10 enero, 2015

En su campaña por desvirtuar la actividad arrocera ante la opinión pública, La Nación recurre a varios estudios, con el fin de presionar al Gobierno a que libere el precio del arroz y no incremente el arancel de importación del arroz pilado, basando sus argumentos en el beneficio de los consumidores más pobres.

En su última publicación “Liberar los precios del arroz”, editorializa citando como fuentes cuatro estudios (BID, IICE, Bernal Jiménez y Unctad) que contienen errores básicos de conocimiento sobre la regulación de precios del arroz, por lo que la validez de sus racionamientos son muy pobres.

Respecto al estudio del BID, se debe indicar que existe una advertencia institucional de que “las opiniones expresadas en esta publicación son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa”.

La Nación cita el estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE), vetado por Conarroz, tras comprobarse que está viciado de conclusiones erróneas, las cuales hemos hecho públicas.

Sobre el estudio de Bernal Jiménez Chavarría, no es más que el punto de vista de uno de los principales importadores de arroz pilado bajo la empresa Mercasa, de la cual él es secretario, y cuyo presidente es Bernal Jiménez Monge, quien a su vez es el presidente del Partido Liberación Nacional (PLN).

Con respecto al estudio de la Unctad, se solicitará a ese organismo si ellos avalan esa publicación para que no vaya a suceder lo mismo que con el estudio particular de unos autores que La Nación toma como oficial del BID.

En su añeja cantaleta, ese matutino no tiene ningún interés por defender a los consumidores, principalmente a los pobres, sino que su posición es proteger los intereses de los importadores, que sí resultarían afectados por las decisiones que tomaría un Gobierno que anunció en campaña la defensa de la producción nacional agrícola. Esto, en concordancia con la poca generación de empleo de la zona rural, los índices de pobreza en las regiones agropecuarias y el crecimiento económico de nuestro país.

Habla La Nación de un gravamen que pagan los consumidores y hacen una distribución antojadiza y sin sentido. De todos es conocido que Costa Rica es un país caro y no por eso se les ocurre que hay que mandar los turistas a otro país, por ejemplo.

En una actividad regulada no se puede poner el precio que se quiere, por lo mismo es regulada, y los márgenes de utilidad están de la misma forma establecidos de previo. La diferencia en el precio se aplica al consumidor al hacer un mix de precio: precio promedio entre la producción nacional y la importación del desabasto.

No existe ningún gravamen ni subsidio a la producción, industrialización y comercialización de este cereal, tan importante en la alimentación de nosotros los ticos, ya que somos fuente de trabajo y generadores de bienestar social donde más se necesita: en el campo.

Con el respeto a la opinión pública, el sector arrocero continuará con su lucha por defender a productores, industriales y consumidores, de empresas importadoras que no compran un grano de arroz de la cosecha nacional, y se aprovechan del costo de oportunidad en el mercado internacional, cuya oferta es de sobrantes.

A esos oportunistas del mercado es a los que La Nación defiende, porque el aumento al arancel será con la finalidad de proteger nuestra producción de arroz y esto no incrementará el costo del mismo, tal y como han mal informado al pueblo costarricense. El sector arrocero vela por los consumidores de arroz; La Nación , no. Para verdades, el tiempo.

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