Opinión

El juez ordinario con poder constitucional

Actualizado el 09 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Una solución a los problemas de funcionamiento que enfrenta la Sala IV

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El juez ordinario con poder constitucional

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Durante los catorce años que ofrecí mis servicios a la Sala Constitucional de la Corte, tuve la oportunidad de apreciar –y participar- en el enorme esfuerzo que personal de apoyo, letrados y magistrados realizamos para cumplir con el mandato constitucional de “justicia pronta y cumplida” derivado del numeral 41 de la Constitución Política.

Ampliación en el número de sesiones de votación, mecanismos de simplificación para el conocimiento previo de los distintos recursos constitucionales y contratación de personal, son algunas de las medidas que, en ese lapso, se tomaron para ofrecer un servicio de administración de justicia apegado a esa difícil, pero no imposible, meta: prontitud con calidad.

De lo que he podido tener noticia extraoficialmente, actualmente las condiciones en la Sala no han variado mucho. Se han modernizado los sistemas informáticos para digitalizar el contenido de los expedientes para todo el personal de apoyo e incluso se implementó un proyecto de seguimiento al cumplimiento de sentencias estimatorias para verificar la eficacia de las órdenes dictadas por la Sala en sus distintas resoluciones de fondo.

Plausible resulta ese esfuerzo, no hay duda, pero no es suficiente. La Sala Constitucional mantiene, actualmente, una alta demanda de trabajo, focalizada en la atención de recursos de amparo y hábeas corpus siendo, en menor cantidad, la recurrencia en acciones de inconstitucionalidad y consultas legislativas y judiciales.

Indefectiblemente, el quid del asunto no es que la Sala tenga mucho trabajo. Esto más bien es una señal positiva en el fortalecimiento de un Estado democrático de derecho; no obstante, lo preocupante es que, por la alta demanda, el Tribunal Constitucional ve minadas sus capacidades de mantener, y ¿por qué no?, mejorar, la calidad en el contenido de sus resoluciones. Como en muchas ocasiones ha sido objeto de debate por diversos participantes extranjeros de otros tribunales o salas en los Seminarios de Justicia Constitucional, que un órgano como la Sala no debe convertirse en una “fábrica de sentencias” dado que, en materia de justicia apegada al derecho, los resultados óptimos no pueden medirse por la cantidad, sino por la oportunidad de las resoluciones y, sobre todo, su calidad.

Propuestas de reforma. Ante este delicado panorama, de por sí muy resumido, existen movimientos e instancias para que la Ley de la Jurisdicción Constitucional sea reformada, principalmente, para modificar la estructura del actual Tribunal de Derechos Fundamentales sea en cámaras, secciones o, incluso, se ha pensado en Juzgados Regionales Constitucionales para que –conforme a su competencia territorial– conozcan de la materia que nos ocupa.

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La iniciativa, así planteada, podría resultar interesante si se contara con un panorama político, social y económico distinto, pues para nadie es un secreto las enormes dificultades presupuestarias que enfrenta el Estado para hacerle frente a sus compromisos de gestión, al punto de girar medidas de reducción del gasto público, verbigracia, el congelamiento en la creación de plazas nuevas y reducción de presupuestos anuales.

Eso último bien podría ser una lápida para las intenciones de la propuesta de reforma originaria pues claro es que para ampliar el funcionamiento de la Sala se necesita una modificación cuantitativa de su personal y recursos técnicos, comenzando por el alquiler o construcción de instalaciones para albergar las nuevas secciones o cámaras, con la sensible repercusión económica que ello implica.

Aquí aparece la figura del juez ordinario. Su participación sería más que necesaria, determinante, pues a través de una reforma bien meditada y plasmada se le puede conferir la competencia –por la materia y territorio– de conocer asuntos de constitucionalidad dentro de los procesos, ordinarios y sumarios, mediante “Incidentes de Tutela” que las partes presenten ante la evidente lesión a un derecho o garantía fundamental.

Recuérdese que desde 2008, aproximadamente, el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo garantiza la figura del proceso especial preferente o popularmente conocido como “Amparo de Legalidad” proceso sumarísimo para amparar lesiones graves e irreparables en materia de legalidad. De esa forma, bien podría aprovecharse lo dinámico de este instrumento de defensa preferente para matizarse con contenido constitucional, de manera que aquellas actuaciones u omisiones de la Administración que rocen –en forma evidente– con los derechos y garantías fundamentales puedan ser conocidos por la vía contenciosa.

Se aduce, por aquellas personas que refutan esta propuesta, que los jueces ordinarios no están capacitados para ejercer control de constitucionalidad, pero lo cierto es que –para beneplácito del Poder Judicial– existe una escuela interna que ha hecho una laboriosa misión formadora de los actuales y futuros jueces, de manera que tal herramienta debería ser aprovechada al máximo para que estos administradores de justicia estén lo suficientemente capacitados para enfrentar el nuevo reto.

Con tal desconcentración, la idea es que la Sala en pleno quede con la competencia para conocer recursos de hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y consultas judiciales y legislativas, así como aquellas apelaciones calificadas que –por evidente nulidad incurrida por el juez ordinario– sean recurridas por las partes del proceso común.

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Por supuesto que este tema da para mucho más: quedan elementos por fuera del análisis, pero al menos resulta importante concientizar sobre la extrema necesidad de cambiar el modelo de control constitucional actual, pues el ciclo de la Sala Constitucional, como todo en la vida, está llegando a su fin.

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