EscucharUna compleja trama involucra a altos funcionarios de los tres poderes de la República, a miembros de varios partidos políticos, a cuerpos de seguridad, de aduanas, de bancos, de entes descentralizados, etc. Si algo evidencia el llamado caso del cemento chino, es que el problema es sistémico.
La trama parte de una política pública que favorecía un duopolio y sostenía altos los precios de un bien esencial. Algunos funcionarios intercedieron “desinteresadamente” para modificarla y, de paso, para que altos oficiales del Ejecutivo recibieran a un empresario justiciero que deseaba atravesarle el buque al duopolio. Los ministros recibieron, una y otra y otra vez, al citado personaje; candidatos, precandidatos, excandidatos presidenciales y diputados también.
Las reuniones iban y venían. Un diputado disfrutó unas vacaciones en la playa con la intermediación, siempre desinteresada, de un empleado del empresario justiciero, mientras que algún magistrado coincidió con el empresario en los vuelos de ida y regreso y en el barullo de la noche de Ciudad de Panamá, donde andaba comprando la ropita del bebé.
El presidente solícito —nótese que está escrito con la letra ce— recibió al empresario nueve meses después de que le pidiera audiencia. A los pocos días, desde la Casa Presidencial se instruyó al Ministerio de Economía mandar a publicar el nuevo reglamento de importación que facilitaría la comercialización del cemento chino.
Mientras tanto, un gerente general fue nombrado a dedo en un banco cuya junta directiva está plagada de señorones —y señoronas, por aquello de la igualdad de género— que de banca saben lo que una chancha de aviación. También un chancho, por idénticas razones.
Ejes. Ese banco presentó a la Casa Presidencial una política de cuatro ejes para reactivar la economía. Nos gobierna tal confusión que nadie se pregunta para qué están los ministerios de Planificación Económica y de Economía, Industria y Comercio. No. Es un banco comercial el que propuso y promovió una política pública de crecimiento económico. ¿El cuarto eje de dicha política? Financiar, cómo no, la importación de cemento y varilla… de China. No de México, de Guatemala o de Brasil. No, de China y solo de China. Las cosas, porque así es de bien nacidos, con nombre y apellido.
Vaya casualidad: el hijo del gerente digital tiene relación con el empresario que le quería atravesar el buque al duopolio. Trabaja en la distribución del cemento chino para cuya importación el banco de su padre prestó $31 millones. Otros bancos aportan unos “piquillos”: un Bancrédito ya entonces encaminado al cierre técnico —eufemismo para evitar hablar de quiebra—, un Banco Popular donde un diputado mueve los hilos, el Banco Nacional, Bicsa y hasta la Asociación de Empleados del BNCR. Cuando decimos que el asunto es sistémico, es porque lo es.
Revelaciones. El papel de los medios de comunicación y de las redes sociales ha sido fundamental para ir descubriendo las distintas piezas del entramado y develar la madeja de relaciones impropias entre empresarios, banqueros, funcionarios, diputados, ministros, jueces y políticos de toda estirpe.
Mientras unos investigan, los achichincles de los investigados se mueven febrilmente en el submundo, como zompopas guiadas por las feromonas de la reina de su hormiguero.
El dueño de tal diario tiene relación con el presidente de una empresa competidora, dicen. El bloguero tal promovió activamente la candidatura de cierto político, acusan. El autor de tal artículo es empresario, ergo, evasor de impuestos. Acusaciones irrelevantes que no atañen al fondo del asunto investigado, que ni siquiera cuestionan. El objetivo es descalificar al que investiga, para impedir su avance.
En este recuento, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Nos movemos todavía en el mundo de las conjeturas, porque las autoridades llamadas a separar la paja del grano encuentran las más inverosímiles excusas para no investigar. “En Costa Rica, cualquiera tiene una sociedad de papel para evadir impuestos”. “Debemos basarnos en hechos comprobables y ciertos”. Y uno creyendo que los fiscales y las comisiones investigadoras estaban para… ¿cómo decirlo?... ¡investigar y encontrar la verdad real de los hechos!
Peligro. En la era del selfi y la omnipresencia de los teléfonos inteligentes, hoy es peligroso cenar en un restaurante donde podría estar un empresario con corazón de cemento y cara de barro. En un ambiente así, resulta fácil satanizar conversaciones y encuentros casuales entre personas involucradas en la trama y otras que nada más tuvieron la mala suerte de coincidir en tiempo y lugar con los primeros. Pero es igualmente fácil descartar reuniones y “coincidencias” altamente sospechosas bajo la excusa de que no hay nada comprobado.
No han tardado en surgir las voces que, desde una pretendida posición de superioridad moral, advierten del daño que causa a la institucionalidad la denuncia. Dicen que la gente pierde la confianza en la democracia ante tanto escándalo. ¿Es en serio? ¿El daño a la institucionalidad lo causa quien denuncia y no quien incurre en tráfico de influencias para beneficiar intereses particulares? Hay que ser soberanamente cínico para trasladar esa responsabilidad al ciudadano crítico. Evidentemente, algunos nos prefieren domesticados.
Decía que en esto del cemento chino hay todavía mucha conjetura. Otro gallo cantaría si la Fiscalía hiciera su trabajo, y si los ciudadanos pudiéramos confiar en que lo hace objetivamente. Los años pasan, sin embargo, y también pasan las trochas, las pifias, los Sorescos y los sacos de cemento chino. Mientras tanto, en Costa Rica, parte sin novedad.
La institucionalidad está podrida, y si algo demostró “el gobierno del cambio” es que no basta con cambiar a las personas. Hay que cambiar las reglas del juego. Nada ganaríamos mandando a la cárcel a medio establishment político y empresarial, si quienes los sustituyen se ven constreñidos por el diseño institucional defectuoso que nos ha traído al presente.
Los hilos del poder son manejados por una clase político-empresarial que acomoda las cosas a su propio beneficio. La riqueza que se genera se la apropian los enchufados mediante una urdimbre de políticas diseñadas para tal fin. En otros artículos lo he denunciado: desde los aranceles que impiden bajar el costo de la canasta básica y los principales materiales de construcción, asegurando mercados cautivos a quienes financian campañas políticas, hasta el otorgamiento de onerosos privilegios extrasalariales a los sindicatos que mueven una masa importante de votantes. La política pública en Costa Rica no se diseña pensando en el interés de los ciudadanos.
Eso tiene que cambiar. Costa Rica necesita una reforma política que desconcentre el poder y elimine la posibilidad de hacer negocios por medio del Estado. No se trata de buscar gente impoluta e incorruptible, ya que nada nos lo garantiza, sino de limitar la potestad del Estado de escoger ganadores mediante políticas selectivas, y así evitar que los vivazos lo usen para montar su fábrica de chorizo.
El autor es economista.
