24 septiembre, 2014

Regular es mucho más que la suma de una serie de funciones que se señalan de forma dispersa por parte de quienes le piden cuentas a la Aresep. Regular es comprender el entramado que sostiene la prestación de servicios públicos, y que se teje con tan diversos actores que solo el trabajo especializado, minucioso y transparente lo puede sostener.

Por eso, la Aresep está obligada a dilucidar todas las dudas que su labor pueda generar, sobre todo porque la reputación de una entidad estatal como esta es uno de los activos más valiosos para el cumplimiento de sus competencias.

Si bien se han hecho esfuerzos importantes porque la opinión pública conozca, de primera mano. lo que hacemos y los beneficios que trae la regulación en el ámbito de los servicios, con frecuencia se parcela la información de la Aresep y se descontextualizan datos que, al mezclarse con opiniones, inducen a juicios que cuestionan a la Autoridad Reguladora desde apreciaciones dispersas.

Desafortunadamente, el espacio limitado de una publicación de este tipo siempre será insuficiente para profundizar en los grandes temas que ocupan al ente regulador e interesan a los usuarios de los servicios. No obstante, siempre estamos en plena disposición de aclarar todas las consultas que puedan presentarse, ya sea a través de los medios de comunicación o, en forma individual, ante la Aresep.

Desde su creación, la estructura de la Aresep ha estado subdimensionada en relación con las tareas que debe asumir. Cuando el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) se convirtió en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en 1996, su estructura organizativa no varió significativamente, a pesar de que sus competencias aumentaron de forma notable. Pasó de regular únicamente los servicios de electricidad a regular más de 35 servicios públicos distintos, correspondientes a tres sectores: agua, transportes, y telecomunicaciones y energía.

Para reducir la brecha entre la organización existente y la organización necesaria, en los últimos cuatro años la Aresep ha estado sometida a una profunda transformación. Se han creado intendencias sectoriales, con especial énfasis en el fortalecimiento de la regulación de la calidad de los servicios y la supervisión económica y financiera de las empresas. Además, se creó una unidad especializada en diseño de metodologías y desarrollo de la regulación, se perfeccionaron las tareas de atención al usuario, se fortaleció la gestión de recursos administrativos y judiciales, y se creó una Dirección de Tecnologías de la Información. Todo eso, para poner los sistemas institucionales en la tecnología del siglo XXI. Estos cambios, como sucedería en cualquier organización que fortalezca su estructura, han implicado un aumento en la planilla, que obviamente se ve reflejado en un incremento de su presupuesto. Son estos cambios significativos en la Aresep lo que explica, con claridad, el aumento en el presupuesto institucional.

Pero, a cambio, el valor agregado de la gestión de la Aresep ha sido notable y más que compensa cualquier incremento en gastos de operación. Se ha creado un conjunto de programas permanentes en el campo de la fiscalización de la calidad y evaluación de los servicios públicos. Entre ellos, los que evalúan la calidad de las estaciones de servicio de combustible, los planteles de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), las envasadoras de gas licuado de petróleo, el suministro eléctrico, la gestión del Centro Nacional de Control de Energía del ICE, y los acueductos y alcantarillados, especialmente los rurales. Son programas costosos, pero que, indudablemente, tienen una altísima relación beneficio-costo, desde el punto de vista de los usuarios.

Se ha producido un cambio radical en materia de actualización de las metodologías tarifarias. Anteriormente, salvo contadas excepciones, la fijación de tarifas se hacía con base en procedimientos no bien definidos y con altísimo grado de discrecionalidad. El panorama ha cambiado sustancialmente, pues, durante el presente período, se han aprobado 7 nuevas metodologías tarifarias, y otras 16 están en avanzado proceso de desarrollo, así como varias normas técnicas de reglamentación de la prestación de los servicios. Todas, enmarcadas dentro de los esquemas más modernos de regulación.

Hay también mejoras cualitativas en la mayoría de los procesos de fijación tarifaria, en términos de transparencia, rigurosidad y consistencia técnica. Todo esto ha implicado inversión en recurso humano. Pero, a la vez, esos procesos han permitido, por ejemplo, que, en el 2013, se generaran ahorros a los usuarios por más de ¢225.000 millones en el pago de tarifas en los sectores de electricidad, hidrocarburos y agua. Y donde más se notan los beneficios es en las tarifas de autobús, en que se ha evitado que sean cinco veces más altas de lo aprobado hasta ahora.

Para valorar rigurosamente la efectividad del uso de los recursos presupuestarios de la Aresep, no basta con establecer si el presupuesto creció más o menos que la inflación en los últimos años. El aumento en recursos responde al cumplimiento adecuado de los mandatos legales que visionariamente le fueron encomendados. Lo esencial es analizar si los procesos institucionales son eficientes y si esos nuevos gastos se han visto traducidos en beneficios para los usuarios. La Aresep, como entidad pública que es, rinde cuentas interna y externamente sobre estos aspectos, y continúa abierta para seguirlo haciendo con total transparencia.

Y esa misma transparencia es la que se utiliza para la fijación salarial, pues la Procuraduría General de la República, mediante criterio vinculante para la Aresep (C-224-2013, del 15 de octubre del 2013), fue tajante en que, por ningún motivo, el artículo 54 da espacio para utilizar el IPC o cualquier otro índice para fijar los salarios. Tiene que ser, únicamente, con base en los estudios de mercado. Dicho dictamen señaló: “Utilizar un parámetro distinto, como lo es el del costo de vida, para hacer las fijaciones salariales, incluyendo los ajustes a los salarios globales -aunque sea en periodos intermedios–, implicaría desatender el mandato del legislador”.

Lamentablemente, casi ninguna institución pública sigue las políticas de transparencia que sí tiene la Aresep desde hace varios años. La Aresep publica en su página web los salarios completos de todas las clases salariales, tanto por componentes (se incluyen la base y los pluses que reciben) como por salarios globales. Si esta política se hiciera obligatoria para todas las instituciones, se podría constatar que los salarios que se pagan en la Aresep se ubican alrededor de la mitad de la escala.

El ejercicio de la regulación es complejo y requiere conocimiento, compromiso y transparencia. Debe elaborarse con esmero y apego a la ley. Poner el foco sobre aspectos aislados y desarticulados nunca permitirá hacer un análisis preciso y justo de la labor institucional.

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