LONDRES – En 2006, Alexander Litvinenko, un exoficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB por sus siglas en ruso), que sucedió a la KGB, fue envenenado en Londres con la sustancia radiactiva polonio 210 (Po-210). Su viuda, Marina Litvinenko, lleva diez años batallando cuesta arriba para que su marido tenga justicia. Finalmente lo logró.
Litvinenko tuvo que hacer frente no solo al Kremlin, acusado de enviar dos agentes a Londres para llevar a cabo el asesinato, sino también al gobierno del Reino Unido, temeroso de arruinar su relación con Rusia. Hace tres años, lloró en las escalinatas del Tribunal Real de Justicia, donde los jueces se habían negado a protegerla de los costos legales, potencialmente altos, que afrontaría si no lograba obligar al gobierno a realizar una investigación.
Pero al final, Litvinenko tuvo su día (en realidad, 34 días) ante el tribunal. Y el 21 de enero, sir Robert Owen, presidente de la comisión investigadora, anunció el veredicto: está “más allá de duda” que dos agentes del FSB, Andrei Lugovoi y Dmitry Kovtun, llevaron a cabo el asesinato, “probablemente autorizado” por el presidente ruso Vladimir Putin.
Las pruebas contra Lugovoi y Kovtun surgen sobre todo del archivo policial, que estableció que los dos dejaron una “pista de polonio” por todo Londres. Se observaron niveles muy altos de contaminación, especialmente en el lavabo contiguo al bar donde Litvinenko bebió el té envenenado y en los dos baños de los cuartos de hotel donde se alojaron los asesinos. Litvinenko no estuvo en ninguno de esos lugares, donde aparentemente los asesinos desecharon los restos de veneno sin usar. Un testimonio permitió establecer que antes del golpe, Kovtun declaró que estaba en misión para “matar a un traidor” con un “veneno muy costoso”.
La comisión investigadora halló que los asesinos fracasaron dos veces antes de cumplir la misión. El 16 de octubre, la mayor parte del veneno se les derramó sobre el mantel, y la dosis ingerida por Litvinenko fue pequeña; el 26 de octubre, todo el Po-210 se derramó en el piso del baño en el hotel donde se alojaba Lugovoi. Finalmente, el 1.° de noviembre, lograron dar a Litvinenko la dosis letal que causó su muerte 22 días después.
A pesar de que el Po-210 deja una pista, es difícil de descubrir si no se le está buscando, ya que emana un tipo especial de radiación llamado rayos alfa, que no es fácil de detectar con equipos hospitalarios y policiales convencionales como el contador Geiger. Litvinenko fue sometido a una prueba de emisión de rayos alfa tres semanas después del envenenamiento, pocas horas antes de su muerte.
En cuanto a la participación del estado ruso, las pruebas fueron aportadas por el MI6 (servicio secreto británico) y se presentaron en una sesión de la comisión a puertas cerradas. Si bien no se han hecho públicas, el Daily Telegraph informa que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos suministró a las autoridades británicas copias de comunicaciones electrónicas entre los asesinos y sus contactos en Moscú. El argumento contra Putin surge de testimonio experto según el cual esa orden no se hubiera dado sin su autorización.
La pregunta obvia es por qué. Aquí, Owen fue menos preciso, ya que señaló diversos factores que pudieron poner a Litvinenko en la mira de Putin, entre ellos su deserción al Reino Unido en el 2000, su estrecha relación con el archienemigo de Putin, Borís Berezovsky, y sus acusaciones de complicidad del FSB en los atentados terroristas que llevaron a Putin al poder en 1999.
Una publicación en el blog de Litvinenko que llama a Putin el “pedófilo del Kremlin”, por la extraña decisión del presidente de besar el estómago de un niño desconocido a la vista de la prensa mundial, también puede haber sido causa de la ira de Moscú.
Pero el motivo más probable del asesinato se relaciona con el plan de Litvinenko de declarar respecto de las conexiones de Putin con las mafias rusas en España, que datan de los noventa, cuando Putin era vicealcalde de San Petersburgo. Como Litvinenko tenía cita para dar testimonio oficial ante un fiscal en Madrid apenas una semana después del envenenamiento, es fácil entender la aparente prisa e insistencia de Lugovoi y Kovtun.
Si Litvinenko hubiera llegado a Madrid, su deposición se hubiera centrado en los vínculos económicos entre los jefes de la mafia Tambov y miembros del círculo íntimo de Putin. Estos secuaces del presidente ruso ahora enfrentan sanciones individualizadas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea por las recientes aventuras de Rusia en Ucrania. Su enriquecimiento ilícito se refleja en una reciente declaración de la Casa Blanca según la cual, Estados Unidos considera a Putin “corrupto”.
Previsiblemente, el Kremlin denunció a Washington por las acusaciones, lo mismo que al gobierno del Reino Unido por la investigación del caso Litvinenko, cuyos hallazgos, a pesar de calificarlos de “broma”, pueden “envenenar” la relación de Gran Bretaña con Rusia. Como siempre, el Kremlin intenta eludir sus responsabilidades apelando a esparcir desinformación y acusar a Occidente de perseguir a Rusia.
Los medios bajo control estatal hasta ofrecieron una teoría alternativa (y totalmente infundada): Litvinenko se “envenenó accidentalmente” mientras manipulaba polonio para el MI6.
Es probable que los acusados del caso Litvinenko no enfrenten consecuencias reales importantes. Putin tiene inmunidad legal total, y se niega a extraditar a Lugovoi y Kovtun para ser juzgados por asesinato.
La respuesta del Reino Unido incluyó conceder a Marina Litvinenko una reunión a puertas cerradas con la ministra del Interior, Theresa May, y el embargo de bienes de los sospechosos. Pero aunque el primer ministro David Cameron condenó el asesinato, también habló de mantener abiertas las líneas de comunicación, porque el Reino Unido “necesita a Rusia” para llegar a una solución en Siria.
Es decir, que el crimen quedará impune. Pero la importancia de revelar la verdad es innegable, no solo por la memoria de la víctima, sino también para que quede claro hasta dónde es capaz de llegar el régimen de Putin.
Este caso (el primer ataque terrorista con arma radiactiva en una capital occidental) será recordado como un hito en la historia de su reinado corrupto y despiadado.
Alex Goldfarb es presidente de la Litvinenko Justice Foundation con sede en Londres. © Project Syndicate 1995–2016