Opinión

La inversión pública en justicia

Actualizado el 05 de septiembre de 2013 a las 12:00 am

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La inversión pública en justicia

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En los últimos 25 años el país ha aumentado la inversión pública en la administración de justicia, en áreas estratégicas para el fortalecimiento del Estado de derecho. A la hora de evaluar esos gastos cabe preguntarse: ¿se han traducido estos nuevos recursos, efectivamente, en una mayor y mejor justicia para la ciudadanía? La respuesta es afirmativa.

En este cuarto de siglo se ha creado una nueva jurisdicción constitucional, contencioso-administrativa, se reformó ampliamente la penal con un nuevo modelo oral-acusatorio, se abrieron los Tribunales de Flagrancias y se fundó un nuevo sistema de protección de víctimas y testigos que atiende al año a más de 10.000 personas. Se pasó de las máquinas de escribir y archivos manuales a expedientes electrónicos y sistemas de control informatizados; de una justicia cerrada y endogámica a otra mucho más abierta y transparente, más humana y accesible, que procura servir de manera especial a las poblaciones más vulnerables.

Algunos cambios han sido oportunos; otros, tardíos, y algunos están aún en proceso. Pero hay que reconocer que el Poder Judicial costarricense vive una transformación permanente.

Democracia de calidad. Hemos alcanzado un grado de madurez democrática suficiente como para entender que la justicia es piedra angular de la democracia, y que es esencial invertir en ella para la paz social. Es difícil cuantificarla, pero es evidente, por ejemplo, que la jurisdicción constitucional vino a profundizar el desarrollo humano y democrático del país, convirtiendo la Constitución Política de letra muerta en una viva, vigente y accesible hasta por la persona más sencilla y desamparada.

En la jurisdicción contencioso-administrativa, los plazos de resolución de los casos y una justicia son ahora más dinámicos. Todos recordamos la queja justificada de ciudadanos que debieron esperar diez y hasta quince años para ganar un juicio contra el Estado. Hoy, esos plazos excesivos están enteramente superados.

Naturalmente, no todos los problemas de la jurisdicción están superados, pero sería injusto no reconocer los efectos positivos que ha tenido la reforma con respecto al sistema anterior.

Seguridad ciudadana. Es innegable que los Tribunales de Flagrancia instalados en diez áreas estratégicas del país han jugado un rol importante en los nuevos aires de mayor seguridad ciudadana que se respiran en el país. Independientemente de la discusión sobre la indudable necesidad de que el país se enfoque más en prevención social que en represión, lo cierto es que la administración de justicia ha cumplido con el objetivo que se trazó con esta reforma. Además, actualmente, de los recursos públicos destinados a la administración de justicia, prácticamente el 50% se destina exclusivamente al área penal, dato que, sin duda, amerita una reflexión por sí mismo.

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Desarrollo económico. Por otra parte, el fortalecimiento de la justicia es estratégico para el desarrollo económico del país y su nivel de competitividad. Los países que desean crecer ya no solo en paz y armonía, sino ser más competitivos, han aumentado significativamente su gasto en justicia, como, por ejemplo, Chile y Colombia. Está demostrado que las economías que más crecen a largo plazo son aquellas que han introducido reformas institucionales que garantizan la seguridad de las inversiones, la estabilidad política y la eficiencia e independencia de los poderes judiciales. En el caso de nuestro país, la solidez de nuestro sistema de justicia fue un factor clave en la decisión de empresas muy renombradas de instalarse aquí y no en territorio de competidores regionales.

Mayor acceso a la justicia. Asimismo, hemos mejorado el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables, con lo cual se ha dado un giro importante con respecto a la justicia anterior a los años 80, que estaba más inclinada a servir capitales que materias sociales. Hoy somos una justicia más equilibrada y humana en función de las personas y sus necesidades específicas. Sin duda que los retos que tenemos son muy grandes porque, a pesar de los esfuerzos, debemos resolver el peor de los pecados, que es el de la justicia lenta, para mencionar alguno de los temas apremiantes que nos aquejan.

A la cabeza. Hoy podemos decir con total certeza que los avances alcanzados con los recursos internos y externos que administramos, nos sitúan a la cabeza, regionalmente, en muchos temas relevantes para una sana administración de justicia.

Nuestro compromiso de seguir mejorando no solo es un mandato constitucional, es un deber moral con el país que ha creído que el respeto a la ley y los derechos fundamentales de las personas son el camino al desarrollo. Estamos obligados a demostrar que ese es el camino correcto, y, en gran parte, el respeto al Estado de derecho pasa por la eficiencia y credibilidad de los Tribunales de Justicia.

Ciertamente, invertir en justicia vale la pena, porque sus resultados mejoran la calidad de la democracia y el desarrollo económico y humano.

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