El Ejecutivo y el Parlamento deben priorizar proyectos y unir esfuerzos. Los problemas deben ser resueltos dentro de un ideal compartido, sin importar el color político.
El presidente, Luis Guillermo Solís, debe trazar el camino, lo cual va a conllevar muchos sacrificios para los distintos grupos sociales. No será fácil, pues habrá muchos afectados, pero el Gobierno y la oposición deben llegar rápidamente a establecer metas alcanzables.
Por un lado, no se debe hablar de nuevos impuestos sin que exista claridad del compromiso del Gobierno en la contención del gasto, pero, por el otro, tampoco puede la Asamblea olvidar la urgencia que significa contener una eminente crisis fiscal, que afectaría a todos los costarricenses.
No podemos olvidar los cambios estructurales que requiere el sector público para mejorar la administración; un sector público compuesto de programas que no generan resultados y está cundido de privilegios.
El Gobierno, hoy más que nunca, debe ser coherente con el discurso y la acción para crear confianza.
No se les puede pedir sacrificio a los costarricenses para conceder más recursos a un Gobierno que financia su gasto corriente con mayor endeudamiento. Solo el año anterior, la deuda del sector público creció un 11,4%.
Antes de proponer la aprobación de nuevos impuestos, el Gobierno debe reducir privilegios en salarios, pensiones y más de 40 pluses diferentes que han propiciado mayores desigualdades sociales por generar gastos innecesarios.
Solo las pensiones con cargo al presupuesto ascienden a ¢650.000 millones anuales. No se vale hablar de más sacrificio si se sigue expandiendo el gasto y las trasferencias, por el triple de la inflación.
Los gastos corrientes en el primer trimestre del 2016 tienen ya una expansión del 12%, los gastos de capital un 13,6% y los intereses un 19,5%. Hoy los intereses representan el 44% del déficit financiero.
La deuda del sector público sigue creciendo aceleradamente y se sitúa en los ¢16,7 billones, a marzo del 2015. Por otra parte, el crecimiento de la economía se está paralizando y el desempleo crece ante la actual incertidumbre política derivada de los problemas fiscales y sociales .
Privilegios y brechas. Es preocupante que se sigan manteniendo graves privilegios.
En los últimos siete años, Costa Rica incrementó los salarios del sector público con un impacto de un 4% del PIB, lo cual significa un 70% del déficit proyectado para este año.
Hay, prácticamente, un crecimiento vegetativo en los salarios del Gobierno de un 8% anual, a pesar de que la inflación se proyecta en un 4% anual.
En cuanto a las transferencias, ahí tampoco existe mesura ni austeridad. La mayor parte va dirigida a salarios, pensiones y privilegios en las universidades públicas, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones y otras instituciones.
El gasto del Gobierno para combatir la pobreza no va a dar a las personas más necesitadas. Tenemos un Estado sin solidaridad social porque no hace inversión en infraestructura y ciencia, por sostener privilegios.
Los salarios promedio del sector público duplican los del privado, con el agravante de que el Estado no ha pagado las deudas a la seguridad social. Le debe a la CCSS ¢146.000 millones.
Asimismo, los salarios y las pensiones de las universidades públicas son realmente desproporcionados, con diferencias hasta de un 1.000% entre funcionarios que ocupan el mismo puesto. Sería paradójico seguir transfiriéndole más recursos al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) hasta tanto no se ordene el gasto.
Pobreza. La pobreza en Costa Rica afecta al 22,4% de los costarricenses y la pobreza extrema es el 6,7%. Más de 320.000 hogares sufren graves problemas sociales a pesar de que se gastan más de ¢550.000 millones en 43 programas, administrados por 24 instituciones, sin incluir la CCSS y el MEP.
Lo alarmante es que el 30% del presupuesto para combatir la pobreza se va en gastos administrativos, situación que se agrava porque se carece de mecanismos simples de focalización e identificación de los hogares meta. De aquí la importancia de reducir y simplificar la operación usando herramientas tecnológicas y recursos humanos calificados.
El programa del Ministerio de Desarrollo Humano debe reducir costos operativos, consolidar los recursos y simplificarlos para, así, atacar un problema social que tiene más de 20 años de estar estancado.
Acuerdos. La política es el arte de ser pragmático para lograr resultados. Un buen político no debe pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Costa Rica tiene muchos retos y problemas, pero es preciso planificar y fijar prioridades.
No se puede reducir el desempleo y la pobreza sin aumentar la producción, la inversión y las exportaciones y si no se crece al 7% anual.
El desarrollo depende del sector privado y del público, ambos tienen que ir por la misma ruta. Combatir la pobreza, generar mayor inversión, atacar la tramitomanía y simplificar un Estado con 325 instituciones a las que no se les evalúan resultados y costos, es clave.
También debemos recortar anualmente el presupuesto no ejecutado, fortalecer la administración tributaria y corregir evasiones. No se trata de establecer un muro, ni dar la guerra a las propuestas de Hacienda. Debe hallarse una solución. La crisis es eminente si no se crean las condiciones políticas.
Del 2012 al 2015, hemos tenido ingresos por $4.000 millones en bonos de la deuda externa. Para julio del 2016, se acabarán esos recursos y el Gobierno ya no tendrá más opción que buscar financiamiento en el mercado interno, excepto controlando el déficit fiscal, que superará el 6% del PIB.
El cuadro económico se vuelve más complicado si analizamos el 2016, pues es cuando Hacienda tendrá que cancelar $2.000 millones de deuda interna y externa.
Un acuerdo nacional es urgente y vital. Aprovechemos los bajos precios del petróleo y la economía externa favorable.
El autor es ingeniero.