamento Europeo contra la vigilancia masiva que se practica en el Reino Unido, Suecia, Francia y Alemania (y probablemente pronto también en los Países Bajos) parecen no tener demasiada importancia para los Gobiernos nacionales.
Este mes se cumple el 800 aniversario de la firma de la Magna Carta. Las revelaciones de Snowden han impulsado también un nuevo movimiento para crear “cartas de derechos” de Internet por países, en las que se establezcan los principios de la privacidad, la libertad de expresión y de anonimato responsable. En un emotivo discurso pronunciado en las Naciones Unidas en septiembre pasado, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, colocó a su país a la vanguardia de este movimiento al promover el histórico proyecto de ley del Marco Civil brasileño.
No obstante, el proyecto incluía el requisito de que las compañías de Internet tuvieran sus servidores en Brasil, supuestamente para proteger la información de las miradas indiscretas de las agencias estadounidenses de inteligencia y facilitar al mismo tiempo el acceso de las agencias de aplicación de la ley y de seguridad brasileñas a esa información. Afortunadamente, los legisladores brasileños excluyeron esas disposiciones del Marco Civil final, que se adoptó en abril.
Lamentablemente, otros Gobiernos amenazan con imponer requisitos obligatorios similares de localización de datos. Dichas reglas no solo van en contra de los principios fundamentales de una infraestructura de Internet abierta e interconectada, sino que también crean nuevos riesgos de privacidad. Además, no contribuyen en nada a solucionar el problema básico de restringir el acceso del Gobierno a los datos personales que tienen las empresas privadas.
La forma en que las empresas de todo el mundo respondan a las revelaciones de Snowden tendrá un profundo impacto en los derechos de sus usuarios. Hasta el momento, algunas han adoptado el enfoque adecuado al presionar por una mayor transparencia y, al mismo tiempo, reforzar la codificación de sus redes para cerrar la puerta a las agencias de inteligencia.
Empresas en el sector de tecnologías de la información y la comunicación han adoptado los informes de transparencia como un estándar del sector. Sin embargo, deberían unirse más compañías de telecomunicaciones y fabricantes de hardware a empresas de Internet y partidarios de derechos de privacidad para crear una amplia coalición de reforma.
Hace un año, Snowden alertó al mundo sobre las violaciones atroces de los Gobiernos a la privacidad de las personas. Les corresponde a la industria de la tecnología, las organizaciones de la sociedad civil y el público en general mantener la honestidad de los Gobiernos mediante la realización de reformas, que son tan necesarias. Solamente así Internet puede ofrecer el regalo de libertad que durante largo tiempo ha prometido.
Mark Stephens es presidente independiente de Global Network Initiative. © Project Syndicate.
