EscucharVista la nueva publicación hecha por el diario La Nación el 20 de setiembre pasado, por respeto a la opinión pública y al Pueblo de Dios, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) se ve obligada a aclarar lo siguiente:
1.- La publicación tiene un evidente propósito distorsionador y presenta a la CECOR como una instancia que incurre en acciones incorrectas y de abierto ocultamiento. Para ello el periodista utiliza procedimientos incorrectos, al hacer citas a medias de declaraciones y sacándolas de contexto. Consideramos que la publicación es parte de una campaña de desinformación y de descrédito de la Iglesia, y podría configurar una presión para la autoridad e independencia del Poder Judicial.
2.- Se informa de que: “La Iglesia creó sociedades anónimas para ocultar su patrimonio al público”, para lo cual se recurre a una cita parcial y sacada de contexto de la declaración que el señor Edgar Rodríguez Mesén le dio a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). En la parte que, de manera poco objetiva, omitió el periodista, el señor Rodríguez Mesén dijo: “Sí, recuerdo la sociedad Operaciones SP, Jorge Torres me habló de que iban a constituir esas sociedades anónimas para incluir en esas sociedades anónimas bienes de la Iglesia y el fin era tratar de evitar que la gente conociera de la existencia de esos bienes ya que son susceptibles de ser invadidos por precaristas al conocer que son de la Iglesia”. Como puede verse, se trata de un caso puntual de bienes inmuebles, no de un ocultamiento de patrimonio, como malintencionadamente afirma la publicación. Adicionalmente, nótese que esa manifestación del propósito de evitar invasiones de precaristas es la que dio Jorge Torres al señor Édgar Rodríguez, la que no puede interpretarse como si fuera la voluntad de la Cecor.
3.- Similar confusión de los hechos se nota en la publicación cuando se refiere a una supuesta negativa de la Iglesia Católica a informar sobre su capital, y a la ausencia de una contabilidad formal como un medio de ocultar información al público. La información así presentada es falsa. La Cecor, por mandato de ley, no está obligada a llevar una contabilidad formal. Esa obligación la impone la legislación nacional para las empresas mercantiles o las instituciones públicas, y la Cecor no es ni una ni otra.
4.- En lo que corresponde al capital o a los bienes de la Iglesia, desde el año 2002 el periódico El Financiero hizo un reportaje de primera plana sobre las finanzas e inversiones de la Cecor, donde se recogieron las explicaciones de monseñor Arrieta, quien dio pormenorizado detalle de su manejo. A partir de ese momento, el tema de las inversiones de la Cecor es de conocimiento público, y fue retomado en publicaciones del periódico Al Día en el año 2006. A pesar de ello, el periodista nos atribuye propósitos de ocultamiento, cosa que es falsa.
5.- Por otro lado, la publicación atribuye a la Cecor la creación de un esquema de sociedades off-shore para evadir el pago de impuestos en Costa Rica, y también señala que ese esquema se cerró “cuando la Fiscalía pide abrir cuentas en Panamá” de esa empresa off-shore . La noticia tiene un claro propósito de descrédito y de señalar incorrecciones en la Cecor, pero es esencialmente falsa. La Iglesia costarricense no tiene que pagar impuesto sobre la renta, de suerte que es absurdo sugerir, como lo hace el periodista, que fue para evadir ese pago de impuestos que se crearon sociedades en el extranjero. Además, hay mala fe cuando se pretende asociar el cierre registral de la empresa off-shore en Panamá con una aparente voluntad de ocultar información a la Fiscalía. El cierre registral de la sociedad no significa ni conlleva la pérdida de la información bancaria, pues la misma está en poder de los bancos, quienes pueden proporcionar a la Fiscalía toda aquella que sea pertinente.
6.- Por último, con el fin de desacreditar la conducta de la Cecor, se afirma que “sacerdote fijaba tasas de interés en créditos para los laicos”, pretendiendo atribuirle a ese sacerdote una conducta irregular e ilegal. Esta es una conclusión sesgada a la que llega el periodista, después de mutilar y de sacar de contexto las declaraciones que don Édgar Rodríguez le dio a la Sugef. En realidad, don Édgar Rodríguez dejó claramente establecido que quien tenía el control de los fondos era Jorge Torres, y que era él quien realizaba los préstamos (entonces era él quien fijaba, en el momento del otorgamiento, el monto del préstamo y la tasa de interés). Al fallecer Torres Fuentes, el padre Godínez asume funciones y toma el control de la cartera y busca su recuperación, hecho este que es posterior a las irregularidades que se investigan judicialmente.
En la declaración de la Sugef textualmente consta: “8. P. ¿Quién es el que tiene el control de esos fondos? Ahora el padre Godínez, Anteriormente me dirigía a Jorge Torres. (')” Así, de mala fe se ha distorsionado la secuencia histórica. Los actos válidos de recuperación de una cartera de parte del Padre Godínez, se han pretendido presentar como hechos ilícitos de otorgamiento de créditos irregulares y fijación de tasas de interés.
7.- Lamentamos las informaciones que hace el diario La Nació n en perjuicio de la Cecor. Pese a lo anterior, reconocemos el valor y la importancia de la prensa en una sociedad democrática, así como su derecho a informar sobre los asuntos judiciales. No obstante, una cosa es informar sobre lo que el Poder Judicial hace, y otra cosa es pretender condicionar indebidamente, mediante informaciones tendenciosas y sesgadas, para inclinar las actuaciones del aparato jurisdiccional en un sentido predeterminado. Invitamos a nuestros fieles a poner, una vez más, nuestra esperanza en el Señor, y confiar en que Él nos conducirá hacia la Verdad completa.
