Opinión

Una investigación mediática

Actualizado el 31 de mayo de 2015 a las 12:00 am

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Creo que a todos nos llena de asombro el reciente escándalo mundial relacionado con el fútbol y que involucra a uno de nuestros compatriotas. Sin embargo, a pocas horas de haber sido detenido Eduardo Li, por orden de la Fiscalía del Este de Nueva York, surgen varias interrogantes a las acusaciones sobre el supuesto actuar del señor Li.

En el indictment (acusación) del Departamento de Justicia no se habla con claridad sobre cuáles fueron, en concreto, los momentos que supuestamente son sancionables de acuerdo con su ley. Es decir, no se dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni con quién se realizaron los supuestos comportamientos delictivos imputables al presidente de la Federación.

Parece ser una acusación hueca, pues, por ejemplo, se dice que Li legitimó capitales, pero no se explica cómo. Eso debe encender las sirenas, pues lo cierto del caso es que una investigación que supuestamente tiene más de doce años de estar abierta debería manejar esta información con precisión.

El Gobierno no puede caer en el “fariseísmo” de no defender los derechos humanos de uno de los suyos, como lo es el derecho a la intimación o a una acusación circunstanciada para poder ejercer un derecho de defensa.

Por otro lado, se hace una imputación concreta, y que consta en haberse girado $27.500 a las cuentas bancarias de la Federación de Fútbol. Esto también debe alertarnos porque atenta contra la lógica.

No es posible entender que si hay un dinero producto de un soborno, este no sea depositado en la cuenta del sobornado. Es muy extraño que un soborno se deposite, en este caso, en las cuentas de la Federación.

Lo lógico es pensar que los dineros del soborno se depositen en alguna cuenta controlada exclusivamente por Li. Sin embargo, estos son aspectos propios de la investigación, la cual todavía está “cruda” y falta mucho por decirse.

Actuación del Ministerio Público. No obstante lo anterior, llama mucho la atención la actuación apresurada, mediática y política del Ministerio Público. El ente fiscal ya abrió una investigación en Costa Rica por los mismos hechos y contra Li.

Este tipo de delitos, los considerados de cuello blanco, se caracterizan por que el grueso probatorio son transacciones bancarias, que no se pueden alterar o borrar, es decir, pueden perdurar en el tiempo.

Concretamente, el Ministerio Público abrió una investigación contra Li por el delito de legitimación de capitales (lavado de dinero), al igual que lo está haciendo la Fiscalía del Este de la ciudad de Nueva York.

La diferencia es que la investigación americana lleva más de doce años, la de Costa Rica, escasas horas.

Recordemos que por la naturaleza de la prueba, no era necesario apresurarse. Ahí están los registros bancarios y no van a borrarse.

Garantía constitucional. Lo anterior tiene una importancia vital porque nuestra Constitución Política, en el artículo 42, regula el principio de la prohibición de la doble persecución y de la cosa juzgada, y concretamente dice: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible”.

La Constitución no distingue entre jurisdicciones, solo especifica que nadie puede ser juzgado más de una vez por los mismos hechos.

Se da la cosa juzgada cuando hay identidad entre partes, objeto y causa, es decir, en este caso, a una misma persona se le está investigando por el mismo delito (legitimación de capitales), por los mismos hechos.

Existe sobrada jurisprudencia al respecto, que por razones de espacio es imposible mencionar acá, y que sustentan lo anterior.

Supongamos que Eduardo Li sale absuelto del proceso en Nueva York, ¿para qué se abrió la investigación y la Fiscalía nacional hizo ese despliegue mediático? ¿Cómo, entonces, podría acusar al señor Li?

En ese caso, ya a Eduardo Li se le habría juzgado por los mismos hechos y toda esa investigación devendría en una pérdida absurda de recursos y de enfoque por parte del Ministerio Público.

Igual sucedería si Eduardo Li fuera condenado en Nueva York. En ese caso, ya fue juzgado por los mismos hechos que se están investigando aquí. El Ministerio Público no podría, en principio, hacer algo.

Parece ser que al Ministerio Público le gusta “surfear” sobre las olas de los escándalos de prensa, sin razonar o reposar su actuación. Parece ser también que el Ministerio Público se preocupa más, como cualquier político, del rating y no de los resultados de su gestión.

El reciente Informe del Estado de la Justicia, realizado por el Programa Estado de la Nación, califica durísimo al Ministerio Público, lo deja como una de las entidades judiciales con los peores rendimientos.

Como dato curioso, nunca escuché a ningún fiscal explicar el porqué de tan deficiente rendimiento, como si han proliferado las declaraciones sobre la investigación apresurada que se hizo en el caso de Li y que pareciera sería estéril, puesto que violaría el sagrado principio del non bis in ídem y de la cosa juzgada.

(*) El autor es abogado litigante.

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