EscucharDurante dos siglos, Costa Rica ha acumulado inversiones sociales de gran impacto. El Pacto Social Fundamental Interino –nuestra primera constitución– consagró derechos individuales como la propiedad privada.
Desde el siglo XIX, apostamos por el crecimiento basado en las exportaciones agrícolas, desarrollamos una infraestructura capilar de caminos que nos lleva a todo lado y universalizamos la educación. Posteriormente, creamos el solidarismo, el seguro social, las garantías sociales y el Código de Trabajo. Luego se abolió el ejército, invertimos en agua y electricidad antes que muchos y fuimos pioneros en la protección del ambiente.
Así, Costa Rica es hoy el país más eficiente del mundo en convertir su riqueza económica en progreso social para sus habitantes.
Sin embargo, el análisis granular por comunidades no es muy halagüeño. Los cantones costeros y fronterizos muestran niveles de progreso social muy bajos en relación con el Valle Central. Esto significa, de manera general: atención médica básica deficiente, bajo nivel de escolaridad, demanda insatisfecha de vivienda, problemas de agua y saneamiento y una población menos conectada con el mundo.
¿Qué podemos hacer? Para los niveles de progreso social que muestran los cantones fronterizos y de la costa, la mejor política social es el aumento de los ingresos disponibles a través de más y mejores empleos y proyectos complementarios dirigidos a atender las prioridades resultantes. Ciertamente, esto no debería ser una sorpresa, pero por alguna razón no hemos podido dar en el clavo en los últimas dos décadas.
¿Cuáles son las opciones de más y mejores empleos en estas zonas? De acuerdo con sus condiciones socioeconómicas y demográficas no queda la menor duda de que la agricultura sigue siendo la principal fuente de trabajo actual y potencial. Sin embargo, es evidente que no podemos continuar practicando la “misma” agricultura.
Es necesario que Costa Rica “vuelva” a la tierra mediante una estrategia basada en el aumento de la productividad, la ventaja comparativa, la seguridad alimentaria de las familias, la utilización eficiente de los recursos públicos y la coherencia con el desarrollo sostenible.
En un artículo reciente sobre el particular, Roberto Sasso nos contó que hoy el país tiene todas las condiciones para que los agricultores aumenten su productividad mediante el uso intensivo de la tecnología a través de lo que se conoce como la agricultura de precisión.
Igualmente, en el marco del proyecto Visionarios 20/20 , de La Nación, este servidor explicó el éxito de los programas de agricultura liderados por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) a finales de los ochenta, cuando se descubrió la ventaja comparativa del país en varias actividades que hoy lideran las exportaciones del país.
Participación del Estado. Existe un grupo de profesionales de excelencia en el sector público costarricense. Ellos son clave en solucionar las fallas de mercado que impiden la generación de innovación y una mayor tasa de descubrimientos en el sector agrícola.
Hay que usarlos, llevarlos al campo, ponerlos a investigar y a transferir tecnología. Los institutos de investigación adscritos al sector agropecuario y las universidades públicas deben competir por recursos para el fomento de la productividad y ser evaluados con base en resultados.
Desgraciadamente, la política agropecuaria costarricense de las últimas décadas ha promovido la atomización de funciones mediante la creación de “entes públicos no estatales” rigiendo sobre sectores específicos, limitando la capacidad de gestión del Gobierno y diluyendo el impacto y la eficiencia de los recursos públicos.
Estas organizaciones se han concentrado en actividades gremiales y no en el aumento de la productividad. Así que no es un tema de disponibilidad de recursos, sino de estrategia y enfoque.
En esta línea, dos de las instituciones más importantes son las que se encargan de la sanidad agropecuaria. Ellas deben velar por la salud animal y la protección de los cultivos de manera objetiva, independiente y con base en un enfoque científico que privilegie la apertura de mercados y la facilitación del comercio.
Hay que recordar que las mismas autoridades que hoy obstaculizan las importaciones son aquellas que deben certificar la sanidad e inocuidad de nuestras exportaciones. La credibilidad es el activo más importante.
Coherencia. Finalmente, las políticas públicas y las acciones del sector privado deben ser coherentes con el desarrollo sostenible. Un ejemplo de incoherencia es el manejo del agua en el Distrito de Riego Arenal-Tempisque (DRAT), la zona del país con el mayor déficit hídrico y con gran fragilidad ambiental.
En el DRAT se cobran tarifas muy bajas que no reflejan el valor real del agua, basadas en la superficie regada y no en el volumen utilizado. Esto ha incentivado actividades agrícolas extensivas que contradicen la ventaja comparativa del país y con efectos sociales y ambientales negativos.
Afortunadamente, hoy tenemos la información y el conocimiento suficientes para guiar, con base en la evidencia, políticas de desarrollo e inversión agrícolas, que sean propuestas y aplicadas de manera colaborativa por parte de gobiernos locales, instituciones del Gobierno Central, organizaciones de la sociedad civil y las empresas.
El autor es profesor del Incae, director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Clacds).
