30 julio, 2014

Respecto a la nota publicada en La Nación el pasado 23 de julio, intitulada “Sociedad tico-china gasta sin control”, de la periodista Irela Fornaguera, en la que se consignan datos falsos que reflejan desconocimiento de la relación Recope-Soresco- Contraloría General de la República, deseo señalar lo siguiente:

Es una lástima que, antes de dicha publicación, la periodista no consultara a las autoridades de Soresco para que los costarricenses, los lectores del prestigioso diario La Nación , conocieran la verdad real sobre el tema.

En primer lugar, he de manifestarle que Soresco no recibió $50 millones. Recibió $100 millones, de los cuales $50 millones son aportados por Recope y $50 millones son aportados por la empresa china CNPCI, cantidad que no es tan alta si se toma en cuenta que Recope recibirá de las utilidades de Soresco el 50%, que corresponde a $880 millones. Además, de impuesto sobre la renta Soresco debe pagar el 30%, que se calcula en $1.030 millones, y, por concepto de impuesto de remesas al exterior de CNPCI, debe pagar tributos por $130 millones. Todo ese dinero entra a las arcas de Costa Rica.

La nota periodística asevera que la sociedad gasta sin control. No es cierto tampoco. Existe pleno control de parte de la Contraloría General de la República (CGR) por medio de Recope. Sin embargo, la nota señala literalmente: “De igual forma, la Contraloría aclaró que no puede pedir cuentas a Soresco, por ser firma privada”. Además, en el 2013 y el 2014, los miembros de Recope en la Junta Directiva de Soresco renunciaron y la administración del anterior presidente de Recope, Litleton Bolton, no los sustituyó, quedando Recope sin representantes en Soresco para aprobar el presupuesto, por lo que el gerente general de Soresco se vio obligado a usar el mecanismo de emergencia establecido en el Acuerdo de Empresa Conjunta, refrendado por la CGR y controlado por Recope y CNPCI mediante sus representantes, que, en el caso de Recope, es su presidencia. Por lo tanto, no es cierto que la Contraloría General de la República no puede ejercer control de los fondos públicos en Soresco, por medio de Recope ha solicitado en reiteradas oportunidades rendición de cuentas a Soresco, que las ha dado con gran detalle y transparencia.

La Contraloría General de la República, por medio de Recope, ha solicitado en reiteradas oportunidades rendición de cuentas a Soresco. Al respecto, se pueden citar los oficios:

DFOE-AE-0344, dirigido por la CGR a Recope, contestado por Soresco mediante el oficio FD-031-2013.

DFOE-DI-1548, contestado por Soresco mediante nota del 15 de julio del 2013.

DFOE-AE-0366- GD AMR-028-2013, contestado por Soresco mediante el oficio FD-033-2013

DFOE-DI-2685, contestado por Soresco mediante el oficio FD-041-2013, del 30 de octubre del 2013.

DFOE-AE-0393, contestado por Soresco mediante nota del 7 de agosto del 2013.

DFOE-AE-0050, P-216-2013, contestado por Soresco mediante el oficio SOR-GG-LET 0009, del 20 de noviembre del 2013.

Aunado a lo anterior, es un hecho demostrable que, mes a mes, tanto las autoridades de CNPCI como las de Recope, en su condición de accionistas de Soresco, reciben los estados financieros de la compañía, y a sus juntas directivas se les hace una presentación, con aclaración de las dudas que presenten los miembros directores, por lo que no puede alegarse que dentro de Recope se desconozca la índole de las erogaciones mensuales por $250.000 de la empresa. Adicionalmente, en el artículo número 3 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de Recope, número 4803-9, celebraba el miércoles 9 de julio del año en curso, consta que dicho órgano director tuvo por recibidos los estados financieros de Soresco, con corte al 30 de junio del 2014. Esto, con posterioridad a que se realizara a los miembros de Junta Directiva la correspondiente exposición explicativa.

Por otro lado, si la Contraloría asevera que no puede fiscalizar a Recope, están ignorando el ordenamiento iuspublicístico costarricense y su Ley Orgánica que establece en su artículo 4, inciso b, que, cuando existen fondos públicos, aunque sean de empresas sometidas al régimen privado, la Contraloría debe fiscalizar, vigilar y controlar.

