20 junio, 2014

Como en la mayoría de los cambios que se producen en la estructura del Estado, la desconcentración administrativa es un fenómeno jurídico de origen político cuya finalidad (al igual que en el caso de la descentralización) fue incorporar criterios técnicos y funcionales en el manejo de los asuntos públicos.

Además, también pretende facilitar la acción administrativa desburocratizando la ejecución de las prestaciones sociales a través de un manejo independiente del presupuesto destinado a cada actividad desconcentrada.

Sin embargo, en este caso, al igual que en muchos otros, se exageró la dosis y la solución terminó por convertirse en el problema.

La respuesta que aportaba la desconcentración para desentrabar el aparato burocrático para mejorar la eficiencia y eficacia de la actividad estatal es, ahora, un conjunto desordenado de órganos administrativos, constituidos en pequeños e intocables feudos que deambulan sin un norte definido, ejecutando sus propios programas desvinculados del general del Estado.

Control político. A la patología anterior se le suma la independencia financiera y funcional a partir de la dotación de personalidad jurídica instrumental, que permite a estos órganos la ejecución directa de su presupuesto sin pasar por el control político derivado de la tutela administrativa a la que está sujeta toda la administración pública, lo que ha propiciado el uso abusivo e irresponsable (en unos casos) o el despilfarro desmedido de los recursos públicos, cada vez más escasos.

El exceso de órganos desconcentrados en el Poder Ejecutivo impide, formal y materialmente, que el presidente de la República y los ministros de cada ramo, cumplan con el deber de rectoría general y sectorial a la que están obligados en su condición de jerarcas supremos del Gobierno central y descentralizada para, con ese poder de coordinación, asegurar el cumplimiento efectivo de los fines generales con un buen manejo de los recursos públicos.

Con las limitaciones presupuestarias del Poder Ejecutivo derivadas del déficit fiscal, obligatoriamente se requiere de una rigurosa auditoría de resultados de estos órganos desconcentrados para determinar la viabilidad de su permanencia bajo esa modalidad, sin que pesen criterios distintos a los de eficiencia.

Manejo de recursos. La atomización del poder sin control político ni presupuestario atenta contra el derecho fundamental de toda persona de obtener buenos servicios públicos, los que, además de su cantidad y calidad, deben ser oportunos.

El Estado está compelido a realizar los cambios que la dinámica y estructura societaria requiere y está visto que la desconcentración administrativa bajo la modalidad actual: feudalista, irresponsable, con prestaciones deficientes e inoportunas, está lejos de satisfacer las demandas sociales de orden, control, fiscalización, adecuado y transparente manejo de los recursos públicos.

La historia reciente de contrataciones fallidas pero costosas, fortalece la idea de la desconcentración administrativa como un disparador del gasto público y un espacio propio para las negociaciones incompatibles. En este punto del desarrollo jurídico y político del país, se necesita un análisis sereno respecto a los objetivos, fines, costos y beneficios de esta modalidad estructural.

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