Opinión

El injusto privilegio de las pensiones

Actualizado el 09 de diciembre de 2013 a las 12:00 am

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El injusto privilegio de las pensiones

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El periódico La Nación ha informado en varias publicaciones y en un editorial sobre el grave problema para el país que significan las pensiones de privilegio. Este es uno de los problemas más graves que enfrentará el próximo Gobierno, el cual, espero, sea quien sea el que resulte vencedor el próximo febrero, lo resuelva –¡por fin!– en forma definitiva. Si lo hace, aunque sea su único acierto, podría ser considerado como un Gobierno exitoso.

Este grave problema me hizo recordar las vacaciones de verano que pasaba en una finca que tenían mis padres en Rancho Redondo. Mi padre creía que las vacaciones debían estar unidas al trabajo y me encargaba algunas labores en la lechería, las cuales compartía con un mozalbete, un poco mayor que yo, llamado Octavio, con quien compartía también las correrías por los campos verdes, cubiertos de escarcha en las mañanas y de luciérnagas en las noches.

Un día le pedí a Octavio que fuéramos a apear panales con una “flecha” que me había hecho el mandador, y me contestó que no podía porque tenía que trabajar en la lechería. “Yo no soy –me dijo– el hijo del patrón que trabaja cuando quiere. No soy un peón de lujo como vos, sino un peón de segunda”.

Durante muchos años se ha mantenido, incorrectamente, en las pensiones una situación que me hace recordar las palabras de mi amigo de infancia, Octavio, quien no reclamaba nada, ni siquiera se sentía lastimado por una situación que consideraba normal: él era un peón, un ciudadano de segunda clase y lo aceptaba con la naturalidad con que aceptaba que el sol quemara su rostro al trabajar y que el frío de las madrugadas rompiera sus sueños.

No creo que sea conveniente que se sigan aceptando como normales situaciones que no solo son injustas, sino que evitan que avancemos como ciudadanos y como país. Las pensiones no son privilegios –no deben serlo–, sino un derecho que debe cobijar por igual a todos los ciudadanos, sin ninguna discriminación y sin ningún privilegio, y no como sucede en la actualidad, en que el país está dividido en dos: los ciudadanos de primera clase con pensiones privilegiadas y los de segunda clase que deben pensionarse cumpliendo con los requisitos y los montos de la CCSS.

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Los privilegios son tan grandes que alcanzan cifras absurdamente altas de más de ¢7 millones o ¢9 millones, y llegan hasta más de ¢16 millones mensuales en algunos felices pensionados mediante el régimen de Hacienda y del Poder Legislativo. En una ocasión, un diputado renunció un par de meses antes de terminar su período y le cedió su puesto a su hermano gemelo, y los dos se jubilaron con la misma alta pensión.

Los abusos son incontables y algunos de ellos –los menos– se han conocido por medio de publicaciones periodísticas, pero hay muchas personas que, calladamente, casi a escondidas, se han pensionado con sumas absurdamente altas. Conozco personalmente el caso de un exembajador que se pensionó con un monto equivalente al que recibía en dólares en un país que tiene un costo de vida extremadamente alto y, sin que tenga todavía una cana en su joven y frondosa cabellera, se ha dedicado desde entonces a dormir hasta tarde y a jugar tenis en un lujoso club a costillas del pueblo. Casos individuales como este son condenables desde todo punto de vista, pero, si fueran hechos aislados, no perjudicarían tanto las finanzas del país.

Sin embargo, el problema es, precisamente, que no se trata de casos aislados, sino de grupos, cada vez más numerosos, que han institucionalizado los privilegios de los que no gozan los ciudadanos corrientes que, cada vez con más fuerza, pasan a ser ciudadanos de segunda clase.

Como estos privilegios están enmarcados en leyes, o sea, son legales (aunque no sean morales), me parece que no se deben hacer remiendos a leyes obsoletas e inconvenientes, sino aprobar una nueva ley general que acabe, de una vez por todas, con todos los privilegios e incorpore a todos los trabajadores al sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y, así, terminar con lo que mi viejo amigo de la infancia llamó “peones de lujo” y “peones de segunda”. No debe haber ciudadanos de primera y de segunda clase. Solo ciudadanos costarricenses.

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