EscucharPARÍS – Este mes, en las Naciones Unidas se discutirá un informe de alto nivel sobre las prioridades globales de desarrollo para la etapa que comenzará en el 2015, al llegar a su término los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Una de las prioridades que los líderes mundiales asumirán será la calidad de la educación.
Mientras que la situación mundial en materia de salud (una cuestión clave dentro de los ODM) ha mejorado drásticamente en estos últimos años, los avances en educación no han sido ni remotamente tan satisfactorios. Esto se debió a muchos motivos, entre ellos: que las inversiones en educación son muy complejas, que la gobernanza internacional es deficiente y (por supuesto) que falta dinero. Por ejemplo, las tres instituciones más grandes del mundo dedicadas a la financiación de iniciativas sanitarias (el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la Alianza GAVI y Unitaid) habrán invertido de aquí al 2015 más de $55.000 millones, de los que unos $7.000 millones habrán surgido de mecanismos de financiación innovadores, por ejemplo, bonos para vacunas, impuestos a las aerolíneas y programas de intercambio de deuda.
Pero, a pesar de que hay pruebas concluyentes de su impacto socioeconómico positivo, la educación (especialmente, en los niveles preescolar y primario) padece de una subinversión crónica. La Alianza Global para la Educación (AGE) lleva recaudando menos del 10% de la cifra destinada a la salud mundial, y no han surgido todavía innovaciones importantes en materia de financiación. Habiendo casi 1.000 millones de niños sin acceso a educación de buena calidad, la necesidad de contar con más fondos es evidente.
Algunas de las barreras que dificultan la inversión en educación incluyen la larga demora que transcurre entre las intervenciones y sus efectos, la dificultad para medir los resultados y el predominio del sector público. En el área de la salud no se enfrentan tantos obstáculos porque, básicamente, se trata de amenazas inmediatas a vidas humanas, los resultados son fáciles de medir, la sostenibilidad es elevada y hay una vibrante presencia del sector privado.
Además, la existencia de alianzas público-privadas internacionales (como el Fondo Mundial, la Alianza GAVI o Unitaid) ofrece un marco institucional eficaz para el desarrollo de actividades de promoción y diplomacia internacional a favor de la salud. En cambio, los esfuerzos por mejorar el nivel mundial de la educación chocan contra una serie de complejidades en toda la cadena de valor de las inversiones y carecen de instituciones de financiación con fondos suficientes que puedan impulsar una diplomacia mundial de la educación. ¿Qué se puede hacer?
Nuestra propuesta es la creación de un banco de inversión en educación, en cooperación con la AGE y los grandes bancos de inversión del mundo, que se financiaría con fondos procedentes, en parte, de un impuesto a las transacciones financieras (ITF), como el que se ha propuesto para la Unión Europea.
Hay dos motivos por los que un ITF sería la mejor forma de financiar esta clase de emprendimiento. En primer lugar, el impuesto en sí sería una respuesta (y algunos dirían: “un castigo”) a las “malas” innovaciones financieras que llevaron al colapso de la economía mundial en el 2008, en el que los más pobres del mundo fueron los más afectados. De modo que gravar al sector financiero para impulsar innovaciones “buenas” destinadas a financiar infraestructuras sociales (como la educativa) no sería más que un acto de justicia.
En segundo lugar, un banco de inversión en educación tendría un poder transformador en materia de aprovechamiento de nuevos activos, multiplicación de la efectividad del capital y creación de más oportunidades. Contando nada más los países en desarrollo, el valor combinado de los activos en poder de fondos de pensión, compañías aseguradoras y fondos mutuos de inversión excede los seis billones de dólares, y estos activos crecen a un ritmo anual del 15%. ¿Por qué no movilizar parte de ese dinero a favor de la educación?
A pesar de que, en muchos países de bajos ingresos, la educación privada está en ascenso, las oportunidades de inversión en modelos público-privados y en educación privada todavía son limitadas. Hay pocas oportunidades claras para los inversores, especialmente en lo que se refiere al tamaño y la escala de las transacciones.
En casi todos los países, la mayor parte del esfuerzo de financiar la educación sigue siendo del Estado. Aunque ya hay algunos ejemplos de mecanismos de financiación innovadores (por ejemplo, el bono de impacto social para educación que se lanzó hace poco en el estado indio de Rajastán), aumentar la escala de estos instrumentos demanda más capacidad institucional, y un mercado mucho mayor y con más liquidez. Un banco de inversión en educación puede ser esencial como catalizador de ambas cosas.
El tipo de institución que imaginamos sería una organización autónoma que funcionaría como un banco de inversión registrado y sujeto a los requisitos pertinentes (normativos, estatutarios, de capitalización, etc.). Sus actividades incluirían la obtención de fondos (mediante emisión de acciones y deuda) para financiar la educación en todo el mundo; la provisión de servicios de banca de inversión a Gobiernos, empresas y organismos multilaterales, en cooperación con bancos locales; y la entrega de servicios de consultoría y asesoramiento en cuestiones referidas a alianzas público-privadas, privatizaciones, descentralizaciones, otorgamiento de préstamos y negociación de créditos favorables (concesiones financieras).
La tarea de este banco no se agotaría allí: también debería brindar ayuda y asesoramiento para la realización de reformas económicas dirigidas a mejorar y desarrollar el sector educativo. Además, supervisar procesos de fusión y adquisición en dicho sector, establecer sus propios fondos de capital privado o de riesgo para inversión en educación y operar como “fondo de fondos”.
Una de las funciones más importantes de un banco de inversión en educación sería transformar en transacciones reales la multiplicidad de ideas e investigaciones dispersas referidas a la financiación de la educación mundial. De hecho, una cartera destinada a buscar oportunidades de inversión en la provisión de infraestructuras, capital humano, servicios y tecnologías para la educación puede recibir un importante flujo de transacciones.
Garantizar la provisión de una educación de alta calidad, especialmente para los niños más pobres del planeta, es cuestión de justicia. Pero, mientras la inversión en otras clases de infraestructura social aumenta, las innovaciones en financiación sostenible de la educación se están quedando rezagadas. Y, sin embargo, a pesar de los considerables desafíos involucrados, hay opciones viables que permitirían desarrollar los mecanismos necesarios para generar fondos adicionales y garantizar el acceso a las oportunidades educativas que todos los niños merecen. La creación de un banco de inversión en educación sería el primer paso.
Philippe Douste-Blazy es asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas en temas de innovación financiera y desarrollo.
Robert Filipp es presidente de la Innovative Finance Foundation.
Carol Bellamy es ex directora ejecutiva de Unicef y expresidenta de la Alianza Global para la Educación (AGE).
