Los gobiernos deben adoptar medidas osadas si no desean que los “olvidados” queden atrás

 12 mayo

LONDRES – Si todo lo demás falla, inténtese lo que antes era impensable. La mayor parte de las veces no es un mal principio de política económica, y puede que sea justo lo que se necesite hoy: muchos países occidentales (ciertamente, Estados Unidos, Japón y Alemania, y probablemente el Reino Unido, y pronto gran parte del resto de la eurozona) deberían impulsar la intervención directa del Estado en las negociaciones salariales, especialmente para quienes ganan menos.

Japón ha destinado los últimos 15 años a luchar con un débil crecimiento, una demanda interna anémica (especialmente entre las familias de menores recursos) y la cada vez mayor desigualdad y pobreza. En EE. UU., hoy predominan condiciones similares; de hecho, ayudaron a la elección de Donald Trump como presidente al crear un grupo suficientemente grande de lo que con bastante razón llamó “estadounidenses olvidados”. Y antes de su victoria, condiciones similares llevaron a los “rezagados” británicos a votar por el brexit.

Sin un importante aumento de los salarios (principalmente salarios mínimos obligatorios) el populismo seguirá prosperando y la mayoría de las economías occidentales seguirán bajo el yugo de un crecimiento lento. La desigualdad seguirá aumentando, no solo en cuanto a ingresos y riqueza, sino también de percepción sobre la influencia. Y la tentación de buscar soluciones cortoplacistas (como cerrar fronteras y adoptar medidas proteccionistas) se volverá irresistible.

Sin embargo, la sugerencia de que los gobiernos deberían tomar la iniciativa para elevar el precio de la mano de obra menos calificada probablemente se reciba con las cejas arqueadas y comentarios en voz baja de que debo de estar loco. ¿No sé que si se aplican salarios más altos nos arriesgamos a elevar el desempleo? ¿No he escuchado sobre el “despertar de los robots” y el creciente poder de la automatización, en términos más generales, para destruir empleos? ¿No creo en las soluciones de mercado?

La respuesta a las tres preguntas es “sí”. Pero las políticas se deben adaptar a las condiciones y reflejar las opciones entre los intereses de los diferentes grupos que compiten entre sí (de hecho, la política gira precisamente alrededor de eso). Y las condiciones actuales, junto con los intereses de los “rezagados”, indican que lo una vez impensable se ha vuelto esencial, si es que no inevitable.

La principal razón por que los gobiernos vacilen ante la perspectiva de intervenir en la fijación salarial es el recuerdo de los fallidos controles de precios y salarios durante el periodo de alta inflación de los años 70, controles que dieron origen a distorsiones problemáticas y de gran calado. Pero una segunda razón, y más actual, tiene relación con el cabildeo de las empresas que argumentan que la competitividad corporativa depende del trabajo barato. Los gobiernos también tienen su propio interés que considerar, ya que a menudo el sector público da empleo a muchos trabajadores por el salario mínimo.

Sin embargo, es hora de armarse de valor. Las medidas fiscales (como recortar impuestos o elevar el gasto público) están demasiado limitadas por la alta deuda pública para servir de mucho en el estímulo de la demanda, y los intentos de usarlas para redistribuir recursos de los ricos a los pobres han creado sus propios problemas. La política monetaria (en especial, los vastos programas de “facilitación cuantitativa” de impresión de dinero impulsados por los bancos centrales en los últimos años) también ha perdido espacio en horas que aumenta la inflación y los balances de los bancos centrales alcanzan tamaños antes nunca vistos. La intervención salarial es prácticamente la única opción que queda.

Más aún, es probable que los riesgos de elevar el salario mínimo no sean tan altos como parece, no al menos por ahora. No hay duda de que hay tiempos en que pueden conllevar una reducción del empleo, pero hoy no es así: países como Estados Unidos, Japón, Alemania y el Reino Unido están prácticamente con pleno empleo.

El riesgo que existe en estos países no es que haya más paro, sino que los salarios se congelen, causando así que la demanda de los hogares se mantenga baja o crezca solamente de manera marginal e impidiendo con ello la inversión empresarial. En los Estados Unidos, los bajos salarios en los quintiles inferiores del mercado laboral han desalentado a millones de personas en edad laboral de siquiera buscar empleo. Ciertamente eso puede ayudar a reducir el índice de desempleo oficial, pero aporta poco a la economía.

El salario mínimo federal estadounidense de $7,25 por hora es un tercio inferior en términos reales (ajustado a la inflación) que su punto máximo en 1968. El salario mínimo legal promedio de Japón de ¥823 ($7,40) por hora es poco mayor. Incluso en los lugares donde las autoridades han dado pasos para elevar los salarios mínimos (el Reino Unido desde el año pasado, así como estados de EE. UU. como California y Nueva York, que apuntan a un techo mínimo de $15 por hora para el año 2020), no están avanzando lo suficientemente rápido ni lejos. Japón está elevando su salario mínimo solo ligeramente por encima de la inflación.

La desigualdad sigue siendo el azote de nuestra era, en que el poder de negociación de los trabajadores menos cualificados se ve gravemente socavado por la automatización y la competencia de los países en desarrollo. Los gobiernos deben adoptar medidas más osadas si no desean que los grupos “olvidados” queden atrás ni desafectados permanentemente.

En los años 60, el plan de “duplicación del ingreso” de Japón ayudó a que el país desarrollara una economía de consumo. Tal vez haya llegado el momento de lanzar un programa de “duplicación del salario mínimo”, con implementación a lo largo de unos cuantos años a fin de dar a las empresas la oportunidad de ajustarse. Para los gobernantes que han recibido el apoyo financiero de los muy ricos y el electoral de los rezagados, un plan así tendría todas las de ganar en términos políticos. ¿Interesado, presidente Trump?

Bill Emmott, editor en jefe de ‘The Economist’, es presidente de la Fundación Wake Up. © Project Syndicate 1995–2017