En lugar del diálogo y el acuerdo, las controversias se dirimen en los tribunales

 5 junio, 2015

Informes del Estado de la Nación documentan una creciente tendencia a judicializar los conflictos ambientales, que, además, son cada vez más frecuentes. Por ejemplo, discrepancias por ocupación y usos del territorio, por el potencial impacto ambiental de las actividades productivas o por la falta o deficiente aplicación de la normativa ambiental, entre otras situaciones.

En lugar del diálogo y el acuerdo, las controversias terminan dirimiéndose en los Tribunales de Justicia.

Resulta complejo identificar cuál es la causa de esta tendencia. Sin embargo, es posible especular sobre cuáles podrían ser algunas de las razones detrás de esta realidad, sin presentarlas en ningún orden de importancia.

1. Incapacidad de la Administración activa para resolver problemas ambientales, aplicar la legislación o hacer cumplir órdenes y medidas –en ocasiones emitidas por ellos mismos–, lo cual conlleva la pérdida de confianza, por parte de los ciudadanos, en las competencias de las instituciones para tutelar el cumplimiento del derecho a un ambiente sano y a la salud.

La ausencia de una respuesta rápida y adecuada de las autoridades administrativas encargadas, en primera instancia, de salvaguardar el ambiente y la salud propician que se acuda a los tribunales en busca de soluciones.

2. Nuevos derechos otorgados a los ciudadanos como resultado de la aprobación de normas legales, una mayor conciencia sobre el significado de estos y los niveles de organización más elevados de las comunidades y otros actores no gubernamentales.

3. La amplia legitimación existente para el uso de los mecanismos jurisdiccionales (la condición de ser humano, los llamados intereses difusos) faculta a toda persona para recurrir a las instancias judiciales para que estas conozcan los reclamos y, eventualmente, satisfagan la pretensión.

A lo anterior se suma la relativa facilidad con que se tramita (gratis y sin necesidad de contar con un abogado) cierto tipo de acciones, tales como recursos de amparo, o la disminución en la complejidad y la celeridad inicial de ciertos procesos, como los contencioso-administrativos.

Adicionalmente, en lo administrativo se han echado a andar diferentes sistemas que hacen aún más sencilla la presentación de denuncias y quejas, por vía electrónica es uno de ellos, que en no pocas oportunidades son, además, remitidas de forma simultánea a varias instancias.

4. El papel positivo que los ciudadanos han encontrado en la Sala Constitucional para declarar con lugar la vulneración del derecho a un ambiente limpio y las consecuentes obligaciones, que se le imponen al Estado o directamente a la una empresa privada para enmendar la situación, aun cuando subsistan dificultades asociadas al cumplimiento de lo dispuesto por la Sala.

No obstante, votos salvados de ese Tribunal –posición aún minoritaria– sistemáticamente han desestimado el conocimiento de asuntos ambientales, excepto en situaciones calificadas. Por ello, se colige que, en el futuro, podría ser más difícil el acceso a la justicia constitucional para dirimir casos ambientales.

5. Aumento en la desconfianza con respecto al carácter suprapartes de la Administración Pública y su papel en la toma de decisiones, lo cual origina que, especialmente las comunidades, consideren que el Estado se inclina a favorecer actividades e intereses privados, en el tanto sean generadoras de empleo e ingresos, sin tomar en consideración el impacto en el medio y los derechos de las poblaciones. Cierta o no, esta percepción incrementa la disposición de los ciudadanos por buscar que sean terceros imparciales quienes finalmente solucionen los conflictos que surgen.

6. Brechas en la capacidad institucional para atender los procesos de participación ciudadana y las mayores demandas de la sociedad para ser incorporada en la toma de decisiones.

7. Las visiones altamente contrapuestas con los modelos y proyectos de desarrollo entre actores de la sociedad, los cuales, acompañados de una menor propensión al diálogo y la búsqueda de alternativas negociadas, acaban en los despachos judiciales.

8. Está claro que se presentan mayores presiones por los usos del territorio, realización de actividades productivas y los impactos asociados a ellas, etc.

Si bien pueden identificarse aspectos positivos derivados de esta tendencia, tales como un mayor nivel de organización y conciencia ciudadana y la existencia de mecanismos formales y adecuados de acceso a la justicia, también se denota una desconfianza en la actuación de la Administración Pública y una limitada capacidad de respuesta institucional para encontrar soluciones mediante el diálogo.

Al final, nos encontramos ante lo que parecen ser perspectivas bastante antagónicas sobre el contenido y el alcance del desarrollo sostenible del país, lo cual dificulta avanzar hacia objetivos claros en esta delicada e importante materia.

Jorge Cabrera es asesor legal del Instituto Nacional de Biodiversidad e investigador principal en derecho de la biodiversidad en el Centro de Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible.