1 mayo, 2015

Estamos en la era de la revolución digital, que transforma y afecta a la sociedad y a los Estados. Todos deberíamos comprender la importancia de este cambio. No se puede ignorar esta evolución, en particular los Gobiernos, porque son los principales responsables de darle prioridad y los recursos a los cambios necesarios.

Costa Rica no puede seguir atrapada en modelos de desarrollo obsoletos. Toda la estructura del Estado está cuestionada por la cantidad de trámites y la falta de preocupación por el servicio que se les brinda a los ciudadanos.

Tenemos un Estado gigantesco e ineficiente, que creció sin ninguna planificación y donde se duplican funciones; un Estado paralizado y atrapado en una telaraña de leyes y reglamentos, con el agravante de que muchos funcionarios públicos interpretan a su forma y conveniencia cada directriz y reglamento emitidos.

Por otra parte, nadie quiere asumir responsabilidades y para todo se exigen “papelitos”, hecho inadmisible cuando estamos en la era de la información digital, cuando la tecnología, las telecomunicaciones, las redes, la Internet y la computación están transformando el mundo.

Es basado en esta realidad que el Gobierno debe digitalizar todos los procesos y trámites; hacer una reingeniería en estos por agilidad, menor costo, más acceso, transparencia, eficiencia y mejor servicio.

Esta meta exige una agenda que brinde seguridad, confianza y sostenibilidad a largo plazo para ampliar aplicaciones y que reconozca el papel de los medios de comunicación.

Plan prioritario. El decreto 33147 sitúa el proyecto de Gobierno Digital en el nivel prioritario y de interés público. Para desarrollarlo, se creó una comisión intersectorial y una Secretaría Técnica liderada por la Licda. Alicia Avendaño.

La misión encomendada por don Óscar Arias fue brindar servicios de calidad a empresas y ciudadanos, buscar más trasparencia en la gestión pública, reducir costos, rediseñar procesos a base de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación ), mejorar el conocimiento, la infraestructura y reducir la brecha digital.

Este programa fue incorporado y adoptado por el ICE, ante la inoperancia, falta de recursos humanos y financieros en el Gobierno. Los resultado más importantes han sido la creación de Mer-Link para compras del Estado, portal para empresas, permisos de construcción, programa orientado al registro de alimentos, medicamentos, empresas y cosméticos, pago de pensiones y un portal del Registro Nacional.

Quedan pendientes muchos proyectos por desarrollar en salud, migración y educación, así como en otras áreas claves. Es importante destacar que este esfuerzo solo afecta a 7 de las casi 325 instituciones del Estado. Todavía queda mucho camino por ejecutar.

Infraestructura del sector. De acuerdo con la Sutel (Secretaría de Telecomunicaciones ) en el informe 2010-2013, el resultado de la apertura del monopolio del ICE generó que el empleo, la inversión, los servicios y la cobertura se incrementaran en un 127% en esos tres años. Cabe destacar que el 83% de los nuevos suscriptores de teléfonos celulares están en la modalidad de prepago y la penetración es de 151 líneas por cada 100 habitantes.

Por otra parte, es importante señalar que el crecimiento del servicio de Internet pasó de 61% al 88% de la población, mientras que el aumento de Internet en los servicios móviles fue de un 168%. Los servicios de suscripción de televisión aumentaron un 42% con servicios ofrecidos como “triple play”. Gracias a la competencia, los precios de Internet fija han bajado un 50% en solo tres años.

Es realmente impresionante el fenómeno de tener un mercado más abierto y donde se lucha por la calidad, cobertura, servicios y precios. Las telecomunicaciones como sector, en esos tres años, crecieron en promedio un 17%, con 117 empresas autorizadas e ingresos totales de ¢540.000 millones en el 2013. Destacan la telefonía móvil e Internet, las redes de voz y datos que aportaron el 72% de los ingresos. La inversión total en el sector llegó al 2,4% del PIB en el 2012, con una fuerza laboral que creció en un 25%.

