La crisis que se vive en el mar Mediterráneo debe hacernos reflexionar acerca de este fenómeno y sus repercusiones, no solo por las personas migrantes de esa zona, sino también por los cientos de centroamericanos que emprenden viaje hacia los Estados Unidos utilizando el Istmo y el territorio mexicano para lograr su objetivo –situación a menor escala, pero igual de dramática–.
Mientras tanto, medios de comunicación internacionales informan diariamente sobre personas capturadas por bandas criminales, que luego son sometidas a explotación sexual y laboral con falsas promesas de ayuda.
En abril, se informó en México de la desarticulación de varias bandas mexicanas y la posterior liberación de un grupo de casi 100 personas migrantes secuestradas, entre quienes se encontraba una cantidad considerable de niños.
En el 2014, cifras de observatorios de derechos humanos calculaban que cerca de 100.000 niños no acompañados en situación migratoria irregular salían de Centroamérica con destino a Estados Unidos, forzados por una serie de condiciones que impiden la realización de un proyecto de vida digna: extrema pobreza, violencia del crimen organizado, acoso de redes de trabajo infantil y de tráfico de personas, violencia de género, desarticulación del núcleo familiar, entre otras.
Esta dramática situación ha motivado a muchos colegas a preguntarnos qué situación o condición puede ser tan terrible en sus países de origen, que les determine a soportar cualquier terrible eventualidad en el camino.
Es aquí donde debemos reflexionar si seguimos siendo sujetos pasivos mirando noticias o nos abocamos seriamente a atender este asunto como personas, como comunidad y como país.
Debemos cuestionarnos también si nuestros Estados deben seguir postergando decisiones políticas alegando situaciones fiscales desfavorables, cuyo único resultado a muy corto plazo será un rompimiento –sin arreglo– del tejido social.
Las respuestas a estas y muchas interrogantes las escuchamos en boca de los “invisibles”, que la exclusión y la inequidad han colocado en una condición de absoluta vulnerabilidad. Aportarían respuestas quienes trabajan diariamente con estas poblaciones, pero, sobre todo, y para los tomadores de decisión política, se encuentran respuestas en las resoluciones de la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, cuyo carácter vinculante sientan el imperativo para la adecuación de los marcos legales internos en consonancia con los principios de efectividad y de interpretación evolutiva que debe prevalecer cuando de la condición humana se trata.
Protección de niños. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Opinión Consultiva No. 21, Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el contexto de la Migración o en necesidad de Protección Internacional.
Se trata de una interpretación sobre los alcances de derechos de esta población, y enfoca su doble condición de vulnerabilidad por su edad y situación migratoria irregular. En este sentido, la OC-21 dicta de forma contundente que el sistema jurídico de infancia debe prevalecer por encima de toda política migratoria o sistema jurídico migratorio.
Lo anterior significa que el niño que se encuentre en condición migratoria irregular deberá ser tratado primero como niño antes de clasificarse su condición irregular, que en la mayoría de los casos implica medidas como la privación de libertad o la deportación. La CIDH ha indicado que adoptar este tipo de medidas de forma indiscriminada y sin las garantías judiciales correspondientes constituye una clara violación a los derechos humanos de esta población y un incumplimiento de las obligaciones internacionales.
Nuestros Estados no pueden mantener políticas que socaven el papel de la educación en el desarrollo social, que prioricen la voracidad del consumismo a la economía solidaria, que discrimine cruelmente y propicie odios. No se pueden perpetuar políticas que no sean capaces de proteger el interés superior del niño, y que mediante legislación represiva satanicen y erradiquen el aporte que pueden dar las personas migrantes y sus familias al desarrollo económico de nuestros países. Seguir considerando como un problema a esta población en condición de vulnerabilidad evidencia la peor de las miopías en nuestro tiempo.
(*)El autor es internacionalista