5 octubre, 2015

La corrupción en todas las instituciones del Estado es evitable. Ahora disponemos de medios para que no sea “inexorable”, como señala Jacques Sagot en su artículo del pasado 1 de octubre. Esos medios son las tecnologías de la información y la comunicación.

No entraré a discutir si debido a nuestra propia esencia tenemos “vocación de transgresión”. Intentar modificar la naturaleza humana es tarea harto compleja y de resultados siempre inciertos.

Lo que sí es factible y urgente hacer es ubicarla en un adecuado y eficaz marco de contención.

No, no me refiero a preceptos religiosos o éticos, sino a crear condiciones objetivas, concretas y prácticas: obligar mediante una ley a que se digitalicen la totalidad de los procesos directivos, operativos y administrativos de la totalidad de los entes públicos del país. Pero, además, y esto es condición sine qua non, que el 100% de todos esos procesos estén en línea y sean accesibles al escrutinio ciudadano.

Creando los programas informáticos adecuados ( software ) cada trámite, cada opinión técnica que emita un profesional, cada licitación, cada solicitud de viáticos, en fin, todo, absolutamente todo lo que se haga en la Administración Pública se hará visible. Es hacer realmente público lo público.

Y, como lo señalé en un artículo en este diario en julio del 2008, si cada funcionario sabe que lo que hace se hará público, pues tenderá a hacer solo aquello que sea públicamente aceptable. Pero si este factor disuasorio resultara insuficiente, siempre estará constreñido a hacer únicamente lo que el software le permite.

Sin embargo, la obligatoriedad legal de digitalizar y colocar en línea la totalidad de la actividad de absolutamente todos los entes públicos es necesaria, pero no suficiente.

Gente disponible. Se requiere de la existencia de personas interesadas en ejercer la labor de escrutinio ciudadano.

La inmensa mayoría de las personas están ya suficientemente atribuladas y hasta abrumadas con el peso de la cotidianeidad para pensar siquiera en dedicar una parte de su tiempo a fiscalizar su municipalidad o un ministerio.

Sin embargo, existe un grupo humano muy grande, bien preparado, con tiempo libre y además, en muchos casos, necesitados de encontrar una actividad que les dé un sentido de propósito, de utilidad y de importancia: los pensionados.

Mi propuesta es que pensionados formen “grupos de escrutinio ciudadano”, que se podrán conocer como “guecos”, para que ejerzan esa función. Es trasladar a una escala nacional y de manera colectiva, lo que hace “el cobrador de la Caja”.

En nombre del combate a la corrupción, hemos creado un sinfín de leyes, reglamentos, trámites, requisitos, contralorías, auditorías, etc. que no han servido para nada en términos de abatir la corrupción, pero sí han sido muy eficaces en maniatar a las instituciones, en meterlas en una camisa de fuerza reglamentista e inútil que tiene al Estado prácticamente paralizado.

La percepción generalizada de que todo lo público está teñido de corrupción debilita peligrosamente la legitimidad del sistema democrático y dificulta la participación ciudadana.

Abatir la corrupción es urgente para recuperar la legitimidad del sistema y devolverles capacidad de acción a sus instituciones para dar respuesta a las necesidades ciudadanas.

Se puede lograr sin pretender transformar la naturaleza humana. Ahora disponemos de las herramientas que hacen posible el Gobierno Abierto. Como sigo pensando que la mayoría de los políticos son gente honesta, confío en que será posible aprobar esa ley.

Miguel Martí es comunicador.