EscucharLa marcha de las putas sacó a Costa Rica de su autocomplacencia. Esta autocomplacencia se ha construido históricamente sobre la base de una serie de mitos que poco a poco se van derrumbando. El mito fundante, que se empieza a perfilar desde el siglo XIX, es el de la homogeneidad social y cultural. Esta ficción política de la homogeneidad se sienta sobre una idea muy generalizada en el país y que es sacada como recurso fácil para imponer visiones del mundo y deslegitimar a quienes no las comparten: que todas y todos en Costa Rica somos igualiticos y que quienes se salen de esa norma o son extranjeros, o tienen ideas extranjeras, o son malos costarricenses.
Pero la verdad es que ese mito igualitarista ha sido un poderoso mecanismo de control social y político que parte de una narrativa que es profundamente chovinista, racista, clasista y sexista. Así, se desarrolló una especie de “institucionalidad imaginada,” en palabras de Carlos Sojo, que no pretendía construir una ciudadanía crítica, sino consumidores y consumidoras de una visión idealizada de su historia y de su realidad.
Como ya lo han demostrado diversos estudios –por ejemplo, Igualiticos del mismo Sojo (2010) y La institucionalidad ajena de Manuel Solís (2006)–, Costa Rica es democrática en la superficie, pero por debajo es una sociedad autoritaria e intolerante, con un importante excedente de represión caudillista y patriarcal. Desde 1938, antes de partir al exilio, ya Yolanda Oreamuno decía que la democracia tica era bien distinta de la democracia en sí .
Aunque Costa Rica nunca ha sido la sociedad homogénea e igualitaria que nos cuenta el mito, durante gran parte del siglo XX, por medio de la negación de las diferencias, de la exclusión y de la estigmatización, se preservó esa visión idílica que tenía como referente a la “Suiza centroamericana”, con sus labriegos sencillos, sus valores únicos y sus costumbres vallecentraleñas.
Fuertes cambios. Sin embargo, en las últimas décadas el país ha experimentado un intenso proceso de transformación social que ha debilitado el mito igualitarista. Fenómenos como la masacre de las siete mujeres en la Cruz de Alajuelita – que no escaparon de su terrible destino a pesar de haber asistido recatadamente a una ceremonia religiosa– el asesinato de Parmenio Medina, el “combo ICE”, los escándalos de corrupción, el agotamiento del bipartidismo, la confrontación por el TLC, entre otros, han puesto de manifiesto las profundas zanjas de esta sociedad.
Asimismo, en la última década, grupos como los pueblos indígenas, las mujeres y las poblaciones sexualmente diversas han irrumpido en el ámbito público, reclamando derechos y mostrando la heterogeneidad social y cultural que de hecho existe.
La marcha de las putas, realizada del pasado 14 de agosto, representó un momento importante en este proceso en el que Costa Rica se sacude de la visión idílica y se enfrenta con una sociedad real, con conflictos de muy diverso tipo, que ponen en confrontación visiones del mundo, valores y aspiraciones. De hecho, la actividad mostró claramente que esta es una sociedad diversa, que no todos ni todas comparten los mismos valores, veneran las mismas cosas, ni están dispuestos a manifestarse dentro de las formas “comedidas” que componen el repertorio político tradicional y socialmente aceptado de este país.
Si bien yo no comparto el uso de consignas que hacen referencia a la violencia –que, por cierto, no fueron el mensaje central de la marcha– ni me pareció estéticamente afortunado el performance del grupo de teatro Sotavento, las entendí como parte de un recurso irreverente, que, bajo los principios de la libertad de expresión, hizo uso de la sátira y de la parodia como mecanismo de expresión política.
Asimismo, la marcha mostró que en este país existe una nueva generación que no está dispuesta a responder con “buenos modales” a instituciones o grupos, como la jerarquía católica, que irrespetan sus derechos, culpabilizan a las mujeres por la violencia que sufren y que desde una posición de poder –y hasta haciendo uso de recursos legales– intentan imponer normas y formas de vida a quienes no las comparten.
Religión y política. Pienso, además, que estas manifestaciones se han exacerbado por los evidentes compromisos de Laura Chinchilla con la jerarquía católica y por el despliegue público de sus creencias religiosas. Creencias muy respetables, siempre y cuando no sean usadas como base para las políticas de gobierno, ni como excusa para negarles derechos a grupos específicos. Porque Chinchilla debería entender que ella no es únicamente la presidenta de los católicos, sino de todas y todos los costarricenses, y que con sus actos en este terreno solo contribuye a fomentar la exclusión de las personas que no comparten sus creencias.
De esta forma, la marcha de las putas cristalizó los malestares de una sociedad heterogénea y de una serie de grupos que demandan una verdadera democracia. No la ficticia e idealizada, sino una democracia no confesional que le dé cabida y reconocimiento al disenso, que garantice derechos, independientemente de creencias religiosas particulares, que honre sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que tome medidas para ir reduciendo ese excedente de autoritarismo caudillista y patriarcal que ha sido siempre la otra cara del mito igualitarista.
