La naturaleza no se puede cambiar por decreto

Política de salud mental totalmente desconocida, porque lo aducido no es más que un mero pretexto ya que no consta en ningún decreto y que en ningún caso podría referirse a los terceros no participantes en el espectáculo, ni ser irracional, como se aduce.

Es obvio que quienes se entretienen son los que están ahí y no quienes sufren el escándalo que producen tales espectáculos. No solo en esto, sino en todo lo demás, el ejercicio de derechos o facultades nunca puede ir en perjuicio de terceros. Los aficionados a los distintos espectáculos no son una excepción.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus Guías para el ruido urbano , claramente establece que “para descansar apropiadamente, el nivel de sonido equivalente no debe exceder de 30 dB(A) para el ruido continuo de fondo y se debe evitar el ruido individual por encima de 45 dB(A)”.

O sea, que el límite de 45 decibelios en las horas nocturnas es máximo y tampoco configura el nivel permisible del ruido de fondo.

En todo caso, si la fisiología humana requiere del descanso a partir de las 8 de la noche, el Gobierno no puede cambiarla en ninguna forma, ni por decreto ni por ley, y al intentar hacerlo no solo violenta el sentido común, sino también las reglas constitucionales que protegen salud y vida, y el apego necesario de las normas a las reglas de la racionalidad y del respeto a los derechos de terceros.

Las normas tienen que apegarse a las reglas de la fisiología humana y no ir contra esta porque entonces atenta contra el artículo 50 constitucional que segura el derecho a un ambiente sano, y al 21 que protege la salud y la vida.

Los espectáculos –y el ingreso por alquiler del estadio– no se afectan, porque si requieren empezar más temprano, se programan para fines de semana.

Los funcionarios del Ministerio de Salud, en aplicación de las reglas de la OMS, consagradas en el Reglamento sobre ruidos , procedieron apropiadamente al ordenar que no se sobrepasasen las reglas diurnas en horas nocturnas. Para doblarles el brazo, y con ello perjudicar la salud pública de los vecinos afectados, el Gobierno en una forma demagógica retuerce la norma con una actitud populista.

De nuevo se exhibe la demagogia y la apariencia como forma de gobierno, al igual que se hizo cuando se demolió el antiguo estadio en vez de dejarlo exclusivamente para los juegos y el entrenamiento de las ligas infantiles, que carecen de un lugar apropiado. Por lo que deben hacerlo en canchas abiertas, que en invierno son barreales y en verano polvazales.

La mejor, si no la única forma de fomentar el buen futbol en el país, es cuidar a los talentos desde que empiezan a jugar en tales ligas. Tal fórmula le permite a Holanda ser una potencia futbolística mundial, pese a tener unos pocos millones de habitantes más que Costa Rica.

Si así se hubiese hecho, habríamos tomado el mejor camino para que Costa Rica deje de exhibir el lamentable futbol que ahora tiene y que cae ante los vecinos más débiles de Centroamérica.

Pero no. En otro alarde de demagogia y de exhibir engañosamente las apariencias, se destruyó el antiguo estadio para poner ahí innecesariamente el nuevo, que por su gran tamaño respecto a su ubicación, no cumple con las reglas sobre la salud pública y tampoco con las de la FIFA sobre estadios nuevos, porque estas exigen un área mucho mayor para que los estacionamientos de los espectadores y otros servicios queden alrededor el estadio, así como que se ubique fuera de las áreas urbanas, y no como se hizo, en pleno centro de la ciudad, que tal es la condición del Parque Metropolitano La Sabana, ahora urbanizado en todos sus costados.

El Estado tenía a su disposición para el nuevo estadio otros terrenos ya de su propiedad, fuera del centro, y que cumplían con todos los requisitos: uno frente a la autopista a Alajuela, frente al residencial Cariari, y otro en Pavas en la antigua finca La Caja. Pero, para no atrasar unos meses el proyecto, en un alarde de soberbia, el anterior Gobierno no quiso enmendar el error.