Por otra parte, Soresco, si ha estado paralizada por siete meses, no ha sido por su culpa ni por culpa de Recope, sino por culpa de la Contraloría General de la República, que, en el mes de junio del 2013 y abril del 2014, envió notas estableciendo que no se podía continuar con el proyecto, dejando a Soresco activo, pero en un limbo legal complicado para Recope y CNPCI, por lo cual Recope y Soresco le hicieron ver en reiteradas ocasiones que sus notas tenían serios errores técnicos, financieros y legales, y que estaba, y está, provocando serios daños económicos a Recope, Soresco y al socio chino y el país, y se le solicitó a ese ente fiscalizador que corrigiera para no provocar más daño, pero la CGR no reacciona a favor del interés público.

Hemos de manifestar que los perjuicios de esa paralización y los beneficios del proyecto ya se enviaron al diario La Nación , y esperamos que los publique. Sin embargo, se debe aclarar que, según los estados financieros de Soresco, desde junio del 2013 a junio del 2014 se ha incurrido en gastos no recuperables por $3 millones, que se incrementan en $250.000 por cada mes adicional, porque el proyecto se encuentra detenido por la CGR. De no iniciarse la construcción de la refinería a finales del 2014, esta pérdida se incrementa a $4,5 millones. Más aún, los costos de oportunidad de no ejecutar el proyecto son los $4.595 millones. Es importante que se entienda que la CGR refrendó el Acuerdo de Empresa Conjunta que regula las actividades de Soresco y, también, aprobó los presupuestos de Recope, donde están los $50 millones aportados a Soresco, por lo que no puede evadir esas responsabilidades.

Ahora bien, debemos señalar que no es que se haya denunciado a la Contraloría por ejercer sus potestades. Es que se ha extralimitado en sus labores de fiscalización y de control. Es por ese motivo que Recope, con base en los artículos 9, 11, 33, 39, 41 y, especialmente, el 49, ejerció su derecho constitucional de acceso a la justicia. Las autoridades de Recope tienen la responsabilidad y obligación moral de utilizar todos los mecanismos legales para proteger los fondos públicos, en contra de cualquier persona o ente, incluyendo a la CGR, pues, de lo contrario, cometerían una falta grave.

Es claro –y las autoridades y el asesor legal de Recope lo saben– que entidades autónomas como el ICE todo el tiempo están demandando a la Contraloría, a la Aresep, a la Sugef, etc., cuando existe una discrepancia de tipo jurídico-material entre la institución fiscalizada y la institución fiscalizadora –en este caso, la Contraloría General de la República–, y es normal que se proceda judicialmente. Si existe alguien responsable de que se haya paralizado la ejecución de la modernización de la refinería, ha sido la Contraloría General de la República, pero, como no existe una instancia superior, como tiene independencia funcional orgánica, hay que acudir a los tribunales de justicia. Nadie está por encima de los tribunales, porque no puede haber un Estado sobre otro Estado. Además, son los jueces de la República los únicos que pueden juzgar el enredo legal que produjo la CGR.

Consecuentemente, hemos pedido y solicitado una medida cautelar para que el señor juez contencioso-administrativo, Lic. Daniel Aguilar, que tiene a su cargo el caso, resuelva la medida cautelar presentada por Recope, y apoyada por Soresco, como coadyuvantes activos, y no lo ha hecho, cuando se sabe que las medidas cautelares tienen carácter de urgencia, dejando acumular pérdidas irreparables. ¿Por qué no actuar con celeridad?

Por otra parte, hemos de manifestar que no existe una “denuncia”. Lo que existe es un proceso ordinario de conocimiento y que los tribunales de justicia declaren quién tiene razón: si Recope-Soresco o la Contraloría General de la República. Este ejercicio reafirma el Estado de derecho en Costa Rica, y es normal en todos los Estados democráticos del mundo: Francia, España, Alemania, Bélgica, toda Latinoamérica, etc.

Finalmente, hemos de decir que no es cierto que el nuevo Gobierno no haya nombrado sus representantes en la Junta Directiva de Soresco, lo cual se hizo desde el pasado 20 de junio y se formalizó en la última asamblea de accionistas que se realizó el 17 de julio. Ahora, el presidente de Soresco es un costarricense, el señor Carlos Valverde, con poder legal, quien también es miembro de la Junta Directiva de Recope.

Así, pues, queda aclarada su información publicada por este diario, y le rogamos a la señora periodista que, en futuros reportajes, acuda al encargado de Relaciones Públicas de Soresco, por medio de Recope, para aclarar la verdad y para que se le informe a la opinión pública costarricense en una forma objetiva, cierta y real.