En contraste, la telefonía fija se quedó con el 21% de la población en el 2013 y con ingresos decrecientes. En solo tres años, 2010-2013, el ICE aumentó la suscripción de 3,1 millones a 4,3 millones en telefonía móvil. Claro y Telefónica, en dos años, lograron 2,5 millones de nuevos suscriptores y el mercado total creció de 3,1 millones en el 2010 a 7,1 millones en el 2013.

Este fenómeno de crecimiento y mejoramiento del sector es solo el producto de una mayor competencia, en un mercado regulado y ordenado por la Sutel.

Tareas pendientes. No cabe duda de que hemos crecido en infraestructura y en la utilización de las TIC, pero hay que definir claramente quién va a ser la rectoría que coordine la labor de la Secretaría Técnica del Gobierno Digital (STGD), que ahora fue trasladada a Racsa, institución con una junta directiva y gerencia con graves problemas funcionales, estructurales y financieros.

Está claro que Racsa no tiene las fortalezas, la visión, la misión y los recursos que requiere el programa de Gobierno Digital, plan que tiene como objetivo central la reducción de trámites y mejorar los servicios entre centenares de instituciones del Estado y dar un mejor servicio a los ciudadanos.

Lo lógico sería posicionar la STGD dentro en un fideicomiso, administrado por un banco estatal sin burocracia, que tenga las directrices claras del Micitt, con un portafolio de proyectos que sean autosostenibles a efecto de no ser una nueva carga financiera para el Estado.

La STGD no puede andar rondando dentro del grupo ICE. El Micitt debería, en conjunto con un cuerpo técnico y una comisión interinstitucional, darle continuidad y estabilidad a los proyectos importantes que requiere el Estado, dentro de un programa a largo plazo, proyectos que le den trazabilidad e integración al conjunto estatal, con servicios en línea y no como estamos ahora, que tenemos que ir a cada institución a consultar y mandar escritos.

Por otra parte, deben reforzarse los servicios técnicos administrativos ( back office ) en todas las instituciones, ya que el Estado no tiene personal calificado ni existen estándares, directrices, ni infraestructura, con el agravante de que se gastan sumas millonarias sin metas y coordinación bien definidas en programas de cómputo y equipos.

La estrategia. Hemos crecido en materia de telecomunicaciones, pero falta fortalecer y empoderar el programa de Gobierno Digital y el Micitt.

No puede ser que el sector de telecomunicaciones y tecnología, que factura 2.000 millones de dólares al año, esté representado por un Micitt con un presupuesto que es el segundo menor del poder Ejecutivo.

La ciencia, la tecnología y las telecomunicaciones son y serán los vectores más importantes del desarrollo. Por lo tanto, ordenar, establecer reglas, estímulos y regulaciones al sector es fundamental.

Cerrar la brecha digital. Actualmente, el 90% de los costarricenses tienen Internet celular; no obstante, solo el 28% de estos poseen banda ancha y todavía hay un 30% que no tienen computadora. Cerremos brechas y recordemos que un Estado eficiente tiene que integrarse al mundo digital para reducir la burocracia, generar eficiencia y dar servicios de calidad. A más tecnología y comunicación, se reduce la corrupción y se aumenta la trasparencia.

Los trabajos del futuro requieren grandes conocimientos digitales; si no le damos relevancia a este desafío, con mayor capacitación e inversión, vamos a estar condenados al rezago. La economía digital es el futuro.

El Gobierno debe actuar como el líder de cambio, dándoles compatibilidad digital e incentivos a empresas y ciudadanos.

La revolución digital es una oportunidad única para reinventarse. Debe abandonarse la creación de mayor inestabilidad y, en cambio, deben definirse actores y recursos.

Una visión de futuro derivará en una agenda nacional que perdure a largo plazo.

El autor es ingeniero.