Los votantes deben informarse sobre la trayectoria de quienes se están postulando

 2 febrero, 2016

Una de las arterias principales de la red vial de San Rafael de Escazú es ruta nacional. Eso significa que para tener un semáforo en una de sus intersecciones más peligrosas, o para cambiar de lugar una parada de buses, puede ser que se deban esperar varios años, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene acumuladas cientos de solicitudes de ese tipo a lo largo y ancho del territorio nacional.

Ese es solo un pequeño ejemplo de la cantidad de asuntos de naturaleza local que no pueden resolverse con agilidad, ni con visión comunal integrada, debido a nuestro añejo modelo de gestión y de toma de decisiones altamente centralizado.

En los países desarrollados, los gobiernos locales manejan áreas fundamentales para la calidad de vida de la comunidad, como la atención primaria de salud, los programas de vivienda social, la gestión de la red vial y del tránsito, la recolección de impuestos sobre la renta y la construcción de centros educativos.

En los últimos 15 años, el país ha ido creando condiciones para fortalecer financiera y funcionalmente a los gobiernos municipales. Y así debe ser porque las autoridades locales son las más cercanas a nosotros y conocen, de primera mano, nuestras necesidades. Esa proximidad propicia una mayor apertura y receptividad hacia las demandas de los ciudadanos.

Estos gobiernos deben poder resolver gran cantidad de ellas y ser, a la vez, el puente con la administración central para los temas que sobrepasan lo municipal o que requieren atención nacional. Esas mismas condiciones facilitan que los ciudadanos tengamos mayor incidencia en las decisiones locales.

El cambio hacia el modelo descentralizado es, por lo tanto, deseable; pero debe hacerse responsablemente. Aún nos falta mucho camino por recorrer, y la culminación del proceso no depende solo de las decisiones que se tomen a nivel central para ceder competencias y recursos. El papel de los ciudadanos es clave.

Votar y fiscalizar. Los electores tenemos el poder de decidir que los gobiernos municipales sean ejes de progreso con transparencia y eficiencia y no patronatos irrelevantes ni fábricas de embutidos. ¿Cómo? A través del poder del voto y de la posterior fiscalización del trabajo de quienes resultan elegidos.

Elegir personas íntegras, competentes y comprometidas para cada cargo del gobierno local es un paso fundamental para que la descentralización de competencias llegue a ser eficaz y beneficiosa.

En el caso de las elecciones municipales, los ciudadanos contamos con una facultad que no tenemos en el ámbito nacional: la de reelegir a los alcaldes que han hecho uso eficiente de los recursos y han conseguido que sus cantones mejoren en términos de desarrollo humano y económico.

El reverso de esto es la facultad de quitar a los que no sirven, no permitirles seguir en el poder; esta potestad es, ni más ni menos, la virtud cardinal del sistema democrático, el factor que hace de la democracia el mejor modelo de organización social.

Los primeros obligados a purificar el sistema de personas indeseables son los partidos políticos, operadores naturales de la democracia; escoger, capacitar y promover a las personas más aptas y decentes de su estructura partidaria es una de sus responsabilidades elementales.

Lamentablemente, la mayoría de los partidos no han hecho la tarea. Como consecuencia, no solo hay muchos ineptos ocupando cargos de decisión, sino también personas con un historial nebuloso y contrario a los valores democráticos.

Según la prensa, el 70% de los 45 actuales alcaldes que buscan reelegirse en estos comicios municipales tienen causas penales en su contra por delitos como falsedad ideológica, peculado, malversación de fondos y nombramientos ilegales.

Mientras no estén condenados, prima el principio de inocencia; sin embargo, los partidos políticos no deberían presentar candidatos con procesos penales pendientes; al hacerlo, se desacreditan a sí mismos y merman la confianza ciudadana en la democracia.

Votante informado. Esto nos impone a los votantes mayor obligación de informarnos de la trayectoria de quienes se están postulando en nuestro cantón. Un votante informado y selectivo, que rechace contundentemente a quienes tienen acusaciones penales, es una forma de exigir a los partidos que en adelante cumplan su responsabilidad elemental.

Tenemos a la mano amplia información sobre las propuestas de cada partido y de cada candidato en la página oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. También contamos con el índice de gestión municipal, presentado en julio pasado por la Contraloría General de la República, para saber la calificación obtenida por quienes están buscando la reelección.

Las redes sociales nos permiten conocer los perfiles de la mayoría de los candidatos. No hay excusa para no informarnos debidamente e ir el 7 de febrero a votar por quien mejor pueda cumplir las aspiraciones que tenemos para el cantón en el que vivimos. Esa es la parte que nos corresponde a los ciudadanos para apuntalar el desarrollo nacional a partir del desarrollo local.

Las autora es abogada.