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El justo medio

Actualizado el 14 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

Nuestra legislaciónno cumple con su función de disminuir la corrupción

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El pasado 28 de agosto, en una publicación hecha por este periódico, se anunció que nuestros vecinos panameños iniciarán la construcción de un metro para ordenar el transporte de esa capital. El primer pensamiento que tuve después de leer la nota fue: ¿Cómo es que pasamos de ser el segundo país en América, en tener alumbrado eléctrico, a lo que actualmente tenemos? ¿Cómo es que “la Suiza Centroamericana” ha descendido en el Índice Global de Competitividad, y Panamá mejoró cuatro posiciones, quedando nosotros por debajo de ellos?

Con el riesgo de resaltar lo obvio, una de las razones que podría explicar este rezago es la corrupción. Los medios de comunicación, cada vez más organizados y más cercanos a la información, se han encargado de ir destapando toda clase de actos inmorales perpetrados por funcionarios públicos. Es así como poco a poco se ha ido desgastando la fe en quienes tienen la importante tarea de representarnos, y la noble labor de servirle al país, labor que cada día se vuelve más inverosímil.

El indudable poder que tienen los medios de comunicación ha influido la labor política de los legisladores, quienes con el afán de lograr popularidad y reconocimiento, se han convertido en reactores de los escándalos, y para apaciguar el espíritu incandescente de miles de costarricense indignados; se dedican hacer leyes para “combatir el escándalo del momento”. El problema es que estas leyes no tiene el interés estadista de solucionar los problemas con fórmulas integrales, y por la premura que supone contestar el escándalo del momento, generalmente no están hechas para que prevalezcan en el tiempo. Por otro lado, muchas personas se ilusionan con estos proyectos y de verdad creen que con esa nueva regulación los pillos van a dejar de robar la plata del pueblo.

Desafortunadamente, resulta que, por el contrario, aun después de aprobadas estas leyes, siguen los truhanes haciendo de las suyas. Buena parte de nuestra legislación, no cumple con su función de disminuir la corrupción, y más bien termina limitando el ejercicio efectivo de la función pública, y la voluntad ejecutiva de sus funcionarios. El resultado ha sido el aumento de legislación que crea trámites burocráticos y engorrosos, y la disminución de nuestro índice de competitividad.

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Lo anterior es muy preocupante, ya que es un sistema que desincentiva el desarrollo. Basta observar las penurias que tiene pasar los inversionistas, con la liturgia de los permisos en las oficinas públicas. Sobre todo cuando tienen que lidiar con funcionarios mañosos, que son capaces de paralizar cualquier proceso. Al final, a los inversionistas no les queda más que darles la famosa “mordida” para que les resuelvan sus asuntos, –porque de otra manera no harán nada– o, en el peor de los casos, terminan yéndose para otros países que les ofrezcan mejores condiciones.

Es así como nos hemos convertido en un país incapaz de encontrar el justo medio. Por un lado está la persecución exacerbada, con la cual se busca sacrificar a cualquiera por cualquier cosa. El fin no es solucionar el problema de raíz, basta tener un chivo expiatorio a quién exhibir, cual cristiano en circo romano. Y en otro sentido, un sistema invisible, que permite a funcionarios corruptos seguir realizando sus actividades sin ningún escrúpulo porque, de alguna manera, han encontrado la forma de trabajar al amparo de una red, a la que no toca ninguna ley ni regulación.

No podemos vivir en un sistema paranoico, que atemoriza a muchos funcionarios buenos, a tomar decisiones por miedo a ser castigados. Pero tampoco podemos permitir que esta red invisible y cómplice siga desgarrando la confianza de los costarricenses en el sistema. No es asunto que se resuelva con una ley, es un problema de más profundidad.

Es necesario un cambio de cultura, en el que se busque un justo equilibrio, un ordenamiento jurídico más balanceado, en el que no paguen justos por pecadores. Pero también necesitamos costarricenses valientes que asuman su propia responsabilidad en la construcción de lo que queremos. Hay que tomar acción y definitivamente no dejar pasar los actos indebidos de otros, porque tan culpable es el que hace como el que calla.

De lo contrario continuaremos viviendo de la remembranza de glorias pasadas, observando desde la ventana el avance de otros países, mientras nosotros permanecemos inmóviles, responsabilizando a otros de nuestros fracasos, y apartados del desarrollo.

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