Por: Armando Mayorga 4 octubre

El daño está hecho. La mala gobernanza en el Banco de Costa Rica (BCR) pasó la factura: la agencia internacional Moody’s bajó la nota a esa entidad por los penosos escándalos. Es posible que esa calificación no impacte por la fortaleza financiera del Banco, pero sí, y mucho, golpea su honorabilidad por la clase de conflictos y decisiones.

Solo este hecho de Moody’s justifica una renuncia de la Junta Directiva por poner al Banco en un vergonzoso descrédito internacional.

En lo nacional, la Directiva, prácticamente elegida por este gobierno (5 de 7) ha demostrado incapacidad para conducir con decoro a una valiosísima institución de los costarricenses.

Por eso, lo mejor era que se fueran por las buenas, pero como aquí nadie renuncia, hubo que sacarlos por las malas, por la puerta de atrás.

Los directores deben admitir que han sido omisos en importantes decisiones.

Por ejemplo, al nombrar a Mario Barrenechea en la gerencia general, con un salario de ¢15 millones, no se preocuparon por abrir concurso público para escoger al más idóneo, sino que votaron por él porque era el candidato de la Casa Presidencial, según les dijo un director.

Lo nombraron sin corroborar quién en Zapote daba la orden o si este mandato era cierto o no pese a que varios no estaban de acuerdo.

En el caso de los créditos para cemento chino y la hidroeléctrica, los pleitos e intereses de cada uno impidieron proteger al Banco de las dudas y los escándalos.

Es más, los directores son responsables de la falta de transparencia al ordenar la destrucción de los audios de lo que hablan en Junta. Esto ha sido un portillo para modificar las actas. Inconcebible, entonces, que de una sesión, vital, porque se teme conflicto de intereses, existan dos textos muy diferentes.

Ante lo sucedido, Barrenechea también, por dignidad, debe irse. Su comparecencia ante los diputados dejó más dudas que aclaraciones.

Lo de Moody’s lo adelantó la Superintendencia General de Entidades Financieras al advertir, entre otros puntos, que la penetración de políticos en la banca pública es un “riesgo”. Y, aquí, sin duda, el responsable es el Consejo de Gobierno. Este Gobierno.

Armando Mayorga es jefe de redacción en La Nación.