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Cuando la justicia social es problema

Actualizado el 25 de marzo de 2015 a las 12:00 am

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Cuando la justicia social es problema

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Una serie de noticias aparecidas en los medios noticiosos nacionales han descrito la realidad económica de Costa Rica, si bien ofrece un cuadro difícil de interpretar. La mayoría de los costarricenses estaría de acuerdo en lo que se ha informado, pero ¿las soluciones propuestas por los que reaccionaron a esa información están en consonancia con el tipo de país que deseamos?

No es lindo constatar que Costa Rica es el país más caro de América Latina, pero tampoco es triste saber que es el país más barato en lo que se refiere a las tarifas de la electricidad urbana, la telefonía o el agua: nadie duda que la calidad en los servicios de salud, los estudios universitarios y otras muchas cosas son ejemplares en nuestra región.

Es cierto, sin embargo, que nuestras más grandes contradicciones se dan en el ámbito de la infraestructura y que para las compañías productoras los costos superan a los que tendrían en otros países. Con todo, parece que Costa Rica tiende más al desarrollo que a otras zonas vecinas.

En conclusión, parece ser que el mantenimiento del sistema social costarricense es demasiado oneroso y ese es el punto más controversial.

Análisis en profundidad. Hay que hacer un análisis muy detallado de la situación de la realidad nacional cuando se trata de tomar decisiones políticas. Es cierto que la producción es necesaria para desarrollar y dar bienestar económico a un país, pero su promoción no es el único mecanismo que produce bienestar.

La justicia social es, sin duda, el horizonte más objetivo para determinar si una nación camina hacia el auténtico desarrollo. Esto, empero, no se puede lograr si las distintas fuerzas sociales, económicas y políticas no coinciden en un valor supremo: no podemos avanzar si no es en fraterna y solidaria colaboración. Si la justicia social se convierte en un problema, el sistema económico pierde su razón de ser.

Practicamos otra “economía”. La palabra economía viene de un término griego que literalmente significa “administración de la casa”, el concepto se refería a los esfuerzos por organizar el lugar donde habitaba la familia para garantizar la sobrevivencia de todos sus miembros. Es decir, la concepción originaria de la economía parte de la consciencia de sabernos una sola familia, parte de una misma casa: la tierra en la cual habitamos, la nación que construimos juntos. La justicia, entendida como búsqueda del bien común, es un valor inherente a la economía.

Hoy, a pesar nuestro, la palabra “economía” parece remitir sin más a la ciencia que busca garantizar la ganancia particular (sea de un grupo, una sociedad, una empresa, una persona o una institución social; pero no como realidades relacionadas, sino polarizadas). Por ello, se aduce que la solidaridad es un asunto personal: se refiere al ámbito de la solidaridad específica y particular que quiere ejercer un individuo, que se opone a la solidaridad como principio unificador de la vida comunitaria y, por ende, obligatoria a todo individuo que a ella pertenece trámite su legislación.

La solidaridad comunitaria, en efecto, asume formas institucionales que son garantía del bien común que se proclama necesariamente igualitario y esencial para la vida digna. Pero también es claro que la ineficiencia de un Estado demasiado burocratizado pervierte el sentido solidario en pérdida de recursos, corrupción y politización de los puestos técnicos.

Esto hace que la actividad del Estado sea terriblemente costosa, ineficiente, pierda objetividad y se sume en la inmovilidad. El problema estriba en cómo armonizar conciencia social, desarrollo económico y la transparencia institucional con el consenso en la participación social con miras a la construcción de un proyecto nacional.

Caminos por evitar. Es difícil dar una respuesta simple, pero es más fácil enumerar los caminos por los cuales no se vuelve eficaz semejante fórmula:

1. La polarización política partidista, intransigente e intolerante: un Congreso no puede estar simplemente compuesto de “oficialismo” y “oposición”; debe ser una instancia de búsqueda de consensos basados en las necesidades reales de la población. En lugar de un lugar de obstaculización del Poder Ejecutivo, tendría que ser su aliado en la búsqueda del desarrollo.

2. El Estado no puede volverse ineficiente en la promoción de la educación, ni pretender controlarla toda. La única manera de que un país avance es teniendo una oferta educativa amplia, diversificada y exigente. Mientras la educación siga siendo solo un caballo de batalla político o un espacio para la “formación ideológica”, según los deseos del gobierno de turno, se desatenderán las verdaderas necesidades de la población.

3. Sin un diálogo permanente con las fuerzas políticas y económicas, es imposible un avance significativo en el desarrollo. Pero dicho diálogo debe asentarse en un proyecto compartido de nación. Desde hace tiempo los intereses particulares parecen contradecirse con el bien común; es tarea fundamental del gobierno no presentarse como una contraparte, sino como un instrumento de encuentro. Por ello, el Estado tiene que reconocer sus desventajas, asumir los desafíos que implica su reestructuración y atreverse a tomar medidas que sean resolutivas, aunque conlleve contradicciones con otros grupos de poder que obstaculicen un dinamismo social armónico y una justicia igualitaria.

4. Los proyectos para promover el desarrollo no pueden estar desarticulados entre sí porque simplemente se aprovecha una coyuntura que puede ser pasajera, sin que ofrezca cambios significativos en la realidad social. Una diversificación coordinada de proyectos productivos implicaría más oportunidades de enfrentar los fracasos de otros. No se puede caer en la trampa de una solución de desarrollo ingenua o vacilante.

5. El olvido del campo y de la producción agrícola puede transformarse en un callejón sin salida para mantener un adecuado desarrollo social. Una sociedad que crezca solo en servicios puede dejar en la miseria a muchas personas, lo que implicaría la pérdida de esperanza y de esfuerzo por mejorar.

6. La renuncia a las garantías sociales que se han conquistado solo puede llevar al crecimiento de la pobreza y la marginación. Mantenerlas es obligación del Estado, pero, sobre todo, debe hacerlo con objetividad, sentido de justicia y buscando la automanutención permanente.

7. La pérdida de interés en la promoción de actividades culturas y artísticas de alta calidad destruyen la moral de las personas y las incapacita para generar un pensamiento creativo. Otro tanto se puede decir de la promoción de los estudios científicos o de las materias humanistas. Dar solo prioridad a la producción y al consumo implica encerrarnos en la superficialidad existencial.

En fin, sin la preocupación seria por construir un sistema de justicia social, concordado solidariamente con todas las fuerzas políticas y económicas, que mire al desarrollo integral de todos los miembros de la sociedad, es imposible avanzar hacia un desarrollo sostenible y armónico.

El autor es franciscano conventual.

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