EscucharLe pregunté al presidente de uno de los gremios empresariales si él sabía cuántos tributos existen en Costa Rica y no supo responder. Igual ejercicio hice con un dirigente de trabajadores, con un alto funcionario de Hacienda, con un diputado de la Comisión de Asuntos Hacendarios y con un prestigioso director de un medio de prensa. Ninguno tenía idea. Probablemente usted tampoco lo sabe.
Hace un año, un asesor tributario me dijo que eran más de cien. Pero aunque no haya un dato exacto, el gobierno y algunos representantes populares siguen pensando alegremente en crear más impuestos en uno de los países que ya despunta como uno de los más caros del mundo y con una carga tributaria que se ubica por arriba del 20% del PIB, cuando se le suman las cargas sociales.
Las empresas pagan un 58,3% de impuestos totales sobre su porcentaje de ganancia, según el informe del Banco Mundial Doing Business del 2016. Cuesta entender lo que pasa. Me asombra el facilismo con que se pretende crear más impuestos ignorando el número apreciable de tributos que ya afectan a los costarricenses y los desperdicios de fondos públicos.
Hace un par de años traté de sumar el despilfarro de fondos públicos y la cifra que me dio fue escalofriante, más de ¢400.000 millones en diez años. La verdad es que nuestra dirigencia política está esquizofrénica.
Para tener más policías; más impuestos; para abaratar las medicinas, más impuestos; para reducir la pobreza, más impuestos. Para todo, más tributos.
Cuantificar. Antes de pensar en imponer más tributos, lo primero que se debería saber es cuántos pesan sobre la población y los sectores productivos. La irresponsabilidad es de tal grado que los gobiernos promueven paquetes fiscales sin calibrar si realmente es posible financiar un Estado disfuncional como el que tenemos, compuesto por más de 325 instituciones públicas.
No hay visión del país que queremos. Todo el mundo hace y dice lo que quiere sin ninguna rigurosidad. El discurso es el mismo. La verdad es que da pena tanta mediocridad.
El afán es solo tapar huecos. Los “paquetes fiscales” los reducen a un mero ejercicio contable de ingresos y egresos. Las propuestas de reforma estructural no existen. Las empresas gastan 226 horas al año, o sea, 18 horas al mes, en el pago de sus obligaciones.
Los tributos están compuestos por impuestos, tasas, contribuciones especiales y las parafiscales. La Sala IV ha dicho que la seguridad social es un tributo parafiscal.
Sería retador para las autoridades públicas y sectores productivos hacer el ejercicio de inventariar todos los tributos que se pagan. Así, quizás, se entienda que estamos desestimulando la producción y creando una alta inflación tributaria.
Estamos colocando a los contribuyentes en el umbral de la evasión o de la elusión que deseamos combatir. Especialmente las empresas pequeñas y medianas, tienen severas dificultades para pagar todas sus obligaciones.
Lista larga. Tenemos impuestos nacionales, de renta, de utilidades y para las ganancias de capital de fondos de inversión. Algunos sobre actividades especiales, impuestos sobre la propiedad, el solidario, sobre los vehículos y el pago de marchamo y su transferencia. Pagamos timbres de vida silvestre, educación y cultura, para el traspaso de bienes inmuebles y muebles. Los hay sobre dividendos, a personas jurídicas, sobre ventas, los selectivos de consumo, de combustibles, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas y sobre el cemento.
Existen impuestos sobre el comercio exterior, por derechos de importación sobre valor aduanero, a las exportaciones, por remesas al exterior, a cajas de banano y para la carga que se moviliza por Caldera.
También tenemos impuesto forestal, de salida al exterior, timbre fiscal, impuestos locales, el territorial, la patentes municipales, a las construcciones, a los derechos de pago en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos.
Hay tasas de diverso tipo, cobros hasta por un rótulo, en los recibos de electricidad, para el 911, para los bomberos, pago de las contribuciones sociales generales más las contribuciones de un sector en favor del Magisterio Nacional, más el financiamiento final de la entidades de control, además del costo de recolección de basura y alumbrado público, todo lo cual, literalmente, son extracciones de ingresos.
Hemos tenido siempre un gusto exacerbado por imponer impuestos aunque no se cobren. En 1936, un diputado presentó un proyecto para establecer un impuesto a los solteros para recaudar entre ¢200.000 y ¢300.000 al año.
¿Cuándo vamos a tener, entonces, un gobierno y dirigencias políticas que construyan un sistema tributario simple, de pocos impuestos, que paguemos con agilidad, fáciles de controlar, que sea socialmente justo y eficaz, con suficiencia recaudación, que incentive la producción y la inversión, asentado en la transparencia y en el uso de la tecnología, en el cual la administración sea realmente responsable de cobrar bien los impuestos?
El autor es empresario y exdiputado.
