Una justicia como instrumento de desarrollo humano

Con ocasión de la elección de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, es oportuno rescatar el debate público sobre el abordaje de los retos que afronta la Administración de Justicia costarricense. El rumbo de la justicia, en nuestro país, ha estado marcado por un proceso democrático, participativo, con visión de largo plazo e inserto dentro de un ejercicio de planificación que ya tiene más de una década. Esas grandes líneas de acción son producto del consenso de las magistradas y los magistrados, funcionarios y funcionarias de todos los sectores del Poder Judicial.

Si la democracia es concebida como modelo esencial para alcanzar un desarrollo social justo, esa aspiración no será posible sin un sistema de justicia que otorgue seguridad a los valores, principios y derechos en que se sustenta la ideología política de nuestra nación. La justicia debe tomar en cuenta las realidades y retos específicos de nuestro tiempo y tener la capacidad de garantizar, a todo ser humano, el acceso a ella.

Los temas a los que he querido darles un especial impulso se centran, en primer término, en el  mejoramiento del gobierno judicial y la toma de decisiones. Es indispensable delimitar de mejor manera las competencias de la Corte, del Consejo Superior, de las comisiones y de los consejos de Administración, así como las líneas de comunicación entre estos y el monitoreo en la ejecución.

En especial, es urgente continuar con los esfuerzos por democratizar el poder y darle una mayor autonomía a la Judicatura dentro de la toma de decisiones internas. Como parte de la solución, es indispensable garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la Corte, sin reelección sucesiva, así como fortalecer el Consejo de la Judicatura, para que sean los jueces y las juezas quienes nombren y disciplinen a sus pares, sin intervención de la magistratura, que conviene se mantenga sobre las grandes líneas de la política judicial y sustraiga su acción de la administración del día a día, que debe recaer sobre el área técnica especializada de la institución. El Consejo Superior tampoco debe intervenir en el nombramiento ni disciplina de jueces y juezas.

Como bien se ha señalado, el fortalecimiento de la independencia judicial es una obligación constitucional y moral en un país que se precia de ser democrático. De allí que la autonomía de la Judicatura y su participación en temas relevantes de gobierno judicial debe ser una prioridad constante de nuestra Administración de Justicia. También debe serlo nuestro respeto a la división de poderes y a la garantía de todo juez o toda jueza, magistrado o magistrada, de no tener interferencias indebidas en su desempeño y de que cualquier destitución se base en criterios objetivos, regulados por la ley y con el debido proceso.

La independencia en las funciones propias del Ministerio Público, de la Defensa Pública, y del Organismo de Investigación Judicial debe ser revisada y reforzada.

No menos importante es la gran deuda que tenemos con la sociedad por el retraso judicial que se ve impactado por la alta tasa de litigio –la más alta en América– y la judicialización extrema de demandas sociales e individuales.

Otro de los ejes que no puede faltar en una justicia democrática es la transparencia, concebida como un diálogo permanente con la sociedad civil para que esta nos diga qué es lo que  quiere saber y qué es lo que necesita y, con base en ello, fijar las políticas y acciones institucionales.

En este tema se nos ha reconocido internacionalmente, en más de una ocasión, como el Poder Judicial más transparente de Latinoamérica por la calidad y cantidad de la  información  puesta en conocimiento del público a través de los medios informáticos. Sin embargo, nuestra sociedad exige otro nivel de transparencia; uno más maduro y abierto. Un primer paso es el Proyecto de Estado de la Justicia, que he venido impulsando con el Estado de la Nación. La promoción de una cultura de rendición de cuentas y la evaluación del desempeño, a todonivel, es urgente.

Otros temas relevantes que quedan a disposición en la página web de la institución en: www.poder-judicial.go.cr/prensa.

Mi compromiso es continuar con lo bueno que se ha hecho y rectificar en aquellos aspectos que la realidad nacional nos impone.