A lo largo de mis años, que no son pocos ya, he venido observando eun fenómeno social muy interesante, que nos causa mucho daño: algunas de las instituciones que conforman el Estado, al principio, comienzan a trabajar con vigor y cumplen fielmente los objetivos para los cuales fueron creadas. Pero después de algún tiempo se van desgastando, pierden su energía e inician un movimiento hacia el interior, producto tal vez de la ley de la inercia o de una fuerza centrífuga que produce un círculo vicioso.
La causa no la tengo muy clara, pero si sus efectos. El fenómeno podemos llamarlo como queramos, mas lo cierto es que sucede y es como una enfermedad, la cual se apodera de las instituciones y las va paralizando hasta que terminan por “trabajar” para dentro.
Los ejemplos los tenemos a mano, podemos mencionar al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva); esta última es un caso patético, porque no solo trabaja hacia lo interno, sino que, además, está al servicio del sindicato, que, como la hiedra, la tiene maniatada; la secuestró.
Esas instituciones olvidan los objetivos para los cuales fueron creadas: velar por el bien común, el mejoramiento social y el progreso de la comunidad, así como para combatir la pobreza y todos los fines que debe cumplir el Estado.
La Contraloría. Otra institución que no está contribuyendo al progreso y que ha llegado a convertirse en una isla, ni siquiera en un archipiélago, es la Contraloría General de la República.
Me atrevo a afirmar que se ha transformado en un serio obstáculo para el desarrollo nacional.
Con la excusa trivial de que fue creada para impedir los malos manejos en la hacienda pública y combatir la corrupción, con el paso del tiempo, lamentablemente, se ha convertido en un problema más grave que los vicios mismos que generaron su creación.
Como muy bien lo afirma el tratadista chileno Eduardo Novoa Monreal, el derecho no puede ser un obstáculo para el cambio social, todo lo contrario, ha de ser un instrumento al servicio de la sociedad y de las personas que la integran para garantizar el más pleno desenvolvimiento humano.
Las concepciones jurídicas, nos dice el autor, deben satisfacer las exigencias de la sociedad que es dinámica y cambiante.
Oportuno es mencionar, a propósito de la Contraloría, aquel sabio dicho popular que reza así: “La medicina nos resultó más perjudicial que la enfermedad”.
Esa institución ha venido aplicando, sin lugar a dudas, criterios legales sumamente restrictivos, exegéticos, muy conservadores, desconectados totalmente de la realidad social del país, alejados del espíritu del artículo diez de la Ley General de la Administración Pública y del artículo diez del Código Civil, preceptos que contienen el principio rector, a la luz del cual deben interpretarse las normas en favor del interés público.
Proyecto de reforma. Con no poca satisfacción me he enterado de que ya existe en la Asamblea Legislativa un proyecto para reformar la ley orgánica del ente contralor.
No conozco el texto y, en ese orden de ideas, no sé si será necesario también reformar otras leyes conexas, como la Ley General de la Administración Pública y la Ley de la Contratación Administrativa, dado el criterio legalista que ha aplicado la Contraloría, pero este tema se lo dejo a los especialistas en la materia.
En todo caso, ojalá esas reformas sean pronto una realidad, de esa manera los futuros gobiernos, así como las instituciones que conforman el Estado, sobre todo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), podrán realizar obra pública sin los obstáculos “legales” existentes. Todo en aras del progreso y el mejoramiento del país.
La obra pública, además, como es lógico, generará nuevas fuentes de empleo.
Resulta importante indicar, para eviar malentendidos, o erróneas interpretaciones, que lo único que me mueve en este asunto es el interés de Costa Rica; no soy empresario, ni accionista de empresas constructoras, ni tengo parientes en empresas afines.
Soy un abogado retirado y con precaria salud. Mi única motivación es que el país progrese, que podamos hacer obra pública para dejarles a las futuras generaciones una Casa Presidencial digna, con la cual aún no contamos; una nueva carretera a Turrialba para mejorar la zona; un aeropuerto en el sur para desarrollar esa región e incentivar el turismo; un nuevo aeropuerto internacional en Orotina, necesario a muy pocos años plazo; conjuntamente con la ampliación de la ruta 27, ampliar la ruta 32; y contar con un moderno y eficiente ferrocarril eléctrico que conecte a todo el país y con un tranvía metropolitano o algún medio moderno de comunicación en la Gran Área Metropolitana.
Es impostergable que el ICE, orgullo de los costarricenses, siga construyendo, sin ataduras, las grandes obras, algunas faraónicas, como el megaproyecto hidroeléctrico Reventazón en Siquirres, que muy pocos conocen y que entrará en operación en los próximos meses.
El autor es abogado.