La murga de Panamá

Difícilmente Willie Colón y Héctor Lavoe se habrían imaginado que su popular composición a ritmo de salsa anticiparía lo que se ha desatado varias décadas después de que su contagiosa pieza musical se hiciera famosa en todo el continente. La han cantado y arreglado también Rubén Blades, Óscar D'León y creo que la fallecida Celia Cruz.

“La murga de Panamá”, tan rítmica, tan pegajosa, ameniza en estos días los duros momentos de ricos y famosos del mundo entero, citados en los “papeles homólogos”.

El nombre de un bufete de abogados panameño le gana hoy día a cualquier político o fenómeno trendy en las redes sociales en cuanto a “reconocimiento de nombre”.

Cosas de la globalización: somos una aldea global, en la que se piensa globalmente, pero hay que actuar localmente… y así, esta oficina con sede original en Panamá ha sido desnudada y muestra sus “galas” al mundo.

Más allá de esta interesante coincidencia (al menos para mí), entre la pegajosa tonada y la “murga legal”, deseo resaltar algunos aspectos derivados de este verdadero escándalo listo “para ser descubierto”.

Otros analistas han analizado, y analizarán, sus causas, consecuencias y derivaciones para los negocios y las economías urbi et orbi, yo trataré de ver su lado constructivo respecto de la coyuntura nacional.

Es llamativo observar cómo la primera reacción de cada uno de los actores –en sus distintos papeles, porque los hay a múltiples niveles y con diversas responsabilidades– ha sido la de “no tengo nada que ver con esto, la culpa no es mía” y “echale el muerto a otro”.

Hasta uno de los socios principales del bufete hackeado (porque el segundo socio no ha aparecido) se defendió con un símil muy ingenioso: “Nosotros solo fabricamos el 'vehículo legal', lo que hagan los choferes (dueños del 'vehículo') no es responsabilidad nuestra”.

Lo malo es que, además de “vehículos”, fabrican facturas con etiquetas a la medida, oficinas con recepcionistas que a lo mejor llegan a ganar un óscar si aprovechan bien los cursos de actuación que les ofrece el “bufete legal-escuela de artes dramáticas” y, si el cliente así lo quiere, el vehículo puede venir sin “número de motor” para que sea ilocalizable (¿o casi?).

Es sabido que, con distinto grado de cinismo e ilegalidad, estas han sido prácticas comunes por mucho tiempo y especialmente desde la década de los setenta. Lo explican muchas cosas, pero sobre todo el “instinto humano” de pagar la menor cantidad posible de impuestos directos, preferiblemente eludiendo, pero a veces evadiendo.

Esto no hace que estos comportamientos sean legales, pero sí los ubican en el rango de las pulsiones humanas. Son especies paralelas –en otra dimensión y orden de magnitud– de los regímenes de remuneración o jubilación propuestos, “negociados” y aprobados por un mismo sector o corporación en múltiples agencias o entes del aparato estatal en su sentido más amplio. Pero su dimensión lo coloca en otro nivel cualitativo; más grave.

El escándalo es global, pero trataré de “pensarlo localmente” y obtener aprendizajes para avanzar.

Aparte de las reformas a las leyes y prácticas que necesariamente deberán darse para enfrentar lo que ahora ha salido a la luz como comportamiento usual, creo que el momento debe aprovecharse para que todos los sectores contribuyan a sacar adelante una reforma fiscal que incluya tanto el lado de los ingresos (impuestos) como el de los gastos (“disparadores” especialmente) que es urgente en nuestro país y de la que hace tantos años viene hablándose.

Es momento de acercarse, no de distanciarse: en este barco navegamos todos. Los que pasamos de cierta edad, recordamos muy bien cómo la salida a la crisis de fines de los setenta se consiguió mediante una reorganización de reglas económicas que permitieron que nuestro país lograra superarla menos golpeado que el resto del continente; pero el gran aumento de la desigualdad actualmente –que es realmente preocupante– también se debe en parte a un conjunto de ajustes que nacieron ahí.

Parece que ha llegado el momento de empezar a revisar algunas de esas reglas, tomando muy en cuenta la experiencia vivida, de modo que no cometamos excesos ni errores al ajustarlas. Ni Costa Rica ni el mundo son los de 1980, esto es fácil de entender. Pero lo que requiere más cacumen es analizar y entender bien el significado específico que esto conlleva y las políticas y acciones que ello implica.

Hay en la Asamblea Legislativa propuestas de ley que son una buena base para alcanzar un acuerdo integral. El Ejecutivo debe entender que sin garantías de que los nuevos ingresos no se dilapidarán en gasto improductivo y financiamiento de privilegios odiosos no habrá acuerdo. La negociación con las universidades estatales, por ejemplo, es esencial para marcar una dirección. No para afectar programas sino para mejorar eficiencia y resultados.

Los partidos de oposición deben saber que la inacción conduce a un posible abismo fiscal, y por esa vía a uno más general. Está bien que exijan al gobierno cumplir con su responsabilidad y con la tarea de hacer las propuestas duras de control permanente del gasto, pero no para bloquear un arreglo razonable y que convenga al país.

“La murga de Panamá” no debe ser solo motivo para escándalos, chismes, señalamientos, oportunismos, debe ser tomada como una señal de que como país –y por supuesto como región– debemos ser más serios, más rigurosos, más solidarios.

Sigo creyendo que es posible llegar a acuerdos que no necesariamente van a resolver el tema fiscal de modo permanente, pero como viene proponiendo don José María Figueres en su Plan 2021, en estos dos años que restan del gobierno Solís se puede avanzar mucho, para que el próximo gobierno avance más, ojalá acabando la tarea de reordenamiento e impulso, y Costa Rica vuelva a gozar de desempleo del 5% o menos y no del 10% como ahora.

Los próximos seis años son cruciales para concertar y actuar. Creo que es lo que exigen los tiempos y la gente.

El autor es economista.